En 2018 superará los 7.000 millones

El dilema del Gobierno con los autónomos: ¿bajar las cuotas al régimen con más déficit?

El 55% de autónomos jubilados ha cotizado menos de 35 años, lo que hace que muchos no lleguen a la pensión mínima. El 36% tiene un complemento a mínimos, casi el doble que en el régimen general

Foto: La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, junto al presidente de ATA, Lorenzo Amor. (EFE)
La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, junto al presidente de ATA, Lorenzo Amor. (EFE)

El Gobierno y Unidos Podemos acordaron en su pacto presupuestario reformar la cotización de los trabajadores autónomos para adaptarla a sus ingresos reales. El objetivo es que los autónomos que menos facturan no tengan que pagar cotización y, al contrario, los que más ganan tengan una contribución superior. Con esta premisa está negociando el Ministerio de Trabajo con las asociaciones de autónomos y los sindicatos.

La intención del Gobierno es reducir la cuña fiscal que soportan los autónomos que menos ganan, una decisión que ayudaría a este colectivo, pero que aumentaría el déficit que ya tiene el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). El saldo negativo de este régimen se soporta con complementos a mínimos, esto es, la solidaridad de los impuestos que paga el resto de ciudadanos, y con déficit, esto es, profundizando en la deuda de la Seguridad Social.

En 2018, la Seguridad Social se gastará algo más de 19.200 millones de euros en pensiones de autónomos, pero apenas ingresará 11.800 millones por cotizaciones. Esto significa que el RETA arrojará un déficit de algo más de 7.400 millones, casi un 40% de todos los números rojos de la Seguridad Social, con apenas el 15% de los cotizantes.

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Con este punto de partida, cualquier reforma del RETA que intente reducir la aportación de los autónomos pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Actualmente, los autónomos pueden elegir su base de cotización siempre que no sea inferior a la mínima (932,70 euros/mes) ni superior a la máxima (3.803,70 euros/mes). La mayoría van a la mínima, lo que provoca que su aportación a la Seguridad Social sea limitada.

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La base media mensual de cotización en 2018 del RETA se sitúa en el entorno de 1.089 euros, esto es, casi un 40% menos que en el régimen general, que supera ya los 1.770 euros de base media. Además, sus carreras de cotización suelen ser más cortas que en el régimen general.

El resultado es que su aportación al sistema no garantiza una pensión contributiva en todos los casos y depende de la solidaridad del resto de ciudadanos para evitar que haya autónomos jubilados pobres. Al cierre de 2017, el 35,8% de los jubilados del RETA contaba con complementos a mínimos, el régimen con más ayudas y casi el doble que el general, en que eran el 20,2%.

Los nuevos autónomos jubilados tampoco tienen una carrera de cotización mucho mejor, lo que significa que el RETA sigue adoleciendo del mismo problema de contribución a la Seguridad Social. A lo largo de 2017, el 21% de los autónomos jubilados no llegaba a percibir una pensión contributiva completa y su prestación contó con complementos a mínimos, muy lejos del 14,2% del régimen general.

El problema no es solo que los autónomos coticen por la base mínima, también que sus carreras de cotización son más cortas que en el resto de sectores. Actualmente, solo el 44% de los autónomos jubilados ha cotizado más de 35 años, muy lejos del 68% del régimen general. Por el contrario, más del 37% ha cotizado menos de 30 años.

Solidaridad y desigualdad

El Estado se gastará este año casi 15.000 millones de euros para financiar los complementos a mínimos de las pensiones. De esta cuantía, el 16,4% se destinará a pagar las prestaciones del RETA. Estos datos muestran hasta qué punto este régimen necesita una revisión para garantizar su sostenibilidad o para no cargar su déficit sobre el resto de cotizantes.

Además, la bonificación de las cotizaciones para aquellos autónomos que ingresan menos que el SMI genera un segundo problema: una competencia desleal con las empresas (que sí tienen que cotizar por la base mínima con sus trabajadores) y un riesgo de cronificar un sector de bajo valor añadido.

Precisamente este es uno de los problemas derivados del establecimiento de la tarifa plana de 50 euros para los nuevos autónomos. Una aportación tan baja a la Seguridad Social supone un incentivo para la proliferación de falsos autónomos, ya que para las empresas resulta muy ventajoso externalizar sus servicios a trabajadores por cuenta propia, ya que casi no tienen que pagar a la Seguridad Social.

Es por este motivo que las asociaciones de autónomos son conscientes de que cualquier medida para ayudar a los trabajadores con menos ingresos tiene que ser temporal. Solo así se genera un incentivo para que estos autónomos mejoren su situación o, de lo contrario, se vean expulsados del mercado porque su actividad no es rentable. Además, se corre el gran riesgo de perder la contributividad del sistema si aquellos que no han aportado a la Seguridad Social cobran posteriormente una pensión.

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