Un foco de fraude en la abogacía

El drama de los abogados: “Hay más falsos autónomos en los bufetes que en Deliveroo”

Es uno de los sectores con mayor fraude a la Seguridad Social; los tribunales empiezan a dar la razón a los afectados, pero durante todo el trámite se sienten desamparados por la Administración

Foto: Un abogado, firmando documentos. (iStock)
Un abogado, firmando documentos. (iStock)

La irrupción de grandes empresas digitales contratando falsos autónomos ha popularizado esta figura. Sin embargo, ni es nueva ni es exclusiva de estas compañías. Uno de los sectores más lastrados por este fraude es el de los abogados. Aquellos que trabajan cada día con la ley son los primeros en saltársela para ahorrarse las cuotas a la Seguridad Social a cambio de precarizar a los jóvenes. Se trata de una práctica muy extendida durante años y especialmente frecuente en los despachos de abogados medianos y pequeños, hasta el punto de que muchos abogados jóvenes no son conscientes de que están en una situación fraudulenta.

En los últimos años han proliferado las sentencias judiciales que dan la razón a los jóvenes abogados y a la Seguridad Social y reconocen que existe relación laboral. En la mayoría de los casos, estos abogados trabajan en las oficinas del bufete, con las herramientas que dispone su empleador (ordenador, mobiliario, etc.), con un horario fijado por la empresa y con los clientes de la empresa. Por si fuera poco, la mayoría tienen además días libres y vacaciones pagados y también bajas por enfermedad. Pero, a pesar de todo, los despachos no les hacen contrato, sino que tienen que darse de alta como autónomos.

En otras palabras, la infracción laboral de los despachos es mucho más evidente que la que se da en otros sectores, ya que vulneran íntegramente la legislación laboral. De ahí que las sentencias a las que ha tenido acceso este periódico sean muy contundentes contra los despachos. “Quienes son los encargados de ayudar a esclarecer lo que es legal son los que están vulnerando la legalidad de la contratación y, en muchos casos, con la connivencia de los colegios de abogados”, denuncia Eduardo Abad, secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos).

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Una encuesta elaborada por CEAJ (Confederación Española de la Abogacía Joven) pone de relieve hasta qué punto la figura del falso autónomo está extendida en los bufetes de abogados. El 65% reconoció trabajar como autónomo, y, de estos, la mitad lo hacen en despachos colectivos, esto es, trabajan en bufetes pero son autónomos. Pero el problema no acaba ahí, ya que del 35% que trabaja por cuenta ajena, la mitad reconocen que tienen una relación mercantil con su empresa, esto es, realmente son falsos autónomos aunque tengan todas las características de un asalariado. En conjunto, los datos de la encuesta, llevada a cabo a nivel nacional, muestran que el fraude se extiende a casi la mitad de los jóvenes abogados.

Los encargados de ayudar a esclarecer lo que es legal son quienes lo vulneran, en muchos casos, con la connivencia de los colegios

“Es un grave problema que afecta a la abogacía, no solo al colectivo de jóvenes”, denuncia Mara Monreal Rodríguez, presidenta de CEAJ, “muchos compañeros y compañeras, cuando comienzan su vida profesional, buscan despachos que les puedan abrir las puertas a la abogacía, y en muchas ocasiones acaban encontrando despachos totalmente alejados de la deontología, que aprovechan que alguien se vea en la necesidad de trabajar por un salario irrisorio y en ocasiones denigrante”.

Ana (nombre ficticio) trabaja en un despacho de Madrid en el que todos los trabajadores son autónomos, pero cumplen todas las características de trabajadores por cuenta ajena, incluidas vacaciones remuneradas. “Cuando entré a trabajar al despacho, me prometieron que tendría un contrato pronto, pero cuando vi que el resto de compañeros también eran falsos autónomos, comprendí que no me lo harían”, explica. “Para muchos jóvenes abogados, la forma de entrar en la abogacía es aceptar estas condiciones durante unos años; aunque parezca mentira, en los despachos hay más falsos autónomos que en Deliveroo”, denuncia Ana, "todos tenemos amigos o compañeros de carrera que trabajan así".

Los tribunales les dan la razón

Para todos ellos, la precariedad es inmensa, ya que tienen que pagar sus cuotas para colegiarse, la Seguridad Social, el IVA de las facturas, etc. “Al final, el salario que les queda es de 800 euros al mes por 40 horas de trabajo a la semana”, denuncia Abad. De esta forma, el despacho se ahorra todos esos gastos intermedios. En muchos casos, el fraude se extiende también a Hacienda, ya que algunos despachos pagan sin factura, de modo que tampoco abonan el IVA.

Los tribunales ya están dando la razón a todos estos falsos autónomos, aunque el camino hasta la sentencia firme es largo y tortuoso. Es el caso de María, que finalmente tiene su sentencia firme después de conseguir tres victorias contra Villena Moraga SL. Fue una compañera quien denunció a la Seguridad Social la existencia de una relación de falso autónomo en su despacho, quien realizó una inspección y dio la razón a la trabajadora y sus compañeros.

