El libro de los economistas sobre el covid-19: El retraso en las ayudas agrava la crisis

Cuando estalló la crisis del coronavirus, todos los gobiernos europeos coincidieron en la necesidad de diseñar un sistema extraordinario de protección de rentas de los hogares y las empresas para meter a la economía en hibernación durante la cuarentena. Los países que no habían planificado un esquema de contención, como es el caso de España, tuvieron que desarrollar el armazón legislativo de las nuevas ayudas en unos pocos días. El resultado han sido ayudas lentas, rectificaciones e incertidumbre regulatoria.

En paralelo, los economistas han desarrollado una importante literatura que ha fructificado en el primer libro sobre el impacto de la crisis del covid-19, 'La economía española en tiempos de pandemia'. Se trata de un libro coral de artículos de los principales economistas del país coordinado por Ángel de la Fuente, Toni Roldán y Juan Francisco Jimeno.

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El libro, publicado esta semana, se ha colado rápidamente en los primeros puestos de la literatura económica. "Realmente están los mejores economistas de España", presume Toni Roldán en una videollamada con los tres coordinadores, "además, los beneficios serán donados a la Cruz Roja". Los tres admiten que la crisis ha sido mucho más profunda de lo que se pensaba en un primer momento porque la lucha contra el virus ha sido larga y cruel. Pero a la crisis generada por las medidas de confinamiento, en España se ha unido una gestión muy mejorable de la política económica, coinciden los autores. Lo que los economistas llaman el coste de oportunidad.

"Los tres somos poco positivos sobre el enfoque de política económica que se ha adoptado, tanto desde los gobiernos nacionales como las instituciones europeas", explica Jimeno, editor del blog 'Nada es Gratis'. "El planteamiento inicial de las medidas estaba bien", señala de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, "el problema ha estado en la implementación, que no se ha diseñado bien, con demasiada rigidez, retrasos al aprobar y pagar las ayudas...". "El problema es que se ha buscado responder a esta crisis con políticas tradicionales, no se ha pensado en términos de emergencia", explica Roldán, director de EsadeEcPol, "yo soy más partidario de hacer una ayuda de emergencia mucho más universal para superar la crisis inicial y pedir rendición de cuentas después". De lo contrario, suceden escenas como las 'colas del hambre' que han sobrecogido a la población.

El planteamiento inicial de las medidas estaba bien, el problema ha estado en la implementación, que no se ha diseñado bien

El Gobierno optó por los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) como la medida estrella para proteger las rentas de las empresas y los hogares. Esta figura ha permitido aliviar los costes salariales de las empresas y proteger las rentas de los hogares. Sin embargo, sus innumerables problemas de tramitación han provocado que haya miles de familias todavía sin cobrar su prestación. "Era previsible que iba a haber problemas de implementación", lamenta Jimeno, "si la intención era que el ERTE fuese el principal mecanismo de ajuste, no debería ser muy complejo jurídicamente, ni realizar cambios constantes".

Muchas familias se han enfrentado a una situación dramática como consecuencia de los problemas en la tramitación de las ayudas, y también las empresas han sufrido una elevada incertidumbre jurídica. En un primer momento los ERTE de fuerza mayor solo iban a tener la extensión de 15 días del estado de alarma y las empresas beneficiarias tendrían vetados los despidos durante los seis meses posteriores. Esta medida precipitó que muchas empresas optaran por la vía tradicional de ajuste, los despidos, explica de la Fuente.

Con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha ocurrido una situación similar: la decisión de hacer un diseño fino de la política provocó un retraso de tres meses en su aprobación y todavía faltan detalles técnicos importantes. A esto hay que añadir que los pagos tardarán meses en llegar al grueso de los potenciales beneficiarios. "El Gobierno perdió la oportunidad de ser inmediato en su respuesta", lamenta Jimeno. "Lo que han hecho es justo lo que no había que hacer", señala de la Fuente, "la ayuda ha tardado tres meses en salir y finalmente han sacado el IMV sin haberlo pactado bien con las comunidades autónomas".

