EN LA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Susana Díaz ejerce como líder del PSOE y Rajoy exigirá apoyo a los Presupuestos

La factura de las comunidades socialistas es abultada: financiación, dependencia, 35 horas para los funcionarios, mientras el presidente del Gobierno recuerda que necesita apoyos

Foto: La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)
La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. (EFE)

La titular de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ejercerá este martes como líder del PSOE en la sexta Conferencia de Presidentes, la segunda convocada por Mariano Rajoy. La anterior fue en 2012. Se celebrará en el Senado. Los socialistas son mayoría en esta cumbre autonómica. Presiden siete comunidades —Andalucía, Extremadura, Aragón, Valencia, Castilla-La Mancha, Asturias y Baleares— y cogobiernan en País Vasco y Cantabria.

La cita está ensombrecida por la ausencia de los presidentes de Cataluña, Carles Puigdemont, y del País Vasco, Iñigo Urkullo. Es la primera vez desde que se instauró este órgano en 2004 que no asisten todos los mandatarios. La última reunión se celebró en 2012, con el PP instalado en una cómoda mayoría absoluta que le llevó a ignorar este foro de diálogo con las autonomías durante el resto de la legislatura.

El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha coordinado a los consejeros socialistas ante esta gran cita política. Sin embargo, Díaz, como presidenta de la mayor comunidad y como aspirante a liderar el PSOE, será quien lleve la voz cantante frente a Mariano Rajoy. Es la primera gran cita en la agenda política después del comité federal del PSOE y de que Patxi López se haya postulado como candidato a ‘jefe’ de los socialistas. Andalucía, junto a Galicia, Asturias y Cantabria, estará en la cabecera de la mesa junto a Rajoy.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. (EFE)


Compromisos, nada concreto

La lista de reivindicaciones del PSOE es potente. Los socialistas exigen un nuevo sistema de financiación autonómica y ponen el foco en la necesidad de que el Gobierno cumpla con los fondos que exige la ley de dependencia. Andalucía, por ejemplo, asume el 80% de los fondos necesarios para cumplir la ley, pese a que esta fija un reparto del 50% con el Estado. El Presupuesto de 2017 destina 1.159 millones de euros. Susana Díaz ya ha advertido de que exigirá al Gobierno del PP que cumpla. La vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, ha anunciado que se creará una comisión para analizar el cumplimiento de la ley.

El otro gran asunto sobre la mesa es la reforma de la financiación autonómica. Mariano Rajoy volvió a asumir este compromiso en su discurso de investidura, pese a que ignoró esta promesa la anterior legislatura, con mayoría absoluta del PP. La cita del martes será solo un punto de partida para constituir otra comisión de expertos que comience a evaluar el sistema. Comunidades como Andalucía, que pasa una factura de 4.672 millones de euros, denuncian una pérdida anual de 1.000 millones por el sistema aprobado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La Comunidad Valenciana lidera el 'ranking' de las peor financiadas en estos años.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. (EFE)
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig. (EFE)

Pese a que la Conferencia de Presidentes no tiene previsto abordar ningún aspecto concreto del modelo de financiación, hay ya retos lanzados al Gobierno del PP por las comunidades socialistas. La armonización fiscal o que se compense el pago de intereses del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) están ya sobre la mesa. El Ejecutivo ha lanzado una decena de acuerdos que se refieren también a la financiación y la dependencia, pero que incluyen otras propuestas, como el pacto educativo, la implantación de un bono social, un mayor control de las prestaciones sociales o más voz de las comunidades en los asuntos europeos.

Aunque no se ha lanzado de forma explícita ninguna referencia al respecto, el PP sabe que cualquier acuerdo que suscriba con las comunidades autónomas deberá estar supeditado a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, que siguen en el aire. Este es el gran asunto invisible. El tema de fondo que nadie quiere expresar de forma explícita. Ninguna de las reivindicaciones de mayor financiación tienen cabida si no hay cuentas del Estado. Además, Bruselas sigue vigilante cada paso. El PSOE saca pecho, así lo hizo en la resolución aprobada en el comité federal de este sábado, de sus ‘conquistas’ como oposición para condicionar las políticas del PP. Sin embargo, proclama que en un “99,999%”, en palabras del portavoz de la gestora, el andaluz Mario Jiménez, no dará respaldo a los Presupuestos Generales del Estado.

Susana Díaz ha dejado claro que el PSOE no debe dar su apoyo a las cuentas del PP, “pase lo que pase”, por el gran coste político de ese paso

Los socialistas exigen diálogo con las autonomías. Fuentes cercanas a Susana Díaz sostienen que la presidenta de Andalucía ha dejado claro que el PSOE no debe dar su apoyo a las cuentas del PP, “pase lo que pase”, por el gran coste político que supondría ese paso. Cuando aún el partido no se ha recuperado de la abstención frente a Rajoy, el sí al Presupuesto tendría un elevado coste como antesala de un congreso federal que debe elegir al líder socialista. Si los de Pedro Sánchez se instalaron en el “no es no” al PP, los de Susana Díaz podrían instalarse en el “no es no” al Presupuesto. El escenario es complicado, porque sin cuentas, el PP podría sacar a pasear la amenaza de elecciones anticipadas en un momento en que el PSOE no tiene ni liderazgo, ni proyecto político y cuando las encuestas alertan sobre su hundimiento.

35 horas para los funcionarios

La otra gran demanda que lleva en la cartera Susana Díaz es la de 35 horas para los funcionarios. Desde este mismo lunes, unos 170.000 trabajadores públicos andaluces trabajarán dos horas y media menos a la semana. Exactamente lo mismo que antes de la crisis. En 2012, el Gobierno del PP aprobó ajustes como las 37,5 horas para los trabajadores públicos. La medida, pactada por Susana Díaz con los principales sindicatos de funcionarios, entrará en vigor para todos los trabajadores de la Junta excepto los de justicia y educación, que tendrán que esperar al próximo curso. Regirá para los servicios centrales de la Administración autonómica, los entes instrumentales y los trabajadores de la sanidad, los más ‘quemados’ por los recortes, como atestiguan las mareas blancas, que siguen creciendo en Andalucía.

El Gobierno ha recurrido esta misma medida en el País Vasco y Castilla-La Mancha, por considerar que invade competencias estatales. El recurso no se ha elevado en Andalucía. La medida tendrá un coste para la Junta en su primer año de aplicación de 75 millones de euros, según fuentes de la Consejería de Hacienda. El Gobierno ha emplazado a una reunión bilateral a Andalucía el próximo miércoles, justo un día después de la Conferencia de Presidentes y 48 horas más tarde de su entrada en vigor.

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