En esta ocasión, como en muchas otras, los problemas surgieron como consecuencia de una baja médica, en concreto, por maternidad. La falsa autónoma decidió recurrir a la Seguridad Social ante el temor de que su empresa la despidiera y se quedara sin ningún derecho al desempleo. “Yo no era consciente de que estaba en una situación irregular hasta que llegó la inspección”, explica María, “está tan extendido en el gremio que piensas que es legal”.

No era consciente de que era una falsa autónoma hasta que llegó la inspección, está tan extendido que piensas que es legal

María explica que su empresa la presionó para que no fuese a declarar ante la Seguridad Social, pero ella optó por hacerlo, lo que dio origen a una situación de ‘moving’ de la empresa hacia ella y otra compañera que estaba en idéntica situación. Posteriormente fue despedida y denunció que fue improcedente, por lo que un juzgado de lo social obligó a que fuese readmitida en la empresa y, finalmente, pactó una salida con indemnización.

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“Yo miro hacia atrás y no sé cómo pude aguantar tantos meses de presión, de ‘moving’ y de juicios”, explica María, “el proceso duró desde 2014 hasta ahora, 2018, cuando ya tengo la sentencia firme y estoy desvinculada completamente de esa empresa”. “Es un desgaste emocional enorme, además, te tienes que pagar todos los gastos sin ninguna ayuda”, denuncia, “tal es así que mi compañera ya no es abogada, decidió dejar la profesión y ahora es funcionaria”.

Para Andrea, todo comenzó también con una baja por incapacidad temporal, pero en su caso sí fue ella quien la sufrió. Comenzó a trabajar en Celtiberia Asesores SL en 2015: “Yo entré como autónoma, pero el empresario me prometió que me haría contrato, aunque en el tiempo que estuve allí, jamás dio de alta a ningún trabajador, todos éramos falsos autónomos”, cosa que reconoce como hecho probado el juzgado de lo social que dictó la sentencia en primera instancia.

De pronto, te quedas en la calle, sin derecho a una prestación por desempleo que sí tienen los asalariados y sin ningún amparo

En 2017, Andrea empezó a tener problemas de salud y tuvo que aceptar la baja por enfermedad, que se prolongó casi tres meses,.Durante la misma, la empresa decide prescindir de sus servicios. “De pronto, te quedas en la calle, sin derecho a una prestación por desempleo que sí tienen los trabajadores asalariados y sin ningún amparo, por lo que decidí denunciar”. Andrea consiguió dos sentencias a su favor que reconocen la relación laboral y el despido improcedente y tiene pendiente un recurso de casación ante el Supremo antes de que el fallo sea firme.

“Para mí fue un trabajo de 'ninja' por lo duro que es, y también de convicción, porque como abogada entendía que tenía que pelear por los derechos de los trabajadores”, explica Andrea. “Gracias a mi denuncia, el empresario tuvo que dar de alta en la Seguridad Social a 10 personas”.

Abandono de la Administración

“Estás atrapado por la precariedad laboral”, lamenta Andrea, una abogada que ganó en las dos instancias iniciales contra la empresa Celtiberia Asesores SL y está pendiente de un recurso de unificación de doctrina en el Tribunal Supremo. “Si denuncias te van a despedir, pero como no tienes derecho a desempleo, ni siquiera te quedan los ingresos del paro hasta que la sentencia no es firme, y pueden pasar tres o cuatro años”, explica Andrea.

“Los falsos autónomos están totalmente desamparados: están en el limbo jurídico, el limbo de la Seguridad Social…”, lamenta Andrea. La Inspección de Trabajo apenas resuelve este fraude porque, aunque está muy extendido, apenas hay investigaciones de oficio. Por eso es necesario que el trabajador presente una denuncia que, además, no puede ser anónima, lo que pone en serio peligro su puesto de trabajo.

En muchas ocasiones, ni siquiera los colegios de abogados velan por el correcto funcionamiento del sector. En el caso de María, el despacho de abogados condenado es de Belén Villena Moraga, “que era y sigue siendo la directora del Máster en Abogacía, nombrada por el Colegio de Abogados de Málaga”, explica María. “Su decano y junta de gobierno eran y son conocedores de todo este asunto e incluso en mitad de todo este proceso le otorgaron una medalla al mérito en el servicio de la abogacía, todo para intentar limpiar su imagen”, asegura.

Para los que seguimos las normas nos es imposible competir con los precios que ponen los despachos que tienen falsos autónomos

En el caso de Andrea, la sentencia de primera instancia critica al Colegio de Abogados de Madrid por dejación de sus funciones. En primer lugar, por no vigilar que “el ejercicio de la profesión se ejerciese en forma y bajo condiciones contrarias a las legalmente establecidas”, esto es, por permitir falsos autónomos en la abogacía. Y, en segundo lugar, por no “impedir y perseguir el intrusismo”, ya que el fundador del despacho no era abogado, pero actuaba como tal.

Este fraude no solo perjudica a los abogados; también los despachos que cumplen la normativa se ven afectados por una competencia desleal. “Para los que seguimos las normas nos es difícil, por no decir imposible, competir con los precios que pueden poner despachos en los que trabajan falsos autónomos”, explica Monreal Rodríguez. Actualmente, la presidenta de CEAJ está trabajando con el Consejo General de la Abogacía Española para “modificar el real decreto regulador de las relaciones especiales para conseguir mejoras en este campo, tanto para compañeros jóvenes como séniors”.

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