El pago de las nóminas en Cataluña depende de un listado que solo tiene la Generalitat

La intervención de facto del presupuesto de la Generalitat de Cataluña amenaza con tener consecuencias importantes para sus empleados públicos. El Ministerio de Hacienda ha pedido al Gobierno catalán el listado con la nómina de todos los empleados públicos. En total, algo más de 192.300 personas incluyendo a los que trabajan en las universidades catalanas.

Esta es la única vía para que Hacienda pueda abonar el sueldo del mes de septiembre a los trabajadores públicos, sustituyendo a la Generalitat, que es quien abonaba mensualmente esas cantidades. Esa función ha cambiado ahora de manos y desde ayer es Hacienda la encargada de hacerlo hasta que dure el desafío independentista. El problema es que el Ministerio no dispone del listado y depende, obviamente, de la voluntad del Gobierno catalán, que se ha instalado en la desobediencia, de enviar la relación de empleados y su nómina correspondiente. De esta forma, Cristóbal Montoro pone en el tejado del Govern que los funcionarios cobren en septiembre.

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Hacienda no dispone de mucho margen de tiempo para operar, toda vez que la nómina se ingresa los últimos días del mes, y previamente los bancos tienen recibir las transferencias del Tesoro Público con un par de días de antelación. La Orden elaborada por el Ministerio y publicada el sábado en el BOE urge a la Generalitat a enviar el listado con las nóminas de los trabajadores públicos, así como los gastos comprometidos para el resto del año destinados a financiar los servicios básicos: sanidad, educación, dependencia, seguridad, etc.

Control de las tarjetas

Esta misma mañana, el Ministerio de Hacienda notificará a la Generalitat que ha aprobado el Acuerdo de No Disponibilidad de 1.400 millones de euros correspondiente a los recursos pendientes de enviar a Cataluña del sistema de financiación. Hoy se acaba el plazo que dio Montoro al 'president', Carles Puigdemont, para que firmara este Acuerdo, algo que no hará.

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De esta forma, quedará definitivamente bloqueadas las transferencias de los recursos de la financiación autonómica a la Generalitat, que se quedará casi sin liquidez. El único efectivo del que dispondrá serán los impuestos que recauda la comunidad por estar cedidos a las regiones, como son Patrimonio, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre el las Bebidas Azucaradas, etc. con los que recauda unos 250 millones de euros mensuales.

Montoro también tiene un plan para controlar que este dinero tampoco se destina a financiar el referéndum y no es otro que controlar todas las transferencias de la Generalitat a través de los bancos. Como adelantó ‘El País’, representantes de Hacienda se reunieron el lunes con cargos técnicos de los bancos para explicarles cuál será su papel en el control de los movimientos de Cataluña. Lo que hará será una labor similar a la lucha contra el blanqueo de capitales: las entidades informarán de cualquier operación sospechosa.

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Todos los movimientos tendrán que demostrar que no se destinan a financiar actos ilegales, como el referéndum. Si el pago puede fiscalizarse previamente, deberá llevar adjunto un certificado de la Intervención General que justifique el cumplimiento de la ley. En el caso de que no sea posible, deberá ir acompañado de una declaración responsable firmada por los órganos competentes de la Generalitat y de las entidades.

Con esta bataría de medidas, Hacienda podrá controlar todos los pagos realizados por la Generalitat, incluso aquellos realizados con los recursos que gestiona directamente. Esta supervisión incluye también los pagos que realizan con tarjeta los altos cargos del Govern, ya que también forman parte de las cuentas bancarias de la autonomía. Un "mecanismo de control de pagos novedoso", como explicó Montoro, algo nunca antes visto en España para afrontar un desafío que tampoco se había visto.