El País Vasco se 'ahorra' 5.310 millones por el cálculo del cupo

Algunos lo han llamado el 'cuponazo'. Y no es para menos. Un reciente estudio estima que el ahorro para el País Vasco por la aplicación del último cálculo del cupo —la cantidad de dinero que debe entregar el régimen foral al Estado por el coste de los servicios generales— asciende a 5.310 millones de euros. Prácticamente la mitad, 2.860 millones, tiene que ver con el cálculo de la compensación por el déficit público del conjunto del Estado, mientras que otros 1.796 millones proceden del cálculo de las cargas asumidas que no recaen sobre las arcas forales.

En el caso de Navarra, el otro sistema foral vigente, las cantidades son más reducidas, pero igualmente representativas. Con datos de 2015, la aportación navarra debería aumentar en 1.037 millones que la Hacienda central deja de ingresar.

El estudio ha sido realizado por un alto cargo de la Junta de Castilla y León, el director general de Tributos, Agustín Manzano, y una de sus principales aportaciones es que los cálculos no se hacen sobre los cupos anteriores, sino sobre el acuerdo firmado en 2017 entre el ministro Montoro y las tres diputaciones forales, que son quienes gestionan los recursos vascos.

Su principal conclusión es que mientras lo pactado fue una entrega de 1.304 millones por parte del País Vasco para satisfacer los gastos del Estado en esa comunidad autónoma por servicios y competencias no transferidos, la realidad es que se deberían haber reclamado 6.615 millones. En el caso de Navarra, la aportación fue equivalente a 510 millones de euros, pero el “cálculo correcto”, sostiene el estudio, hubieran sido 1.547,7 millones.

El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, nunca ha puesto en duda la constitucionalidad de los sistemas forales, lo que se cuestiona es que el cálculo del sistema del cupo supone una discriminación de las CCAA del régimen común (todas excepto País Vasco, Navarra y Canarias) porque los recursos por habitante con que cuentan las administraciones forales son muy superiores a la financiación del resto.

Como sostuvo Castilla y León en el documento que se envió a Hacienda para empezar a discutir el nuevo modelo de financiación, “este resultado [el cálculo de lo que deben aportar Navarra y el País Vasco] no es consustancial al régimen foral, sino que se produce por una defectuosa aplicación práctica de este régimen”. Entre otras cosas, como han criticado numerosos informes de especialistas en financiación territorial, porque el sistema es muy opaco. Se sabe que el País Vasco pesa el 6,24%, pero la aplicación concreta de ese porcentaje es un arcano.

Una cantidad pactada previamente

El hacendista Ángel de la Fuente recordaba recientemente en Fedea que el importe del cupo “es fruto directo de un pacto político que después se viste con el ropaje de la Ley del Concierto”, ajustando la valoración de las cargas no asumidas como sea necesario “para llegar a la cantidad final pactada”. Algo similar sucede, sostenía, con el ajuste a consumo del IVA, que en la práctica “poco o nada tiene que ver” con la distribución real del consumo y la producción entre el País Vasco y el resto de España.

El estudio de Manzano ha sido presentado en público en un seminario organizado por el IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), y en él se calcula que mientras la financiación por habitante en el régimen común asciende a 2.082 euros, en el País Vasco equivale a 4.248 euros, por encima de los 3.055 de Navarra. Es decir, los recursos por habitante son el doble en el País Vasco y un 47% superiores en el caso de Navarra.

Según el autor del estudio, el cálculo del cupo provoca al menos cuatro consecuencias para el conjunto del Estado. En concreto, tiene un efecto negativo porque reduce la recaudación cedida por IVA, disminuye la capacidad financiera de la Administración general para mejorar el sistema de financiación territorial, provoca una competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas y merma “la legitimidad del principio de solidaridad”. La propuesta que se hace en el documento está en línea con lo que planteó en su día la comisión de expertos, que pasaba por integrar los regímenes forales (manteniendo sus particularidades) en el sistema general de financiación autonómica.

Recientemente, el defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, descartó recurrir ante el Tribunal Constitucional el último acuerdo sobre el cupo vasco firmado entre el Gobierno de la nación y las diputaciones forales. Fernández Marugán se basó en un informe técnico que sostiene que no existen argumentos jurídicos para llevar al TC los términos del acuerdo. Otra cosa distinta, afirmaba el dictamen, es que el cálculo del cupo sea desproporcionado, pero eso no era un argumento legal, sino de naturaleza política.

Varios expertos, entre ellos un antiguo director general de Coordinación Financiera con las administraciones territoriales, Alain Cuenca, el portavoz de la Plataforma Ahora, Gorka Maneiro (exdirigente de UPYD) y al profesor universitario Víctor Gómez Frías presentaron sendas quejas ante esa institución.