El Tribunal de Cuentas denuncia fallos en los avales del Estado a empresas públicas

El Tribunal de Cuentas acaba de dar un toque de atención por los avales que la Administración General del Estado (AGE) concedió entre 2008 y 2013. Aunque todas las líneas de garantía se autorizaron de acuerdo con la normativa y en ningún ejercicio se han superado los límites establecidos en la Ley de Presupuestos, el organismo ha detectado lagunas de información, deficiencias en la evaluación de riesgos y errores en los cálculos. Son algunas de las conclusiones del informe de fiscalización de la gestión y el control de los avales correspondientes a ese periodo.

Para empezar, destaca las "importantes carencias" de las memorias de cuentas que fueron elaboradas de acuerdo con el modelo de información contable fijado por la derogada Instrucción de Contabilidad de la AGE de 2002. "A pesar de que la aprobación de la vigente instrucción (2011) introdujo modificaciones significativas, siguen existiendo deficiencias", señala el organismo. Y critica que no se incluyan detalles sobre las variaciones que se han producido como consecuencia de operaciones que han sido avaladas con diferencias de cambio o con tipos de interés variable, no se informe sobre la cuantía de los avales que fueron autorizados ni otorgados y no se pueda conocer el importe del riesgo que corresponde al capital principal y a los intereses, pues ambos se recogen de manera conjunta.

Los intereses no se han tenido en cuenta para estimar el riesgo en algunas líneas de avales, lo que ha dado lugar a "una serie de incorrecciones" en las memorias de los ejercicios 2011-2013. Asimismo, entre 2008 y 2010, no se siguió un criterio uniforme para determinar la cuantía de los valores incluidos como "autorizado" o como "pendiente de cancelar". El Tribunal de Cuentas explica que "esa cuantía se registraba por el importe del aval efectivo, pero en cuatro líneas de avales se realizó por el importe del aval autorizado".

"Los avales otorgados no han tenido incidencia en la mejora de crédito al sector privado"

A esto se suma que en ese mismo periodo (2008-2010) no se dotaron provisiones correspondientes a los riesgos por ejecución de las operaciones avaladas, y todo a pesar de que en esos años se ejecutaron tres líneas de garantía "especialmente previsibles y de cuantía significativa" en el caso de Argentina. Ese país no atendió en 2002 el pago de intereses de los bonos previamente avalados en el contexto de reestructuración de su deuda, manteniéndose esta situación de impago hasta la amortización de la emisión en 2008. El importe ascendió a 34,9 millones por la amortización y 1,04 millones por los intereses.

Tampoco se dotaron provisiones para los avales destinados a los Fondos de Titulización de Activos para pymes (FTPYME) entre 2011 y 2013, cuyos importes avalados ascienden a 6.564 millones entre 2008 y 2013, mientras que las dotaciones para el Banco Europeo de Inversiones (BEI) "se calcularon erróneamente", porque no se registró el riesgo por intereses. Otro ejemplo es el Consorcio Valencia 2007, insolvente para hacer frente a sus pagos desde el inicio del periodo de amortización del préstamo avalado, pues la memoria de 2011 no incluye los intereses hasta su vencimiento.

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En el caso de la Sareb, el riesgo avalado por principal emitido que figura en la memoria de 2012 está infravalorado en 200.000 euros, como consecuencia de dos emisiones que se registraron por importes inferiores a los efectivamente emitidos y desembolsados, reza el informe del Tribunal de Cuentas. También hace referencia a emisiones no contabilizadas hasta 2014 cuando deberían figurar en la memoria de 2012, como sucede con el mecanismo de Facilidad Europea de Estabilización Financiera (FEEF).

¿Se han cumplido objetivos?

"Dada la naturaleza de los avales, su finalidad es facilitar al avalado el acceso a la financiación o reducir su coste. Desde ese punto de vista (...) han alcanzado el objetivo previsto". El problema está en las entidades de crédito, para las que el propósito final era conseguir una mayor disposición de liquidez para la economía real. El Tribunal de Cuentas argumenta que no existe "ningún documento en el que se analice el cumplimiento de dicho objetivo". En los informes trimestrales remitidos a las comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado, "no se hace ninguna referencia en relación a su eficacia, informando exclusivamente sobre el importe y las características principales de los avales".

Y va más allá. Los sucesivos informes del Banco de España dan a entender que el crédito al sector privado experimentó una evolución negativa en esos años, con lo que puede concluirse que "los avales otorgados, aun facilitando a las entidades avaladas el acceso a la financiación, no han tenido incidencia en la mejora del crédito al sector privado".

El organismo también pone el foco en los sistemas y procedimientos de gestión, o mejor dicho, en la falta de los mismos. "No ha existido un modelo organizativo estable para la gestión de los avales, a pesar de ser una de las competencias atribuidas históricamente al Tesoro Público". Tampoco hay una definición de las funciones y responsabilidades del personal encargado, ni se han establecido las tareas específicas para la supervisión, concluye.