SEGÚN UN INFORME DE CCOO

La renta mínima que propone el PSOE cuesta el doble de lo que dice Pedro Sánchez

¿Cuánto cuesta crear un sistema de rentas mínimas para evitar la exclusión social? El PSOE dice que 6.450 millones, pero un estudio muy reciente de CCOO calcula que al menos el doble

Foto: El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (EFE)
El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. (EFE)

¿Cuánto cuesta el sistema de rentas mínimas que ha propuesto Pedro Sánchez? Según las cuentas del PSOE, 6.450 millones de euros, pero la realidad es probable que sea muy distinta. Un informe muy similar presentado por el gabinete técnico de CCOO unos días antes de que lo hiciera el secretario general del Partido Socialista estima que el coste total anual de extender un sistema de rentas mínimas para la población que hoy está desprotegida ascendería a casi el doble.

El sindicato, en concreto, estima que, si se establece una renta mínima garantizada (el PSOE habla de ingreso mínimo vital) en una cuantía general del 80% del IPREM (426 euros/mes) y el número de beneficiarios en 2,1 millones de personas, el coste anual de esta prestación se situaría en unos 11.000 millones de euros (el 1,1% del PIB). Por lo tanto, un 70% más.

A esa cantidad, incluso, habría que sumar otras partidas. Según el informe presentado en su día por Carlos Bravo, responsable de política social del sindicato, el coste adicional derivado de los complementos por familiares a cargo, que también el PSOE recoge en su propuesta, se situaría en una horquilla situada entre el 0,2% y el 0,4% del PIB (2.000-4.000 millones de euros al año), dependiendo de la fórmula que se tome como referencia.

Ambos informes son muy parecidos en cuanto a la descripción y el análisis del problema, pero llegan a cálculos sobre su cuantía muy distintos pese a tratarse básicamente de la misma población a proteger y en cuantías análogas. En ambos casos, los beneficiarios serían aquellos individuos que se encuentran en edad laboral y queriendo trabajar carecen de empleo y de ingresos para garantizar un nivel de vida suficiente. En palabras de CCOO, una especie de prestación de “último recurso” para evitar que las personas caigan en situación de exclusión social. En palabras del PSOE, se trataría de la “última red de protección”.

Este es el cálculo que hace CCOO.

Durante la presentación que hizo Pedro Sánchez de su propuesta en Mérida, el líder socialista habló de “multiplicar por seis” lo que hoy se destina a protección social por parte de las comunidades autónomas. Es decir, utiliza la misma base económica que los 1.040 millones anuales que ha estimado CCOO con datos de 2013 (no hay cifras más recientes, aunque es muy probable que el gasto haya subido de forma relevante habida cuenta de la extensión del paro de larga duración) que gastan hoy en España las comunidades autónomas sin contar otras partidas como el plan PREPARA o la Renta Activa de Inserción.

Entre los beneficiarios de ambas propuestas no estarían sólo los desempleados que han visto agotar sus prestaciones. También los hijos a cargo en una cuantía que variaría en función del umbral de pobreza. Tanto el informe del PSOE como de CCOO consideran tres niveles: severa, alta y moderada. Y en ambos trabajos se citan tres tramos: 80%, 107% y 133% del IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, que es el instrumento que utiliza la Administración para calcular las cuantías de las prestaciones sociales.

Prestación general

En la propuesta de CCOO –presentada días después por el PSOE con diversos matices–, se establece una prestación general de cuantía equivalente al 80% del IPREM vigente en cada momento (en 2015 la cuantía de la prestación sería de 426 euros/mes), y con el mandato para que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio establezca los complementos oportunos en los casos en los que existan hijos menores o familiares a cargo.

En ambos casos, las prestaciones tendrían carácter subjetivo. Por lo tanto, con posibilidad de ser reclamadas ante los tribunales para evitar los actos discrecionales del Gobierno.

Esta es la propuesta del PSOE.

En ambos casos, se extiende la prestación por hijo a cargo a las rentas familiares por debajo del umbral de la pobreza severa, alta y moderada y se incrementan en tres tramos diferentes según el nivel de renta. Y también en ambos casos la financiación de esta prestación correría a cargo exclusivo del Estado y debería ser asumida íntegramente con imposición general, aunque el PSOE habla de canalizarla a través de la Seguridad Social.

CCOO estima que tomando como referencia los requisitos exigidos para ser beneficiario de la prestación (tener entre 18 y 65 años de edad, encontrarse en situación de no ocupado, no percibir prestaciones de desempleo y carecer de ingresos suficientes), el universo potencial de beneficiarios sería de 2,1 millones de forma directa, lo que supone algo más de 1,8 millones de hogares. El PSOE, por su parte, estima una cifra aproximada. En concreto, 1,84 millones de beneficiarios.

En el año 2013 los perceptores titulares de prestaciones de rentas mínimas que pagan las comunidades autónomas ascendieron a 258.408, frente a los 217.358 del año 2012, lo que supuso un incremento del 19%.

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