Alrededor de 7.000 millones de euros al año

El Gobierno ultima un real decreto ley para desbloquear las primas a las renovables

El Ejecutivo trató de sacar adelante la norma en el Consejo de Ministros previo a la campaña electoral, pero los diferentes partidos prefirieron posponer su apoyo a después de los comicios del 10-N

Foto: El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera. (EFE)
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y la ministra para la Transición Ecológica en funciones, Teresa Ribera. (EFE)
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El actual Gobierno en funciones del PSOE tienen ya listo un real decreto ley para fijar la tasa de retribución en el periodo 2020-2025 a las instalaciones de energía renovable, cogeneración y residuos. Con ello garantiza el pago vía costes regulados en la factura de la luz de alrededor de 7.000 millones de euros al año en primas estatales.

Según apuntan fuentes al tanto de las negociaciones, el Ejecutivo de Pedro Sánchez trató de llevar al Consejo de Ministros previo a la campaña electoral esta normativa para su aprobación. Sin embargo, el Ministerio para la Transición Ecológica, competente en la materia, quiere sacar adelante la retribución a las renovables acogidas al régimen específico de primas con un amplio respaldo de los distintos grupos parlamentarios.

Para ello, el departamento dirigido por Teresa Ribera presentó la propuesta, pero los partidos de la oposición rechazaron su aprobación antes de las elecciones por considerar la medida un movimiento electoralista, por lo que se pospuso la negociación para después de los comicios celebrados el 10 de noviembre. La idea de Ribera es aprobar la nueva normativa en el próximo Consejo de Ministros que se celebrará este viernes, aseguran fuentes próximas a la ministra en funciones, aunque aún no hay confirmación oficial. El Ministerio para la Transición Ecológica ha declinado hacer comentarios.

El Gobierno lleva meses intentando desatascar esta situación por ahora sin éxito. El nuevo real decreto ley está en línea con la propuesta que realizó a finales de 2018 en un anteproyecto de ley, que saltó por los aires con la convocatoria de elecciones a principios de 2019. Posteriormente, cuando se acercaban las elecciones del 28 de abril, de nuevo hubo acercamientos para aprobar la tasa de retribución a las renovables por real decreto, pero PP y Ciudadanos se opusieron de nuevo por la oportunidad electoralista que suponía.

Desde entonces, la normativa había quedado en el limbo, pese a que las patronales que representan a las distintas tecnologías de generación verde como AEE, Unef, Anpier, APPA o Protermosolar, han pedido de manera recurrente que se desatascara esta situación.

Expertos juristas en la materia consultados aseguran que si no se aprueba una regulación, la actual normativa se presta a diferentes interpretaciones sobre cuál será la tasa de retribución financiera en los próximos seis años. Hay quien defiende que si no se hace nada se prorroga la actual rentabilidad razonable de las plantas situada en el 7,389%. No obstante, las fuentes consultadas aseguran que hay margen discrecional y también se puede entender que la nueva rentabilidad razonable es la media del bono soberano del estado a 10 años entre junio de 2017 y mayo de 2019 más un diferencial de 300 puntos. Esto situaría la tasa por debajo del 4,5%, lo que en la práctica supondría meter un recorte del 40%.

Fuentes al tanto de las negociaciones aseguran que en la Abogacía del Estado hay quien cree que la fuerte caída de la retribución es lo más escrupuloso desde el punto de vista legal, de ahí en parte se explica la urgencia por sacar una normativa, que incluso podría formalizarse después de iniciado el 2020 si llega antes de la primera liquidación de las ayudas sin que ello tenga consecuencias por la retroactividad.

Tanto el Gobierno como los grupos de la oposición, como las propias asociaciones de renovables quieren evitar este escenario de incertidumbre. La única posibilidad de acabar con las dudas es mediante un real decreto ley, ya que el bloqueo político actual hace materialmente imposible por tiempos sacar adelante una ley con tramitación parlamentaria. El escenario político más optimista lleva a que las Cortes no estarán formadas hasta el mes de diciembre. Mucho más incierta sigue siendo la formación de Gobierno.

La normativa, que varios partidos aún están pendientes de ver, está en línea con el anteproyecto de ley fallido de finales de 2018. Este contemplaba una rentabilidad razonable del 7,05%, sobre la base de la metodología WACC ('weight average cost of capital', por sus siglas en inglés) que propuso la CNMC. Además, en aquellas plantas que sufrieron el recorte de 2013 -la mayoría de las afectadas- el Gobierno quiere mantener la rentabilidad del 7,389% actual hasta 2031 con la condición de que si presentan una reclamación por un arbitraje internacional se les descuenta la diferencia entre el 7,05% y el 7,39%.

El nuevo real decreto ley que pretende aprobar el Gobierno está en línea con la propuesta que realizó a finales de 2018 en un anteproyecto de ley

Con esto, el Gobierno trata de enfriar los litigios contra el Reino de España por esta razón. El Estado es junto a Argentina y Venezuela el país que acumula más arbitrajes en contra. Una mala reputación que es especialmente nociva en el actual contexto de transición energética que según el propio Ejecutivo necesita movilizar hasta 2030 cerca de 250.000 millones de euros.

Pero los juristas expertos muestran sus reservas. Creen que aprobar esta normativa vía real decreto ley puede tener justificada la especial urgencia para aprobar la tasa de retribución del próximo período regulatorio. Un argumento puede ser que necesitan conocer esta tasa para aprobar la Orden de peajes que formaliza a finales de año. No obstante, no tienen tan claro que se pueda sostener que es urgente y por ello se recurre a la aprobación de urgencia una retribución para los próximos 12 años.

Por otro lado, ahora los actores con los que tendrá que negociar el Ministerio para la Transición Ecológica varían dados los últimos resultados. Se mantiene como diputado Guillermo Mariscal por el PP, quien ya se había mostrado favorable en el pasado a desatascar esta situación. Sin embargo, hasta ahora el Ejecutivo había negociado con Melisa Rodríguez, portavoz de Ciudadanos en la comisión de Energía en el pasado y eso va a cambiar.

Rodríguez no ha obtenido escaño y la representación de su grupo se ha hundido. Ahora cobra especial relevancia la postura de Patricia Rueda, diputada por Vox y 'a priori' la encargada en la materia energética para la tercera fuerza más votada en España. En este contexto, destaca la postura de Juan López Uralde (Podemos) o Joan Capdevila (ERC), más cercanos a los postulados del PSOE en lo que a energías renovables se refiere.

El sector espera desde hace mucho tiempo clarificar esta cuestión, sobre todo aquellos que están sufriendo más las penalidades del recorte regulatorio, principalmente pequeños inversores de fotovoltaica. También los grandes fondos internacionales que han apostado por estas renovables. Tanto para las refinanciaciones como para potenciales operaciones, todos los ojos están puestos en que finalmente se concrete el marco normativo.

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