VI Conferencia de Presidentes autonómicoS

El Gobierno y las CCAA cierran un acuerdo para garantizar la unidad de mercado

La única gran novedad de la VI Conferencia de Presidentes es que el Gobierno y la mayoría de las comunidades autónomas tienen especial interés en abordar la coordinación territorial

Foto: Preparativos para la VI Conferencia de Presidentes. (EFE)
Preparativos para la VI Conferencia de Presidentes. (EFE)

La sexta Conferencia de Presidentes autonómicos ha arrancado este martes. Pero más allá de la relevancia política que tienen este tipo de encuentros, donde los acuerdos se toman por consenso de todos los miembros presentes de la Conferencia, siempre que asistan dos tercios de los presidentes autonómicos (13), lo relevante es que la agenda sigue siendo prácticamente la misma desde la primera, que se celebró en 2004 en tiempos de Rodríguez Zapatero. Es decir, cómo financiar el Estado de bienestar (dependencia, sanidad o educación), que consume las dos terceras partes de los recursos autonómicos.

[La Conferencia de Presidentes Autonómicos, en imágenes]

La única gran novedad es que el Gobierno y la mayoría de las comunidades autónomas tienen especial interés en abordar la coordinación territorial. O lo que es lo mismo, cómo garantizar de forma efectiva la unidad de mercado, puesta en entredicho en numerosas ocasiones debido a las duplicidades administrativas.

La Ley de Unidad de Mercado fue, de hecho, una de las primeras normas que aprobó el primer Gobierno Rajoy en plena recesión, pero en la práctica no ha logrado todos sus objetivos. Probablemente, porque el Senado continúa sin constituirse como una verdadera Cámara territorial, lo que hace más difícil la coordinación entre las diferentes administraciones.

La reforma administrativa está en la mente de todos, pero es este un asunto que trasciende la propia reunión, ya que exige una reforma constitucional, al igual que cómo encajar la propia existencia de la Conferencia de Presidentes en la Carta Magna. Los jefes de Gobierno del País Vasco y Cataluña, como se sabe, no acudirán al encuentro.

Entre los puntos que se aprobarán, con toda seguridad, está la creación de una comisión de expertos que en un mes debe formarse y, posteriormente, tiene que elevar al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFyF) una propuesta de reforma del actual sistema de financiación autonómica.

El eje de la discusión gira entre quienes pretenden que la financiación se determine en función de la población —hay una enorme divergencia entre regiones— y quienes defienden un reparto acorde con el coste efectivo de los servicios. Por lo tanto, teniendo en cuenta aspectos como la dispersión territorial, que encarece la prestación del mismo servicio.

Lo que se aprobará es la creación de un grupo de trabajo sobre población para determinar cómo afecta esta cuestión al gasto sanitario, que es el capítulo principal del gasto regional. En el caso de la población, hay que tener en cuenta dos realidades muy distintas. Mientras la España del interior y del noroeste se desertiza, con núcleos de población muy diseminados, en la franja del Mediterráneo sucede lo contrario.

Cuando entró en vigor el vigente sistema de financiación, en enero de 2009, la población española ascendía a 46,23 millones, pero hoy la población ha crecido hasta los 46,46 millones, aunque de forma muy divergente. Y a menos población, lógicamente, menos recursos, de ahí que en regiones como Asturias o Galicia preocupe de forma fundamental este asunto. Sobre todo, teniendo en cuenta que el futuro será peor, según las proyecciones que periódicamente realiza el Instituto Nacional de Estadística (INE). Para abordar este asunto, la Conferencia de Presidentes se comprometerá a elaborar este año una estrategia nacional sobre demografía que, entre otros objetivos, ayude a conseguir más fondos europeos.

Otro de los asuntos que saldrán en el acuerdo final será la inclusión de la dependencia en el nuevo sistema de financiación. En la actualidad, existe un auténtico caos debido a que el modelo está muy descentralizado. El Estado aporta más de 3.600 millones, pero es un misterio oficial conocer cuánto aportan por su cuenta las regiones. Sin embargo, la ley prevé que esta prestación se financie al 50% entre CCAA y Administración, pero este objetivo nunca se ha conseguido.

La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría (d), y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
La vicepresidenta del Gobierno, Sáenz de Santamaría (d), y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Otro de los asuntos que se acordarán tiene que ver con la creación de una tarjeta social destinada a evitar duplicidades y fraude en el consumo de prestaciones públicas. Se trata de conseguir que en ese documento —con vigencia en todo el territorio nacional— se consignen todas las percepciones que los ciudadanos reciben de cada Administración pública y de las organizaciones privadas. Hasta ahora, no existe esa coordinación administrativa, lo que favorece el fraude y el mal uso de las ayudas públicas.

