Acusan a una red internacional de desfalcar 110 millones a España con el fraude del CO2

Cuando la actriz Ashley Judd, enfundada en un elegante sari de color púrpura, y Bono, el cantante de U2, posaban sonrientes en la gala benéfica por la lucha contra el sida Caras de la India, probablemente no sospechaban que detrás de uno de los patrocinadores, Tinselvision, estaba un turbio personaje al que se relaciona con un fraude fiscal que ha costado millones a las arcas públicas en varios países europeos. Una de las ramas de ese presunto saqueo llega hasta España, donde la Fiscalía Anticorrupción cree que se pudieron desfalcar más de 110 millones de euros.

Tinselvision es —era, puesto que cerró su servicio de vídeo bajo demanda un año después de ponerlo en marcha— solo una de las aventuras del empresario Muhammad Rafique, cuyo emporio Innovative Energy Group, con sede en Dubái, ingresa alrededor de 3.000 millones de dólares anuales, según Bloomberg. Otra de las patas de su conglomerado de empresas, que copa sectores tan diversos como la tecnología, el entretenimiento o las energías alternativas, era, hasta 2015, Innovative Energy GmbH, radicada en Alemania. Dirigida por Muhammad Yaqub, su actividad declarada era el comercio con derechos de emisiones de CO2 y futuros de productos energéticos. A Yaqub se le acusa en España de encabezar el llamado 'grupo paquistaní' de la red de fraude en torno al IVA investigada por Anticorrupción. Sin embargo, su nombre no solo aparece en el informe de la Fiscalía, dentro de la causa por la llamada operación Blue Sky, que aún está a la espera de juicio desde que comenzaran las investigaciones de la Agencia Tributaria hace una década.

Yaqub y su jefe Rafique son mencionados en la maraña de empresas e individuos sobre los que la Fiscalía de Fráncfort puso el foco hace 9 años

Tanto Yaqub como su jefe Rafique son mencionados también dentro de la maraña de empresas e individuos sobre los que la Fiscalía de Fráncfort puso el foco hace nueve años por exactamente la misma operativa que sus colegas españoles: usar un entramado societario para 'despistar' millones de euros de IVA, mediante los llamados fraudes carrusel. De hecho, varias de las compañías utilizadas por Rafique y Yaqub para supuestamente atracar las arcas públicas alemanas aparecen también como instrumentos defraudatorios en el informe de la Fiscalía Anticorrupción y son investigadas en distintos países europeos.

Pero el papel de Yaqub no se queda aquí. Además de con el 'paquistaní', al socio del empresario Rafique se le vincula con otro de los ocho grupos diferentes que identifica el fiscal Antonio Romeral en su escrito. Liderado por Mark Robert Ramsden y Dennis George Barron, el 'grupo inglés' está acusado de haber defraudado a la Hacienda pública española casi 20 millones de euros en el año 2009, y Yaqub, dice la Fiscalía, era uno de sus socios. De acuerdo con la información remitida por la Agencia Tributaria a sus colegas germanos, Ramsden y Barron, ambos de nacionalidad británica, son administradores de Energías Ecológicas Renovables, radicada en Madrid, aunque en el Registro Mercantil solo el primero figura como tal.

Energías Ecológicas Renovables adquirió derechos de emisión de CO2 por un importe de al menos 3,8 millones de euros

Documentos que obran en el sumario de la causa abierta en Fráncfort, a los que El Confidencial ha tenido acceso junto con 35 medios de 30 países como la ZDF, en una investigación conjunta liderada por la organización periodística alemana Correctiv, muestran que Energías Ecológicas Renovables adquirió derechos de emisión de CO2 por un importe de al menos 3,8 millones de euros solo en el mes de septiembre de 2009. Las cuatro operaciones de compra sumaban un total de 529.672 euros de IVA, que por aquel entonces era del 16% en su tipo más alto. Energías Ecológicas Renovables compró esos derechos de emisión a la compañía Nova Ciutat Estructuras, también investigada por la Fiscalía Anticorrupción española y por la Justicia alemana.

