NO ENCUENTRA ARGUMENTOS JURÍDICOS

El Defensor del Pueblo rechaza recurrir el cálculo del cupo vasco al Constitucional

El Defensor del Pueblo no ha encontrado argumentos jurídicos suficientes para llevar al Tribunal Constitucional el cupo vasco. Así lo comunicará hoy a las partes.

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (i), el consejero de Hacienda y Economía vasco, Pedro Azpiazu, y el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka (d)
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (i), el consejero de Hacienda y Economía vasco, Pedro Azpiazu, y el portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka (d)

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán , ha descartado recurrir ante el Tribunal Constitucional el último acuerdo sobre el cupo vasco firmado entre el Gobierno de la nación y las diputaciones forales. Fernández Marugán se ha basado en un informe técnico que sostiene que no existen argumentos jurídicos para llevar al TC los términos del acuerdo. Otra cosa distinta, afirma el dictamen, es que el cálculo del cupo sea desproporcionado, pero eso no es un argumento legal, sino de naturaleza política.

Varios expertos, entre ellos un antiguo director general de Coordinación Financiera con las Administraciones territoriales, Alain Cuenca, el portavoz de la Plataforma Ahora, Gorka Maneiro (exdirigente de UPyD) y al profesor universitario Víctor Gómez Frías presentaron sendas quejas ante esa institución.

El cupo es la cuantía que paga anualmente el País Vasco al Estado para financiar todos los servicios que están centralizados pero de los que también se benefician los ciudadanos vascos, que técnicamente se denominan cargas no asumidas. Como Euskadi recauda sus propios impuestos (no lo hace la Agencia Tributaria, como es el caso de las comunidades de régimen común), tiene que pagar luego su parte de los servicios centralizados (tanto los correspondientes a la comunidad como a las corporaciones locales).

Para calcular estas cargas no asumidas, se estima el gasto realizado por el Estado para todas las comunidades autónomas y se aplica un coeficiente para ver qué parte de la financiación le correspondería al País Vasco. Este coeficiente (llamado índice de imputación) es la relación de la renta de la región sobre el total de la renta nacional. En este caso, se ha establecido el 6,24%. El resultado final de este cálculo son casi 11.620 millones de euros, que sería la estimación del coste de los servicios públicos financiados por el Estado y de los que también se benefician los ciudadanos de Euskadi.

A partir de este cálculo inicial, se aplican una gran cantidad de ajustes que hacen que la cuantía que tenga que pagar finalmente el País Vasco sea de 1.300 millones de euros (descontadas las políticas activas de empleo). El primer ajuste son los tributos no concertados e ingresos no tributarios, que es toda la recaudación que el Estado realiza en Euskadi por tributos y tasas no transferidas a la Hacienda foral y cuyo cálculo asciende a 1.100 millones de euros.

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