Por las medidas anticrisis adoptadas

El gasto público supondrá más de la mitad del PIB en 2020

Las cuentas públicas sostendrán la actividad este año con los estabilizadores automáticos y con las políticas anticrisis, lo que conllevará un aumento de la deuda que reducirá el crecimiento futuro

Foto: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado. (EFE)
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Senado. (EFE)
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La crisis económica consecuencia de la pandemia del coronavirus ha obligado a los países a disparar su gasto público para contener el desplome de la actividad. Esta estrategia de traer al presente crecimiento futuro (en este caso, limitar la caída del PIB) se materializa a través del aumento de la deuda pública. En España, el pasivo de las administraciones públicas se situará al cierre del año en el entorno del 120%, esto es, casi 25 puntos por encima del nivel previo a la crisis.

El grueso de las medidas adoptadas en los últimos meses está dirigido a sostener las rentas de los hogares y empresas a través del gasto público. Según las previsiones de la AIReF, el peso del gasto público superará este año el 50% del PIB, esto es, será el sostenimiento de la mitad de la renta de España. Una situación totalmente extraordinaria que no había ocurrido nunca en el pasado, ni siquiera durante la crisis posterior a la quiebra de Lehman Brothers.

En ese momento, el máximo de gasto público que se llegó a alcanzar fue del 48%. En esta ocasión, superará claramente el 50% del PIB, según las previsiones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). La institución trabaja con dos escenarios de previsión económica diferenciados por las hipótesis sobre la evolución de la pandemia.

En el primero, se parte de la base de que no se produce un rebrote tan fuerte que obliga a adoptar nuevamente el estado de alarma. En ese caso, el gasto público escalaría al 52,2% del PIB. En el segundo, que contempla un rebrote en otoño que obliga a adoptar un confinamiento de un mes, la crisis económica se agravaría y el gasto público escalaría hasta el 54,8% del PIB. Ambos escenarios se sitúan muy por encima del gasto público de 2019, que fue equivalente al 41,9%.

Estos datos confirman que el sector público está siendo el gran soporte de la economía durante estos meses. Además de los estabilizadores automáticos (principalmente, la recaudación impositiva y el gasto en desempleo), hay que sumar todas las políticas discrecionales aprobadas a lo largo de los últimos meses para sostener la renta de los hogares y las empresas.

En números absolutos, el gasto público aumentará entre 65.000 y 77.000 millones de euros, en función de cada uno de los escenarios de crecimiento económico. La mayor parte de este gasto público serán las medidas discrecionales aprobadas por las diferentes autoridades en los últimos meses. En total, suman entre 46.000 y 54.000 millones de euros. La principal partida es la dedicada a los ERTE, que tendrán un coste de unos 24.000 millones este ejercicio, según las estimaciones de la Autoridad Fiscal, sumando el gasto en prestaciones y las exoneraciones de cotizaciones.

Esta política ha sido fundamental para frenar la caída del PIB. Según los cálculos de la AIReF, limitarán la caída de la producción en algo más de tres puntos del PIB este año. Eso sí, esta política expansiva tendrá un coste importante de medio plazo en forma de mayores impuestos para repagar deuda, lo que restará crecimiento futuro. La clave, como siempre en la gestión de lo público, será que el multiplicador del impulso fiscal sea más positivo que la minoración de actividad que provocará el ajuste futuro.

Los ingresos públicos, por el contrario, se mantendrán anclados en el 40,3% del PIB, ligeramente por encima del 39,1% de 2019. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el ‘efecto denominador’ es muy relevante en este caso, porque el PIB está sufriendo un desplome histórico. Como este es el indicador relativo para medir el peso del sector público sobre el total de la economía, su descenso puede distorsionar la percepción de la evolución de los ingresos y gastos.

Si se miran datos absolutos, en millones de euros, se aprecia a la perfección la magnitud de la caída de los ingresos. En concreto, el gasto público que proyecta la AIReF supone un descenso de entre 34.000 y 46.000 millones de euros. Este desplome de los ingresos responde, principalmente, al efecto de los estabilizadores automáticos. Esto es, como cae la actividad económica, se reducen las bases imponibles y, con ellas, los ingresos públicos.

En España, apenas se han aplicado rebajas de impuestos y las principales medidas adoptadas, que son las exoneraciones de cotizaciones a la Seguridad Social, el Gobierno las está contabilizando como una subvención y no como una rebaja fiscal. De ahí que tanto ingresos como gastos estén inflados en las cuentas públicas, aunque en términos de déficit, no tiene impacto porque los dos indicadores se neutralizan.

Las cifras de la AIReF muestran claramente cómo España está llegando ya al límite de su margen fiscal, lo que obligará a realizar un ajuste futuro para recuperar espacio presupuestario. La Autoridad Fiscal reclamó al Gobierno que vaya diseñando un pacto de Estado de consolidación de las cuentas públicas para el momento en que se supere la pandemia.

El ajuste tendrá que prolongarse durante más de una década para volver a los niveles de deuda previos a la crisis. La AIReF ha realizado un cálculo sencillo: si España cumple con el objetivo de ajuste del déficit del 0,5% anual, entonces la deuda no volverá a los niveles de 2019 hasta 2043. Casi 25 años después. Una cifra que muestra la magnitud del crecimiento futuro que se ha traído al presente en forma de mayor gasto público. De ahí que para España sea ya muy complicado aprobar nuevas medidas de estímulo y dependerá de que llegue a buen puerto el fondo europeo para la reconstrucción que empieza a negociarse este viernes.

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