Además, se discute una norma de carácter general para frenar la existencia de enormes bolsas de trabajadores interinos, cuya gestión es poco eficiente y encarece los costes. Y en esta línea, se pretende impulsar la movilidad geográfica de los empleados públicos, que actualmente es muy reducida. Como se sabe, el último Consejo de Política Fiscal y Financiera decidió, igualmente, crear un grupo de trabajo para establecer una metodología común sobre la regla de gasto público, un asunto que preocupa a muchas comunidades autónomas, que acusan al Gobierno central de asfixiarlas financieramente al no tener en cuenta las singularidades regionales.

Lo que también saldrá de la conferencia es un compromiso de que se alcanzará un Pacto Nacional sobre la Educación (competencia de las CCAA), y la muy probable creación de un Consejo Nacional de Protección Civil que integre todas las regiones.

Esta es la posición inicial de cada comunidad:

Andalucía: al Gobierno de Susana Díaz le preocupa el 'dumping' fiscal. Y en este sentido, reclamará que en el nuevo modelo de financiación se ponga "un tope máximo y un tope mínimo" en impuestos cedidos a las autonomías, como el de patrimonio y el de sucesiones.

Comunidad Valenciana: para el Ejecutivo de Ximo Puig, un nuevo modelo de financiación es urgente. Entre otras cosas, porque la Comunidad Valenciana es una de las que salen peor paradas del actual sistema. De acuerdo con sus propios cálculos, la 'deuda histórica' del Estado asciende a 14.380 millones de euros solo en el periodo 2002-2015. Básicamente, porque está infrafinanciada. De ahí que haya propuesto la puesta en marcha de un instrumento de mutualización de una parte de la deuda que acumulan comunidades autónomas, como la valenciana, que a lo largo de estos años han recibido menos recursos de los debidos. Reclama, igualmente, un impulso al corredor del Mediterráneo, además de más inversiones públicas.

Cantabria: se reclama evaluar de forma correcta el coste efectivo de los servicios públicos que prestan las CCAA. Argumenta que los costes dependen de situaciones particulares: demografía, dispersión o envejecimiento.

Canarias: se reclama que se tengan en cuenta las particularidades de la insularidad y del Régimen Especial Fiscal (REF) de las islas.

Galicia: el presidente Núñez Feijóo pone el acento en la natalidad y sitúa en el centro del debate los problemas derivados de la demografía (envejecimiento). Reclama la aprobación de programas de fomento de la natalidad.

Castilla-La Mancha: lo que que el presidente García-Page ha llamado 'ciclo armonizador' es mayor coordinación administrativa entre regiones. Es decir, avanzar en la unidad de mercado. Critica que se hayan multiplicado por 17 las instituciones en todas las CCAA.

Asturias: al presidente Javier Fernández le preocupa, además del problema de la población, evaluar correctamente el coste efectivo de los servicios públicos, con el objetivo de que sea idéntico en todas las CCAA, teniendo en cuenta sus singularidades. Además, pide incluir la Conferencia de Presidentes en la Constitución.

Castilla y León: aquí preocupa sobre todo la despoblación y la existencia de muchos núcleos urbanos con bajísimas densidades de habitantes. Como el sistema garantiza unos servicios mínimos por unidad poblacional, eso encarece mucho. Casi la cuarta parte de los ayuntamientos españoles están en Castilla y León.

Comunidad de Madrid: el Gobierno de Cristina Cifuentes está especialmente preocupado por el coste efectivo de los servicios públicos. Y en este sentido, ha propuesto —y logrado— que el grupo de expertos analice las principales variables que afectan a la evolución y el coste del gasto sanitario.

Extremadura: la demografía está también en el centro de sus preocupaciones. Exige un nuevo modelo, pero con la premisa de "la solidaridad”, toda vez que se trata de la región con menor renta per cápita.

Murcia: reclama, igualmente, un nuevo modelo de financiación que sustituya al actual, toda vez que la región es una de las peor tratadas. Pide, asimismo, un impulso al eje mediterráneo para dar salida a su producción hortofrutícola con menores costes de transporte.

Aragón: preocupan, fundamentalmente, los criterios para determinar el envejecimiento, la despoblación y la dispersión, y pide que estas cuestiones tengan "una incidencia especial en este sistema". Reclama también atacar los déficits estructurales generados por la pobre financiación de la sanidad y la dependencia.

Ceuta y Melilla: reconocimiento de su singularidad por ser ciudades situadas en el norte de África.

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