No solo dinero: los presidentes autonómicos también quieren más funcionarios

La batería de acuerdos que surgirá este martes de la Conferencia de Presidentes irá más allá del pacto para abrir el melón de la revisión del modelo de financiación autonómica o fijar las necesidades en materia de prestaciones por dependencia. El borrador de acuerdo general que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha consensuado en las reuniones preparatorias previas contempla otras cuestiones, como el embrión de un pacto social y político por la educación, la fijación de mecanismos para elevar la cooperación entre territorios en materia de protección civil o el mejor desarrollo del bono social para combatir la pobreza energética. El listado incluye igualmente un asunto hasta ahora tabú en el ámbito de las políticas públicas: el de la posibilidad de relajar el férreo control sobre las nuevas contrataciones de personal por parte de las comunidades autónomas.

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Ángel Villarino David Brunat Ilustración: Raúl Arias Fotos: Pablo López Learte Unidad de Datos

La mayor parte de las autonomías lleva tiempo reclamando al Gobierno que flexibilice los límites impuestos a la convocatoria de ofertas de empleo público. Como consecuencia de la crisis económica y las medidas de austeridad impuestas desde Bruselas para contener el déficit público, la Ley de Presupuestos Generales del Estado impide aumentar la nómina de funcionarios en las autonomías y tiene restringida la tasa de reposición de aquellos puestos no dedicados a lo que se denomina 'sectores prioritarios' (sanidad, educación y servicios sociales). Ahora, en caso de jubilaciones de funcionarios dedicados a tareas, por ejemplo, administrativas, solamente pueden cubrirse el 50% de las bajas.

Este porcentaje podría comenzar a cambiar, así como también la posibilidad de consolidar a personal que ya trabaja en la Administración pero sin plaza fija. La puerta queda completamente abierta en el borrador del denominado 'Acuerdo de la Conferencia de Presidentes sobre el desarrollo y aplicación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado y de la Movilidad Interadministrativa'. El punto número dos de este documento que mañana debatirán los presidentes con el Gobierno refleja el compromiso de adoptar “las decisiones en materia de tasa de reposición, tanto general como para sectores prioritarios, de forma que garanticen un fortalecimiento equilibrado y sostenible de los efectivos del conjunto de cada Administración”.

[Acceda aquí al borrador de acuerdos de la Conferencia de Presidentes]

El texto, al que ha tenido acceso El Confidencial, abre la puerta a flexibilizar las limitaciones actuales “en el marco de la oferta pública de empleo anual que se apruebe en la Ley de Presupuestos, para atender las necesidades de los sectores prioritarios", pero introduce como novedad al personal de emergencias y la revisión de la tasa de reposición general.

Del mismo modo, en el punto número 3 del borrador de acuerdo, se incluye el compromiso de realizar un análisis del “porcentaje de interinidad” en los servicios públicos esenciales, singularmente en educación y sanidad, para buscar fórmulas que permitan “reforzar la estabilidad de las plantillas de personal en dichos ámbitos, en aras de garantizar una prestación de los servicios públicos de mayor calidad y sostenible financieramente”.

Un ejemplo: Valencia necesita 4.500 plazas

La reivindicación de elevar las tasas de reposición ha sido constante por parte de casi todas las autonomías. Ha sido un tema de debate habitual en las reuniones técnicas con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (este último departamento, ahora controlado por la vicepresidenta Santamaría). Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía o Valencia han lanzado advertencias sobre el envejecimiento de sus plantillas y la necesidad de abrir la mano en las contrataciones y ofertas de empleo público. En los Presupuestos Generales de 2015, el Gobierno ya elevó del 10% al 50% la tasa de reposición en sectores no prioritarios, lo que ha dado pie a que aumenten las convocatorias de empleo público en comparación con años anteriores.

Un ejemplo de esta circunstancia es la Comunidad Valenciana. El Consell de Ximo Puig y Mónica Oltra ha alertado de que en los próximos cinco años necesitará cubrir 4.500 plazas por la jubilación de cerca de 5.000 funcionarios. El 60% del personal fijo de la Generalitat tiene más de 50 años, y de estos, el 13% supera los 60 años, según el Plan Estratégico en Materia de Recursos Humanos presentado por la 'consellera' de Jusrticia, Gabriela Bravo, y elaborado desde la Dirección General de Función Pública de Eva Coscollà. El 'conseller' de Hacienda, Vicent Soler, ha reclamado en varias ocasiones a Montoro y su equipo que aligeren las limitaciones a través de la Ley de Presupuestos. El alcance del cambio se verá a partir de este martes y en las cuentas para 2017 que el Gobierno de Mariano Rajoy debe negociar en las próximas semanas.