MAFO DECLARA COMO INVESTIGADO POR EL CASO BANKIA

Las confesiones del exgobernador ante el juez Andreu

El exgobernador argumentará que salvar a la banca pasaba por minimizar costes para el contribuyente. A él nunca le llegaron los correos de la inspección del BdE

Foto: El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. (Enrique Villarino)
El exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. (Enrique Villarino)

El 10 de abril de 2012, a la hora del almuerzo, el exgobernador Fernández Ordóñez se despidió del cargo durante un acto organizado en el casino de Madrid por el diario 'ABC' y la consultora Deloitte. El discurso no tendría nada de particular si no hubiera sido porque se trataba de su testamento político. Y es cosa sabida que cuando alguien dicta un documento tan singular, suele ponerse serio, y hasta circunspecto. Y Fernández Ordóñez, en aquella ocasión, lo hizo. Como este jueves tendrá que hacerlo al comparecer como investigado ante el juez Andreu, que instruye el caso Bankia tras el fiasco provocado por la salida a bolsa de la entidad.

Allí, ante los gerifaltes de la banca, Ordóñez se deshizo en elogios de “ese conjunto de inspectores, economistas, abogados, jefes de grupo, de departamento y directores de supervisión, regulación y servicio jurídico sobre los que ha caído la mayor carga en la instrumentación de la estrategia aprobada en las leyes y decretos”. Lo que vino a decir el exgobernador, con un lenguaje un tanto abigarrado y prolijo, es que los empleados del Banco de España hicieron bien su trabajo en la crisis financiera más dramática desde el Plan de Estabilización de 1959. Y eso es lo que defenderá ante el juez.

Hará una última confesión en forma de pregunta. ¿Alguien puede pensar que un gobernador del Banco de España puede 'autorizar' una salida a bolsa sabiendo que las cuentas son falsas? El juez Andreu podrá escuchar otro dardo dirigido, en este caso, a la acusación popular que ejerce el abogado Herzog: ¿Quién puede imaginar que en la inspección se sepa que una entidad no es solvente y no se entere el gobernador?

El 25 de junio de 2012, menos de tres meses después de aquella intervención, la realidad no podía ser más diferente. El nuevo Gobierno cortó por lo sano y anunció que reclamaba a Europa asistencia financiera —de hasta 100.000 millones de euros— para salvar el sistema bancario. Dos semanas después, se publicaba en castellano el memorando de entendimiento con la UE sobre “condiciones de política sectorial financiera”. En román paladino, el temido 'rescate' de España, aunque fuera parcial. Es decir, la vieja amenaza que pendía sobre la economía desde que la prima de riesgo comenzó a ensancharse a partir de 2008, y que ponía al descubierto las miserias de su sistema productivo.

¿Qué había cambiado entre una fecha y otra? Básicamente, una cosa. El reconocimiento abierto y explícito de la existencia de una crisis de sistema financiero de indudable calado que Zapatero ("El sistema financiero español es el más sólido del mundo") se negó a reconocer. También sus subordinados.

El por entonces secretario de Estado de Economía, David Vegara, hablaba sin tapujos de que había una crisis de 'liquidez', pero nunca de 'solvencia'. Y no fue hasta la intervención de la Caja de Castilla-La Mancha, un mes después de la quiebra de Lehman, cuando se empezaron a tomar decisiones. Los colchones de solvencia anticíclica comenzaban a ser insuficientes.

El propio Fernández Ordóñez, sin embargo, reconoció de forma implícita en aquel discurso del viejo casino de la calle Alcalá que algo importante estaba pasando. Lo que pretendían las autoridades económicas era “minimizar” el uso de recursos públicos en la “reconversión del sistema bancario”, algo que explica, entre otras cosas, la salida a bolsa de Bankia ante la imposibilidad de encontrar comprador o hacer una gigantesca inyección de capital. Como ha repetido alguna vez el propio Ordóñez, a diferencia de en el pasado, las únicas ayudas posibles eran las presupuestarias y estas tenían que someterse además a la aprobación de la Comisión Europea.

