PROHÍBE EL 'FRACKING' Y LAS NUCLEARES SE IRÁN CERRANDO

El PSOE revienta la reforma laboral y los autónomos cotizarían por ingresos reales

El programa de gobierno que negocia el PSOE incorpora precisiones sobre su apuesta electoral. En general, supone un endurecimiento de la fiscalidad empresarial y una nueva reforma laboral.

Foto: Un grupo de personas espera para entrar en una oficina de empleo. (EFE)
Un grupo de personas espera para entrar en una oficina de empleo. (EFE)

El programa de Gobierno que propone el Partido Socialista al resto de fuerzas políticas de cara al debate de investidura contiene importantes precisiones respecto del programa electoral. En particular, en cuestiones como la energía, el mercado laboral o el sistema fiscal.

Así, por ejemplo, propone prohibir el 'fracking' y la puesta en marcha de nuevas exploraciones de hidrocarburos. Igualmente, plantea el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil, además de una reforma en profundidad del real decreto que regula las modalidades de suministro y producción de energía eléctrica mediante autoconsumo, incluido el denominado 'impuesto al sol'.

En esa misma línea, propone acometer una “reforma en profundidad” del mercado eléctrico, incluida una auditoría sobre los costes regulados integrados en la tarifa eléctrica, así como del mercado gasístico. [Consulte la propuesta completa]

En relación al sistema impositivo, lo que plantean los socialistas es una “reforma integral” de la tributación de la riqueza. Para ello, se crearía, en caso de llegar al Gobierno, una comisión de expertos que “estudie y presente una propuesta concreta”. Dicha comisión se constituiría en el primer trimestre de la legislatura, de forma que sus conclusiones se puedan incorporar en los Presupuestos del Estado de 2017.

En relación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y al Impuesto de Patrimonio, lo que se propone es el establecimiento en ambos de un “mínimo común” que se aplique en todo el territorio para evitar en la práctica su vaciamiento. Al tiempo que se apuesta por la aprobación de una fiscalidad medioambiental, “siguiendo los estándares europeos”, cuya principal figura sería un Impuesto a las Emisiones de CO2, que se incorporaría en una nueva Ley de Cambio Climático.

Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. (EFE)
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE. (EFE)

Sobre el Impuesto de Sociedades, se plantea su reforma ensanchando sus bases imponibles (por lo que se tributa), con el objetivo de asegurar una tributación mínima del 15%. Y en la misma línea de endurecimiento de la fiscalidad empresarial, se insta a impulsar la puesta en marcha definitiva de un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), tal y como ya han acordado 11 países de la Unión Europea, entre ellos España.

En la relación a la fiscalidad de los trabajadores por cuenta propia, lo que llevará el PSOE a la mesa de negociación es la modificación de la Ley General de la Seguridad Social para “acercar” la cotización a la Seguridad Social de los autónomos a sus “ingresos reales”. Y en consonancia con las recomendaciones del Pacto de Toledo, sostiene, se debe avanzar en la “posibilidad” de que los autónomos coticen “por los rendimientos netos que reciben”. También pretenden modificar la Ley del IRPF para acercar las retenciones de los autónomos a sus ingresos reales.

Respecto de la reforma laboral, lo que se plantea es la supresión de la prioridad absoluta del convenio de empresa sobre los convenios de ámbito superior, “que solo se mantendrá cuando no exista pacto en contrario en convenios sectoriales de ámbito superior”.

Igualmente, propone el mantenimiento de la ultraactividad de los convenios colectivos (el tiempo de vigencia una vez que han caducado) durante el periodo de renegociación y establecimiento de un periodo máximo (12-18 meses) a partir del cual, y previo acuerdo interconfederal, se remitirían las discrepancias a un procedimiento arbitral.

Igualmente, se pretende eliminar el procedimiento actual que permite al empresario de forma unilateral la modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual y colectivo. Al tiempo que propone la supresión en los “descuelgues” de los convenios colectivos del arbitraje obligatorio de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, que sería compensada con el reconocimiento de un mayor papel de las comisiones paritarias de los convenios colectivos sectoriales para pronunciarse sobre los descuelgues. Por último, se plantea el fortalecimiento del papel de las organizaciones sindicales en la negociación colectiva de empresa.

En relación a las modalidades de contratación laboral, nada se dice del contrato único, sino que lo que se propone es recuperar la “proporcionalidad y la razonabilidad” de las causas en los despidos colectivos, desvirtuados, en su opinión, en la reforma laboral de 2012. La legislación laboral, dicen los socialistas, reconocerá expresamente que el despido debe ser la última medida aplicada por las empresas para superar las situaciones económicas adversas. Junto a ello, se restablecerá el valor del informe preceptivo de la Inspección de Trabajo en los despidos colectivos, informe que deberá pronunciarse expresamente sobre la existencia o no de la causa alegada por la empresa en los procedimientos de regulación de empleo.

Por último, se propone suprimir el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, que para el PSOE “no ha servido para favorecer la contratación indefinida” y sí para precarizar aún más la situación de los trabajadores durante ese “amplísimo” periodo de prueba de un año.

Otras propuestas son:

• Reducir a tres las modalidades de contrato de trabajo: un contrato de trabajo indefinido para la cobertura de puestos de trabajo estables; un contrato de trabajo temporal para la cobertura de puestos de trabajo temporales, y un contrato de relevo y para la formación.

• Prohibir la cobertura de puestos de trabajo permanente con contratos temporales, que no podrán tener una duración superior a un año, aunque la negociación colectiva podrá extenderlo hasta dos y determinar tasas máximas de temporalidad en los distintos sectores de actividad productiva, incluidas las administraciones públicas.

• Incorporar desincentivos legales para las empresas que abusen de los contratos temporales, mediante el incremento de las cotizaciones sociales que deban satisfacer.

• Fomento del contrato fijo discontinuo. Las contrataciones de temporada que se plasman en contratos temporales serán reconvertidas a la modalidad fija discontinua con plenitud de derechos.

• Puesta en marcha con la mayor urgencia de un plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de lucha contra la explotación y precariedad laboral.

En relación al sistema financiero, lo que proponen los socialistas es la transformación del Instituto de Crédito Oficial (ICO) en un “verdadero banco público”. Y en particular, se plantea compartir riesgos con la banca privada, reforzando el departamento de Análisis de Riesgos o Desarrollo de nuevos instrumentos, como línea de avales y garantías, e inversiones en modalidad primera pérdida ('first-loss').

Sobre las cuentas públicas, lo que quiere el PSOE es renegociar el calendario de reducción del déficit público pactado en su día con la Unión Europea. Y, en concreto, se asegura que el nuevo Gobierno “debe iniciar una negociación con Bruselas” para acordar unos nuevos objetivos anuales de déficit y deuda pública que atiendan a los nuevos factores que están influyendo en el incumplimiento de los compromisos. Se recuerda en el documento que la flexibilización “ya se ha acordado para otros países (Francia, Alemania, Italia)”.

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