Los empresarios apuntan a Iglesias y temen un tripartito con Bildu en el País Vasco

La derogación íntegra de la reforma laboral ha acelerado un proceso que se veía venir, las discrepancias en el seno del Ejecutivo entre un sector representado por el vicepresidente Iglesias y, por otro, el de la vicepresidenta Calviño. Pero ahora, tras la polémica, lo que emerge es una especie de ‘pinza’ entre sindicatos y empresarios para salvaguardar lo que más les interesa, que no es otra cosa que el diálogo social. Es decir, ser agentes activos en la legislación laboral.

El propio miércoles por la noche fueron, precisamente, los secretarios generales de UGT, Pepe Álvarez, y de CCOO, Unai Sordo, quienes se pusieron en contacto con el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, para expresarle su desconcierto.

En esto, CEOE, CCOO y UGT están unidos, pero también, y esto es un asunto políticamente muy relevante, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha emergido como una de las figuras del Gobierno más relevantes por la gestión de los ERTE y ahora teme que el pacto parlamentario entre PSOE, Bildu y Unidas Podemos reviente toda su estrategia de concertación en unos momentos especialmente delicados para el mercado laboral. Básicamente, porque ella es quien debe gestionar el futuro laboral de más de tres millones de trabajadores que todavía están en suspensión de empleo.

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Este nuevo escenario político es el que intenta aprovechar la CEOE para apuntar directamente a Iglesias como el responsable de lo que ha sucedido en las últimas 48 horas. De hecho, se considera insuficiente que la vicepresidenta tercera diga que no se va a modificar ahora el Estatuto de los Trabajadores y, por el contrario, el vicepresidente segundo diga que es lo pactado entre el PSOE y Unidas Podemos. Es por eso por lo que los empresarios piden al presidente Sánchez que ponga orden en su Gobierno.

Lo que se sospecha es que detrás del rifirrafe de la reforma laboral haya una jugada política de mayor calado que tiene que ver con la configuración de una nueva correlación de fuerzas en el País Vasco, que debe celebrar elecciones el próximo 12 de julio.

O expresado de otra forma, se trataría de construir una nueva mayoría parlamentaria en el Parlamento de Vitoria en torno al PSE-EE, Unidas Podemos y Bildu, lo que supondría la salida del PNV del Gobierno. Y el hecho de que sea Bildu quien vaya a capitalizar el acuerdo para derogar la reforma laboral, aunque no vaya a salir adelante, sería una señal inequívoca en esa dirección.

Lo que se sospecha es que detrás del rifirrafe de la reforma laboral haya una jugada política de mayor calado para promocionar a Bildu

Los portavoces de Podemos, de hecho, vienen hablando abiertamente desde hace mucho tiempo de crear una alternativa de izquierda al Partido Nacionalista Vasco, lo que explica lo mal que ha sentado en el grupo parlamentario de Madrid la iniciativa de Lastra y Echenique, plegándose a un asunto que necesariamente iba a traer cola. Dicho de otra forma, se trata de promocionar a Bildu para que le reste votos al PNV. Tanta cola ha traído que, como reconoce un alto dirigente de la patronal, “ayer [por el miércoles], cuando nos enteramos, pensábamos que era un bulo”.

Paradójicamente, el principal beneficiario de este enorme vendaval político que ha producido el pacto parlamentario entre el PSOE, UP y Bildu es el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, que en la última reunión de la dirección de la patronal fue cuestionado por el acuerdo sobre los ERTE firmado con sindicatos y Gobierno.

Las críticas procedieron, fundamentalmente, del presidente de los empresarios catalanes, Josep Sánchez Llibre, además de los representantes de Exceltur, la asociación que reúne las principales empresas del sector turístico, y de Faconauto, la patronal de los concesionarios de automóviles.

Aunque Garamendi, que lleva apenas un año y medio en el cargo, mantiene un sólido respaldo, el episodio de la derogación íntegra de la reforma laboral, como dice alguien de dentro de la patronal, supone que “todos estamos a una”. Es decir, Garamendi, que ya ha pactado algunos importantes acuerdos con el Gobierno, por ejemplo, el último incremento del salario mínimo interprofesional, negociará a partir de ahora desde una posición de fuerza, ya que es impensable, por el momento, un acuerdo bilateral entre sindicatos y Gobierno.

La disculpa de Calviño

La CEOE suspendió el jueves todas las reuniones agendadas con el Gobierno y los sindicatos por la “traición” del PSOE al diálogo social. La patronal espera ahora que el Ejecutivo mueva ficha para pedir disculpas por el acuerdo y retome las conversaciones donde estaban antes de que saltara el anuncio. En este momento, el entendimiento entre las tres partes del diálogo social no es una opción sino una obligación, ya que es necesario diseñar cómo será la retirada de los ERTE y determinar qué sectores se benefician de una prórroga.

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La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, lanzó la primera disculpa pública el jueves durante su intervención en las jornadas anuales del Cercle d’Economía. Calviño tachó el debate de la reforma laboral de “absurdo y contraproducente” y recordó a sus colegas políticos que “los contribuyentes nos pagan para solucionar los problemas, no para crearlos”.

Calviño reiteró que el Gobierno no tiene intención de derogar la reforma laboral y que cualquier cambio normativo tendrá como objetivo prioritario fomentar la creación de empleo. Además, remarcó que no se adoptará ninguna medida que no cuente con el visto bueno de la patronal y los sindicatos. Un llamamiento a la concordia con el que la vicepresidenta intenta reconducir las relaciones rotas entre empresas y Gobierno.

Los sindicatos han asistido al choque entre la CEOE y el Gobierno desde la barrera, pero no les ha dejado indiferentes. En general, la sensación de los sindicatos es que el PSOE cometió un grave error al firmar el acuerdo con Bildu de espaldas a los agentes sociales. En primer lugar, porque la reforma laboral no es moneda de cambio de una prórroga del estado de alarma, ya que es mucho más relevante. Y en segundo, porque el Gobierno ya contaba con la mayoría suficiente para sacar adelante la medida sin el concurso de Bildu.

El temor ahora para los sindicatos es que se vea comprometido el resto del diálogo social, explica una fuente de CCOO. Por ejemplo, en la tarde del jueves había una reunión tripartita importante con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para avanzar en el diseño del ingreso mínimo vital. CEOE suspendió esa reunión, igual que el resto de encuentros previstos, y ahora nadie sabe cuándo se podrá retomar este asunto que para los sindicatos es prioritario.

A partir del viernes, el mensaje que lanzarán los sindicatos es el de pedir a todas las partes que se comprometan a defender el diálogo social. No permitirán que las negociaciones políticas del Gobierno marquen la agenda de negociaciones y tampoco asumirán que la CEOE no vuelva a las mesas de negociación. De esta forma, los sindicatos se convertirán, paradójicamente, en el nexo entre el Gobierno y los empresarios. Y las dos partes están obligadas a entenderse, ya que apenas queda un mes para negociar cuál será el futuro de los ERTE y ninguna de las partes quiere quedarse fuera. La necesidad será virtud en esta crisis y volverá el diálogo social.