Los socios de Sánchez asumen que no habrá Presupuestos y gobernará por decreto

El Gobierno lleva semanas prometiendo que presentaría los Presupuestos Generales del Estado para 2019 a “finales de noviembre o principios de diciembre”, para cumplir con la obligación constitucional que tiene el Ejecutivo. De esta forma, marcaría las distancias con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, que renunció durante meses a presentar las cuentas por motivos políticos. Pero, a medida que pasan los días, los apoyos del presidente se van apagando y la misión se convierte en suicida.

Para evitar una derrota de tal magnitud, los socios que sostienen a Sánchez en el Gobierno, y más concretamente PNV y ERC, dan por sentado que, diga lo que diga, no presentará el anteproyecto de Presupuestos al Congreso, ni en diciembre ni nunca, a menos que tenga garantizados los apoyos suficientes en el Parlamento. Esto significa que volverá a tirar de las cuentas de Rajoy, prorrogando los PGE de 2018, y gobernará a base de decretos leyes, explican fuentes de Economía.

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Sánchez no se enfrentará al desgaste que supone la tramitación de unas cuentas sin el apoyo del Congreso. Incluso aunque consiguiese salvar el debate de las enmiendas a la totalidad, seguiría afrontando un escenario complicado. En ese caso, las cuentas del Gobierno quedarían al albur de los grupos políticos en las enmiendas parciales, por lo que el Presupuesto definitivo podría cambiar mucho respecto al proyecto del Gobierno.

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El camino presupuestario está plagado de obstáculos, por lo que la opción preferida es retrasar ‘sine die’ la fecha de presentación del anteproyecto de Presupuestos. Esto significa que todas las medidas que pretendía incluir en esa ley, como la subida del IRPF a las rentas altas y al ahorro o la reforma del impuesto sobre sociedades, quedan en el congelador hasta que el PSOE cuente con una mayoría suficiente.

La subida del IRPF a las rentas altas y al ahorro o la reforma del impuesto sobre sociedades entran en el congelador hasta que el PSOE tenga apoyos

El presidente centrará su política a partir de ahora en las políticas de gasto, que son las que podrían aglutinar una mayoría suficiente en el Congreso. A partir de ahora, el objetivo del Gobierno es mostrar que puede mantener la “agenda del cambio” incluso sin Presupuestos, empleando para ello los decretos leyes. El Gobierno abordará por esta vía la subida de las pensiones, el salario de los funcionarios, la protección social o la reforma laboral.

En caso de que sus socios de moción sigan oponiéndose a esta batería de medidas sociales, tendrían que explicar ante la ciudadanía cada uno de sus votos negativos. El Gobierno considera que en ningún caso se atreverán a llegar tan lejos, por el desgaste social que supondría para ellos, por lo que confía en sacar adelante muchas de estas políticas al margen de los Presupuestos.

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También remitirá al Congreso los anteproyectos de ley para la creación de los impuestos de servicios digitales y transacciones financieras. Ambos están ya en consulta pública y seguirán su tramitación al margen de los Presupuestos, lo que permitirá al Ejecutivo contar con los ingresos suficientes para financiar estas partidas de gasto, que no están contempladas en los Presupuestos que prorrogará Sánchez.

Misión imposible

El camino para la aprobación de unos nuevos Presupuestos no solo es tortuoso, también es muy largo. Demasiado para el Gobierno. La tramitación completa de los Presupuestos obliga a Sánchez a superar siete votaciones en el Congreso. Y en todas ellas necesitaría superar en votos al bloque de derechas, lo que obliga a contar con el apoyo de todos los socios de investidura.

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En primer lugar, tendría que tramitar la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para quitarle al Senado el poder de veto sobre la senda de estabilidad. Esta tramitación, como el resto, requeriría de dos votaciones en el Congreso, ya que se entiende que el PP impondrá su mayoría absoluta en el Senado para rechazar cualquier propuesta del Gobierno, de modo que sería necesaria una segunda votación en la Cámara Baja.