La Agencia Tributaria informó en febrero de 2010 a las autoridades germanas de que Nova Ciutat Estructuras había sido dada de baja varios meses antes del Registro de Operadores Intracomunitarios (ROI), en el que deben inscribirse todas las sociedades que quieran operar con empresas de otros países de la UE, porque no cumplía los requisitos necesarios para aparecer en él. De acuerdo con el inspector que analizó el caso, cuando acudió al domicilio fiscal de Nova Ciutat en Alicante en septiembre de 2009, allí no había ni rastro de la compañía, a pesar de que, por esas mismas fechas, la sociedad estaba vendiendo millones de euros en certificados de CO2 a Energías Ecológicas Renovables. Al no encontrar a Nova Ciutat donde se suponía que debía estar, el inspector propone darla de baja del ROI, en el que la empresa se había inscrito apenas cuatro meses antes. Según la propia Agencia Tributaria, Nova Ciutat Estructuras era “muy activa” en el mercado de derechos de CO2: solo entre agosto y octubre de 2009, vendió más de 30 millones de euros en este tipo de certificados. El administrador de la compañía alicantina, dedicada en teoría a los servicios de traducción, es un ciudadano británico, al que la Fiscalía no ha acusado de momento porque no le ha podido localizar.

Entre agosto y octubre de 2009, Nova Ciutat vendió más de 30 millones de euros en certificados de CO2

Tras adquirir los derechos de emisión de CO2 a Nova Ciutat, Energías Ecológicas Renovables —es decir, el 'grupo inglés'— los vendía a CM Capital Markets, un bróker español que tiene a uno de sus exempleados encausado en la Audiencia Nacional, por haber colaborado presuntamente en el desvío de 28,3 millones de euros de IVA en nuestro país, aunque no hay ningún proceso contra él en Alemania. CM Capital Markets era, además, el principal cliente de al menos otra empresa española investigada por Anticorrupción y por la Fiscalía de Fráncfort como sospechosa de haber participado en este fraude carrusel: MW Concepte La Jonquera. Como en el caso de Nova Ciutat Estructuras, la inspección intentó en vano localizar a la sociedad en su domicilio fiscal de Girona. “Ninguno de los negocios cercanos sabía nada ni había oído nunca hablar de ella o de sus administradores”, dice la Agencia Tributaria a sus colegas alemanes cuando estos piden información sobre MW Concepte La Jonquera. “No hay ninguna pista sobre otros domicilios de la compañía”, continúa el informe de Hacienda. “Ha desaparecido completamente”.

En tan solo dos meses, la empresa facturó alrededor de 30 millones de euros por la venta de derechos de emisión, fundamentalmente a CM Capital Markets, y envió un importe similar al extranjero desde dos cuentas corrientes españolas. Tampoco en este caso los responsables de MW Concepte La Jonquera, ciudadanos franceses, han sido imputados en España, porque están en paradero desconocido. Una portavoz de CM Capital Markets, cuyos ejecutivos no han sido acusados en España ni en Alemania, asegura que, después de haber llevado a cabo una investigación interna, la compañía está convencida de que “no existe hecho reprochable alguno en la conducta de su antiguo empleado, ni aparece a nuestro juicio que haya intervenido con conocimiento de que los clientes con los que contrataba estuvieran cometiendo o pudiendo cometer ningún fraude”.

El uso de ciudadanos extranjeros o incluso de indigentes como titulares de este tipo de empresas adquiridas o creadas exprofeso para formar parte de redes defraudatorias es habitual, explica José María Pélaez, de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. “De ese modo, cuando la Agencia Tributaria detecta un fraude, se encuentra con una persona insolvente o residente en otro país, a la que resulta casi imposible localizar”, relata.

Cuando la Agencia Tributaria detecta un fraude, se encuentra con una persona insolvente o residente en otro país

Eso fue lo que debió pensar Christopher Burton, ciudadano británico residente en Panamá, acusado por Anticorrupción de haber defraudado presuntamente 4,6 millones de euros dentro de esta misma trama de CO2, a través de la compañía Saman Soluciones, con sede en Marbella y dedicada a la promoción inmobiliaria. Burton, tal y como explica el juez Ismael Moreno en el auto por el que solicita su extradición a España, “actuó como intermediario en el comercio de derechos de CO2 y realizó formal, que no realmente, compras de derechos” entre los meses de junio y agosto de 2009 por un importe total de más de 23 millones de euros. La empresa se había constituido apenas cuatro meses antes, en febrero de 2009, y ese es otro de los rasgos que los expertos atribuyen a las sociedades instrumentales utilizadas en este tipo de fraudes: son de reciente creación, sin experiencia en el mercado, pero con grandes volúmenes de negocio ya desde el inicio de su actividad.

