La trama del IVA acusada de defraudar millones usaba a indigentes para ocultarse

Cuando la Policía fue a buscar a Vicente P. V., le encontró en un 'camping' a las afueras de Madrid que sin duda había conocido mejores tiempos. Aunque el hombre era formalmente titular de cinco cuentas bancarias y controlaba otras nueve en una decena de entidades diferentes, los agentes que le detuvieron describen la caravana en la que malvivía junto a su compañera sentimental como deteriorada por el uso, sucia y desordenada. De él mismo y de su pareja, los agentes dicen que presentan un aspecto descuidado.

Vicente V. P. aparece en el sumario que la Fiscalía de Fráncfort abrió hace casi una década por un fraude millonario en torno al IVA mediante la compraventa de derechos de emisión de CO₂, y al que El Confidencial ha tenido acceso junto con 35 medios de 30 países como la ZDF, en una investigación conjunta liderada por la organización periodística alemana Correctiv. Algunos de los particulares y empresas a los que este español teóricamente compraba o vendía derechos de emisiones de carbono aparecen también en la causa que la Audiencia Nacional tiene abierta por el mismo tipo de fraude. Sin embargo, él no está acusado en nuestro país.

A pesar de vivir en condiciones precarias, el hombre es o ha sido el administrador de cuatro empresas

En su informe a los investigadores alemanes, fechado en febrero de 2010, la Agencia Tributaria le describe como “un conocido testaferro” que “trabaja para la mayor organización de fraude en el sector de los componentes electrónicos en España”. A pesar de vivir en condiciones precarias, el hombre es o ha sido el administrador de al menos cuatro empresas, dos en España y dos en Rumanía, todas ellas consideradas por Hacienda como implicadas “de una u otra manera en el fraude del IVA”.

La Policía le detuvo en 2011 a petición de las autoridades alemanas, que le colocan como una de las piezas de un enorme entramado defraudatorio cuyas ramificaciones llegan hasta Dubái. Allí es donde los investigadores germanos ubican a los cerebros de la organización. En su declaración ante el juez en Madrid, este individuo explica que buscaba trabajo cuando le ofrecieron dirigir esas empresas. Su trabajo, explica en el interrogatorio, consistía en abrir cuentas en distintas entidades bancarias. A pesar de que figuraba como administrador, asegura no saber mucho sobre la actividad de las compañías: “Al parecer, y por lo poco que yo he visto, se vendían productos como CD, cartuchos de tinta, muchos cartuchos de tinta”. Todo lo que se le pedía era que firmase papeles: “Tenía que abrir una cuenta (…) para conseguir el PIN y poder operar por internet. Me pagaron un dinero y no me debía preocupar por nada más”. Nunca se le ocurrió que se tratase de nada ilegal, a pesar de que era su nombre el que aparecía en los papeles, y no los del resto de implicados. La descripción que hace de sí mismo le retrata como un personaje patético: “[Era un] buen trabajo. (…) Quería (…) integrarme allí, tener un trabajo regular, porque toda mi vida me ha ido mal por una razón o por otra. Nunca en mi vida había tenido un trabajo duradero. Siempre he tenido dificultades”.

El “conocido testaferro” explica que, aunque le dijeron que le pagarían, no recibió el dinero

El “conocido testaferro” explica que, aunque le dijeron que le pagarían, no recibió el dinero prometido y admite que, en una ocasión, cuando estaba sin blanca, sacó 500 o 700 euros de una de las cuentas. “Ahora tengo la impresión de que todos los problemas vinieron de ahí, porque me engañaron”, cuenta ante el juez. “Tuve que pagar deudas en las que ellos habían incurrido, pagar a Hacienda, al registro y cosas así. Esto no me hizo sospechar. Y solo después me di cuenta de que me habían timado”, describe.

Su caso no es único: en el sumario alemán, se describen los casos de otros individuos sin oficio ni beneficio, a los que no se les conoce un domicilio fijo y que aceptan aparecer como administradores de empresas a cambio de modestas cantidades de dinero. La táctica es habitual en este tipo de fraudes fiscales. “[Estas tramas] saben cómo actúa la Administración: si no podemos cobrar de la empresa, vamos contra el administrador, así que ponen [al frente de las sociedades] a alguien insolvente o ilocalizable, extranjero”, explica José María Peláez, de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. De este modo, se impide la recuperación del dinero. “Son gente bien asesorada”, asegura Peláez.