El IMV ha tardado tres meses en salir y finalmente lo han sacado sin haberlo pactado bien con las comunidades autónomas

Toni Roldán abunda en esta idea: "El IMV es una ayuda fantástica para reducir la pobreza severa si se diseña bien, como en el País Vasco o Navarra, pero no es una medida de emergencia". Según los cálculos de Sara de la Rica y Lucía Gorjón, dos de las autoras que mejor se conocen la Renta de Garantía de Ingresos vasca, una familia tardará entre dos y cuatro meses en empezar a cobrar el IMV desde que inicia el proceso. La complejidad en la gestión choca con la emergencia económica provocada por la mayor caída del PIB desde la Guerra Civil.

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De esta forma, la renta de las familias que se intentó proteger terminó en fracaso en muchos casos, lamentan los autores. Y esta situación no solo genera graves problemas financieros para los hogares afectados, también interrumpe la cadena de pagos de estos, lo que agrava la crisis. "Todos éramos partidarios de hacer un programa de emergencia temporal más contundente", explica Roldán. Es cierto que este tipo de programas son más costosos, ya que realizan una ayuda más indiscriminada, pero se logra el objetivo de llegar rápidamente a las familias. "Una respuesta mucho más inmediata habría sido mejor, pero también es verdad que habría sido más costosa", resume Jimeno.

La respuesta de España ha venido marcada por el escaso margen fiscal que tenían las administraciones públicas antes del estallido de la crisis. Con la deuda pública en el entorno del 100% del PIB y un déficit próximo al 3%, la capacidad para lanzar un gran estímulo fiscal era reducida. "Hay una correlación entre el margen fiscal de cada uno y los paquetes fiscales que se han implementado", apunta Jimeno, y "en España ha sido relativamente limitado".

La flexibilidad es clave

Llegados a la situación actual, con la crisis sanitaria ya controlada (a la espera de ver si se producen rebrotes), sería un error pensar que la economía se recuperará rápidamente y que se reincorporarán los trabajadores afectados por despidos o ajustes temporales, señalan los economistas. Al contrario, ahora es el momento de que el Gobierno sea sensible a la difícil situación con la que se encontrarán muchas empresas en la reapertura. Los problemas de liquidez solucionados con los créditos del ICO pueden convertirse en problemas de solvencia y en ese escenario se multiplica el riesgo de impagos.

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"Esta caída de la producción va a tener efectos de histéresis de largo plazo y muchas empresas van a depender de las políticas económicas que se adopten", explica Jimeno. En su opinión, es imprescindible que el Gobierno sea flexible para lograr un doble objetivo: acompañar a las empresas a la recuperación y, al mismo tiempo, favorecer el reajuste. El acompañamiento se tendrá que realizar con la herramienta de los ERTE, permitiendo que las empresas incorporen progresivamente a sus trabajadores a medida que aumenta la demanda. Pero esta ayuda tampoco puede eternizarse, ya que generaría desincentivos al empleo e impediría la reasignación de trabajadores desde las actividades y empresas más dañadas hacia las que se mantienen a flote.

Al inicio de la crisis tenía mucho sentido utilizar los ERTE, pero a medida que se va alargando hay que tener más de cuidado

El Gobierno tendrá que buscar el equilibrio entre ambos objetivos. "Al inicio de la crisis tenía mucho sentido utilizar los ERTE como mecanismo de ajuste, pero a medida que se va alargando hay que tener un poco más de cuidado", señala Jimeno. "Deberían establecerse incentivos para que las empresas vayan recuperando a sus trabajadores y para que estos quieran buscar un empleo". Una opción es retirar progresivamente las ayudas actuales, ya sea por la vía de la reducción de la prestación de desempleo o que consuma periodo de paro y que se reduzca la exoneración de cotizaciones a las empresas.