Estas mismas características las compartía Saman Soluciones con las demás empresas con las que operaba, las llamadas 'truchas' en el argot fiscal español y 'missing traders' en la jerga internacional: ilocalizables, con administradores en paradero desconocido y sin actividad comercial real. Su función en este tipo de entramados es quedarse con el IVA que debería haberse ingresado en Hacienda: una empresa francesa —o de cualquier otro país miembro de la Unión Europea— compra un bien o servicio, en este caso derechos de emisión de CO2, a una compañía española, en una operación sin IVA por tratarse de una compraventa entre dos sociedades radicadas dentro de la UE. La sociedad española que ha adquirido el producto lo vende a su vez a otra empresa radicada en nuestro país. Esa operación sí tiene IVA y la compañía vendedora debe ingresarlo a Hacienda, pero nunca lo hace y desaparece antes de que la Agencia Tributaria se lo reclame. Previamente, ha transferido el dinero al extranjero para dificultar su recuperación. El esquema puede complicarse con varias sociedades intermedias para enredar aún más la madeja, aprovechando incluso los resquicios que permiten los diferentes regímenes fiscales dentro de España.

Dos de los socios comerciales de Burton y Saman Soluciones eran Nova Ciutat Estructuras, a la que compró derechos de emisión de CO2 por importe de cuatro millones de euros, y Meridiano Zero Cellular, cuyo administrador, Julio Arniella Granda, formaba junto con Burton lo que la Fiscalía llama 'grupo inglés 2'. Arniella y su compañía también han estado en el foco de los investigadores alemanes. Meridiano Zero Cellular tiene su domicilio fiscal en Avilés. Aunque actualmente figura en otra dirección, cuando tuvieron lugar los hechos de los que el fiscal Antonio Romeral acusa a Arniella, la sociedad estaba radicada en la avenida de Portugal de la localidad asturiana. Sin embargo, en el supuesto local donde la compañía desarrollaba su actividad solo existe un garaje, que forma parte de un modesto edificio de dos plantas. Como en el caso de otras de las empresas relacionadas con esta trama, nadie allí ha oído hablar de Meridiano Zero Cellular.

Los hechos que relata el informe de la Fiscalía Anticorrupción ocurrieron en el año 2009. Entonces, Hacienda detectó el fraude en torno a los derechos de emisión de CO2 y modificó la ley en octubre de ese mismo año para intentar atajar el problema. Según la Agencia Tributaria, el cambio legislativo permitió que ese tipo de engaño quedara extinguido en cuestión de semanas. Algunos expertos calculan que, una vez introducido el cambio legal, el mercado de derechos de emisión descendió un 90% en España.

Antes, si un país detectaba un fraude que pudiera afectar a otro Estado de la UE, eran contadas las ocasiones en que se compartía la información

Las estimaciones de Europol calculan que los fraudes carrusel en torno al IVA le cuestan todos los años a la UE 60.000 millones de euros. La operación Blue Sky, en la que se detuvo a 12 personas que a día de hoy están en libertad (entre ellas, Yaqub, Ramsden y Barron), causó un daño a las arcas públicas españolas de 110 millones de euros, de acuerdo con el informe de la Fiscalía. En el año 2006, otra gran operación, llamada Medina, desarticuló un entramado que había defraudado más de 400 millones. Detrás de todas estas estructuras está el llamado régimen transitorio del IVA intracomunitario, en vigor desde 1993 y que permite que las operaciones de compraventa entre países de la UE no estén gravadas con ese impuesto. “Ese es el verdadero cáncer”, dice Peláez, que apunta también a las dificultades con que las administraciones se encuentran a la hora de compartir información. “Se trata de gente bien asesorada, que conoce cómo funciona la Administración tributaria”, explica. “Saben que pedir información a otro país de la UE no es una cosa automática, sino que tarda cinco o seis meses, porque las administraciones de Europa no están conectadas”. José María Mollinedo, del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, es más optimista: “Desde el año 2009, se ha avanzado bastante. Antes, si un país detectaba un fraude que pudiera estar afectando a otro Estado de la UE, eran contadas las ocasiones en que se compartía esa información. Ahora, esos mecanismos son mucho más fluidos”.