Una vez modificada la Ley de Estabilidad, el Gobierno tendría que actualizar los objetivos de déficit para adaptarlos al nuevo escenario que permite la Comisión Europea. Finalmente, ya podría presentar el proyecto de Presupuestos, que tendría que superar la enmienda a la totalidad, las enmiendas parciales y, finalmente, la aprobación definitiva tras el rechazo del Senado.

El camino para la aprobación de los Presupuestos no solo es tortuoso, también es muy largo, como para que Sánchez pueda mantener los apoyos

Todo ello obligaría a realizar votaciones periódicas en el Congreso durante, al menos, cuatro meses. Un periodo demasiado largo como para que Sánchez pueda mantener sin fisuras el apoyo de todos los grupos que respaldaron la moción de censura. En especial del PDeCAT, que cambia su postura hacia el Gobierno casi cada semana. El riesgo de que el delicado engranaje salte por los aires en cualquier momento es tan alto que el Gobierno no se arriesgará a quedarse colgado.

El PNV se queda fuera del CGPJ

El hecho de renunciar a las cuentas tiene que ver con que la relación entre el PSOE y sus socios de investidura empieza a enfriarse. Por primera vez desde 2001 en una renovación del Consejo General del Poder Judicial, el PNV no consigue que alguno de sus vocales propuestos integre el órgano de gobierno de los jueces. Ni en la mayoría absoluta del PP ocurrió algo así.

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En el grupo parlamentario socialista cundía la sorpresa por esta exclusión, negociada en Moncloa. Sobre todo porque el PNV es considerado el socio más fiable de los socialistas. El partido nacionalista no ha hecho de eso un tema fundamental, pero los nacionalistas vascos toman nota. El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, mostró en RNE su malestar con el acuerdo: "Solo haría la reflexión de si este proceder, con poca transparencia, que parece más un intercambio de cromos, es lo que necesita una Justicia española con una crisis de credibilidad tremenda".

El partido nacionalista no ha hecho de eso un tema fundamental, pero los nacionalistas vascos toman nota. Andoni Ortuzar mostró en RNE su malestar

Con ERC, el otro socio imprescindible siquiera para empezar a hablar, hay más escollos que el del juicio del 'procés'. Los independentistas exigen que se anule la condena al expresidente catalán Lluís Companys, el mismo que en 1934 declaró una breve independencia. Companys fue condenado a muerte en un juicio sumario y sin garantías en 1940 tras su detención en Francia.

El Gobierno de Zapatero ya estudió el asunto y concluyó que legalmente no era posible. En su lugar, el Ejecutivo promovió la rehabilitación de Companys. El Congreso ya ha aprobado resoluciones simbólicas declarando injusta la condena, pero ERC exige una anulación formal. Aunque la vicepresidenta, Carmen Calvo, se comprometió a anular la condena, fuentes del Ejecutivo lo siguen considerando muy complicado, aunque no descartan que finalmente se encuentre alguna fórmula.

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El portavoz de ERC, Joan Tardà, reiteró el martes en los pasillos del Congreso que esa era su exigencia, como poniéndose la venda antes de la herida. "Tenemos la palabra de honor de la vicepresidenta Calvo, que contrajo conmigo misma, de que durante la tramitación parlamentaria se anularían las sentencias de los tribunales franquistas". "Si no cumpliera, cosa que estoy convencido no va a ocurrir, por el desprestigio y la vergüenza, que luego no vengan a vernos para nada, ni para decirnos buenos días. Pero no quiero pensar que la palabra de la vicepresidenta no valga".

Pese a que todas las declaraciones van en esa línea, Tardà admitió que no las tiene todas consigo: "Existen los precedentes y en 2004 la vicepresidenta De la Vega no cumplió su palabra. Los precedentes siempre están presentes".