Cotizadas y no cotizadas

Un equivocado decreto de Elena Salgado, de hecho, premiaba a las cajas que salieran a bolsa frente a las que pudieran captar capital. Salgado decidió, con la abstención del PP en este decreto, no en otros, que las entidades cotizadas tuvieran un 8% de capital sobre recursos propios. Mientras que en las entidades no cotizadas este porcentaje subía al 10%. Un claro incentivo perverso que estimulaba operaciones de alto riesgo, como lo era la de Bankia.

Carlos SánchezCarlos Sánchez

O dicho de otra manera, el tándem Salgado-Fernández Ordóñez pretendía gastar lo mínimo posible en un contexto de quiebra de las finanzas públicas. No hay que olvidar que el déficit llegó a situarse en el 11% del PIB en 2009, cuando dos años antes había superávit fiscal, por increíble que parezca. Ese fue el error. El gran error.

Si se hubiera identificado a tiempo la naturaleza de la crisis, que no era solo un problema de liquidez, también de solvencia, es probable que hubiera habido dinero para la reconversión financiera vía endeudamiento público, como hizo el nuevo Gobierno de Rajoy. O el de Gordon Brown. O el de Bush… Cuando el Gobierno intentó reaccionar, era ya demasiado tarde. La prima rondaba los 400 puntos básicos y cualquier empeoramiento del saldo fiscal solo podía añadir más desconfianza entre los inversores hacia un país muy cerca de la bancarrota.

Se suele decir que las crisis bancarias se resuelven de dos maneras: con tiempo o con dinero. Y España, en ese año 2012, cuando Fernández Ordóñez estaba en retirada, no disponía ni de una cosa ni de la otra.

Los trabajos de Fainé

Lo primero —el tiempo— fue el instrumento que se manejó durante la crisis de los años setenta y primeros ochenta, con un resultado lamentable. La crisis se alargó entre 1978 y 1985, como demostró este estudio de Isidre Fainé publicado en 2005 por el Banco de España. Y lo segundo —el dinero— es lo que consiguió el ministro De Guindos, quien hizo de tripas corazón y acabó pidiendo los recursos que España no tenía.

No sin antes (enero de 2012) desvelar al FT, y tiempo más tarde al FMI a través de un informe rutinario, que la banca española, en particular Bankia, tenía un considerable agujero de unos 40.000 millones de euros, lo que precipitó los acontecimientos y puso a la antigua caja de ahorros —ya en la segunda recesión económica— al pie de los caballos.

Si salir a cotizar en bolsa era una operación de alto riesgo en aquellas circunstancias, hacerlo a las puertas de una segunda recesión (todavía ignorada) era una auténtica temeridad. Y ninguno de los correos del inspector Casaus —"se desmontan en dos minutos", dirá al juez Andreu— podían prever esa hipótesis. Correos que, según el propio Fernández Ordóñez, nunca llegaron ni a la comisión ejecutiva ni al consejo de gobierno.

No hubo en ningún caso, y esta será la línea de defensa del exgobernador, una especie de conspiración general —Gobierno. BdE, CNMV— con un objetivo ignoto, ya que ninguno de los ex altos cargos investigados se lucró del proceso. Ni siquiera está judicialmente acreditado que las cuentas de Bankia hubieran sido falseadas en favor de alguien. 'Cui prodest?', que dice el viejo proverbio latino. Una mala decisión, pero difícilmente una estafa.

Esta será la línea argumental que defenderá este jueves Fernández Ordóñez ante el juez Andreu. De lo que se trataba era de 'minimizar' los costes para el contribuyente del rescate bancario. Y lo que no era menos importante, evitar que el tumor, como lo definió en un artículo de prensa el exgobernador, y que afectaba a un tercio del sistema —y estaba enquistado en unas 30 entidades—, se trasladase a las más grandes. “En ese caso”, asegura, “el panorama hubiera sido dramático”. Solo lo consiguió en parte. Al final, la factura para el contribuyente ha sido colosal.

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