Las empresas también necesitarán flexibilidad para ajustar sus plantillas a la nueva realidad de cada negocio. Si hay algunas actividades que estarán durante años con un volumen de ingresos reducido, deberían permitirse los despidos para que estos trabajadores se reorienten hacia otras actividades, apuntan los autores. La flexibilidad requerida choca frontalmente con la cláusula de mantenimiento del empleo que ha fijado el Gobierno y que ha sido uno de los principales focos de tensión con la patronal. Una empresa que se ha acogido a un ERTE de fuerza mayor no puede prescindir de ningún trabajador durante 6 meses o, de lo contrario, tendrá que devolver todas las ayudas recibidas.

Esta cláusula obliga a las empresas a mantener un volumen de empleo como el que tenían antes de la crisis pero con un negocio muy lastrado. "Algunos trabajadores indefinidos van a perder su empleo a pesar de la cláusula porque las empresas van a necesitar ajustar sus plantillas", señala Jimeno, "la cláusula es una mala idea porque introduce un coste adicional a ese reajuste que será necesario".

Con los ERTE, una buena parte del Parlamento se ha dado cuenta de que la flexibilidad no es mala, sino que permite reducir el desempleo

"Con los ERTE, una buena parte del Parlamento se ha dado cuenta de que la flexibilidad no es mala, sino que es buena y permite reducir la incidencia del desempleo", señala Roldán. El economista expone que los países del norte de Europa han logrado resultados envidiables en la reducción del desempleo combinando políticas de flexibilidad para las empresas con una mejora de la protección para los desempleados. El objetivo último es crear más empleo y mejorar la protección pública para quienes se quedan sin trabajo. Una propuesta que va, justo, en la dirección opuesta de derogar las dos últimas reformas laborales, de Zapatero y Rajoy.

"Las tasas de paro tan elevadas que tenemos son, en buena parte, consecuencia de la rigidez", señala de la Fuente, por lo que "derogar las dos últimas reformas laborales sería un disparate". El director de Fedea reconoce que existen algunos aspectos que se pueden revertir, como es el caso del poder unilateral de las empresas para modificar las condiciones del empleo, pero las medidas que favorecen la flexibilidad no se pueden tocar a riesgo de elevar el paro estructural. "Deberíamos pensar más bien en avanzar en la dirección de la mayor flexibilidad y cómo combatir la dualidad", remarca de la Fuente.

El consenso para la reconstrucción

Los autores reclaman a las fuerzas políticas una "tregua" en la polarización para alcanzar grandes acuerdos sobre las medidas para asentar la recuperación económica. "Coincido con el diagnóstico de Felipe González y Luis Garicano", señala Roldán, "hagamos una tregua de seis meses para llegar a un acuerdo lo más transversal posible". "Si la salida de la crisis se hace sin acuerdo vamos a tener un agravamiento de la tensión política y social", advierte de la Fuente, lo que será perjudicial para la economía.

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España tiene tres palancas que tocar para fomentar una recuperación sólida: reformas estructurales, aumento de la recaudación y revisión del gasto público. Todas ellas son necesarias para lograr un crecimiento equilibrado. En el apartado del gasto, será importante vigilar el coste de las pensiones, que es la partida con mayores presiones al alza.

En cuanto a los ingresos públicos, de la Fuente advierte que a corto plazo será necesario una subida transitoria de impuestos para financiar el coste de la crisis. "Un impuesto covid" que ayude a rebajar la enorme deuda pública resultante. A medio plazo, por el contrario, es necesario "repensar la estructura del sistema fiscal, que no es muy buena". En concreto, los autores piden una revisión de las bases imponibles, porque los tipos nominales ya son elevados.

Existe mucho margen de mejora en los grandes tributos, de modo que se puede incrementar la recaudación de forma significativa. En el caso del IVA, revisando los bienes y servicios en los tipos reducidos; en el IRPF, luchando contra la economía sumergida y eliminando beneficios fiscales y en el impuesto sobre sociedades, atacando los agujeros que dejan las deducciones y bonificaciones.