Sánchez propone un plan de choque social y rebaja el Estado federal en busca del pacto

Pedro Sánchez ya cuenta con un mínimo borrador de programa para su investidura. De 53 páginas y abierto a los añadidos y modificaciones que introduzcan los partidos con los que quiere dialogar. En él sintetiza las medidas principales del manifiesto electoral socialista de 20-D y señala sus prioridades, como la garantía de la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento de los objetivos de déficit -en torno al 1% en 2019-, la paralización de los desahucios, la creación de empleo a través de planes como la rehabilitación de 200.000 viviendas, reducción del paro a la mitad durante la legislatura, un ambicioso plan de choque social, la derogación de la reforma laboral, la vuelta atrás de la Lomce... ¿Y de la reforma constitucional? El PSOE incluye ese bloque, pero rebaja sustancialmente sus pretensiones iniciales. Habla de revisar el Título VIII de la Carta Magna -el dedicado a la ordenación territorial del Estado- "y los preceptos conexos" y de "desarrollar el concepto de Estado federal", sin más concreciones. Una rebaja sustancial si se compara con la propuesta con la que los socialistas se presentaron a las generales.

El documento se titula, significativamente, 'Programa para un Gobierno progresista y reformista', santo y seña del secretario general y candidato. El PSOE lo trasladó este lunes a los partidos que pueden facilitar la investidura de Pedro Sánchez -Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida-Unidad Popular, Compromís, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias-, se publicó al mismo tiempo en la web del partido y del grupo y se remitió a los medios. Comprende, como anunció el secretario general, siete ejes de medidas: recuperación económica justa, creación de empleo, lucha contra la desigualdad, pacto educativo por la ciencia y la cultura, derechos y libertades públicas, fortalecimiento de la agenda exterior y reforma de la Constitución.

El resultado es un texto que, a grandes rasgos, es una síntesis muy semejante al programa del PSOE el 20-D, aunque rebaja ciertas cuestiones para buscar el pacto, como la cuestión de la España federal o la derogación de leyes como la Lomce o la de Seguridad Ciudadana. En cambio, sí mantiene apuestas firmes como la anulación de la reforma laboral del PP.

[Consulta aquí el programa de Gobierno ofrecido por el PSOE en PDF y aquí el resumen de las 43 principales medidas]

Al último capítulo, el de la modificación "parcial" de la Carta Magna, los socialistas le dedican dos páginas, en las que recuerdan que están "orgullosos" de la Ley Fundamental de 1978 y que no pretenden "abrir un proceso constituyente", sino "mantener los principios e instituciones esenciales de la misma, fortalecer los derechos reconocidos a los ciudadanos y adecuar su texto a las transformaciones experimentadas por nuestra sociedad".

Añaden que la reforma no puede ser el resultado "de la imposición de posiciones ni de la exclusión de ninguno de los agentes políticos", de modo que "sólo podrá salir adelante si es fruto del pacto" y si cuenta con el apoyo de la "gran mayoría de fuerzas políticas y de la ciudadanía". Ya Sánchez se comprometió la semana pasada a que no alumbraría ninguna modificación de la Carta Magna que no contara con el respaldo del PP, que retiene la mayoría absoluta en el Senado y podría en consecuencia bloquear su aprobación.

Corrección de la primera versión

El PSOE propone la creación, "en el plazo de un mes" de una subcomisión para la reforma constitucional en el Congreso encargada de celebrar audiencias durante medio año que permitan "la presentación de un acuerdo sobre el perímetro pactado de la reforma". Perímetro en el que deberían figurar, señala, ocho bloques: el reconocimiento de "derechos civiles y políticos"; el reconocimiento como "derechos fundamentales de derechos sociales e incorporación de garantías sobre la dotación presupuestaria de los mismos"; la supresión de la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona; las bases de un nuevo sistema electoral; la modificación de la composición y funciones del Senado (no se especifica más); la revisión de los aforamientos; la incorporación de la UE en el ordenamiento constitucional y la revisión del Título VIII de la Carta Magna y el desarrollo del "concepto de Estado federal".

En el primer borrador facilitado a la prensa se apostillaba, a ese desarrollo de la España federal la coletilla "si quiera [sic] mínimamente", que luego se eliminó. Sin embargo, en el documento facilitado a los cargos del PSOE sí se rebotó la primera versión, con el añadido de "siquiera mínimamente". A los partidos les llegó igualmente el primer borrador, aunque luego se les advirtió del cambio, según confirmaron fuentes presentes en las reuniones. Antonio Hernando, el portavoz de la comisión negociadora, explicó que todo se debía a un "problema en el control de cambios", involuntario.

El PSOE plantea que la ponencia constitucional pueda iniciar la redacción del nuevo texto a comienzos de 2017. No habla de modificar el 135 de la Carta Magna

Al término de los trabajos de la subcomisión, se procedería al nombramiento de una ponencia constitucional para que "pueda iniciar la redacción de un proyecto a inicios del año 2017".

La propuesta socialista es deliberadamente inconcreta -salvo en los plazos- para intentar buscar el consenso, y no deja de ser llamativo que se resuelva el problema territorial en apenas una línea. La España federal queda totalmente diluida. Incluye expresamente la cuestión de los aforamientos -que el PSOE comparte y que pide Ciudadanos- y no cita en ningún caso ningún referéndum para Cataluña, como querría Podemos. Sánchez siempre ha defendido que la consulta deberá hacerse en toda España una vez aprobada la reforma por las Cortes. Esto último no sorprende toda vez que el PSOE jamás aceptará el derecho a decidir de una parte del Estado y así lo recoge en la resolución del comité federal del 28 de diciembre en la que impone al secretario general los márgenes de un eventual acuerdo para la investidura. Más aún: no se especifica qué solución quiere el PSOE para Cataluña y cómo habría deser el nuevo encaje.

Hernando señaló en rueda de prensa que se optó por un "enunciado más corto" y difuso para que sean "todos los partidos" los que delimiten "el perímetro del acuerdo", y en ello también se requiere al PP. "Nos llevará más tiempo y esfuerzo" llegar a un consenso sobre esta cuestión, explicó.

No sólo eso. El documento no habla específicamente de la modificación del artículo 135 de la Constitución, que fue reformado en plena tormenta de los mercados en el verano de 2011 a propuesta del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y con el apoyo del PP. El PSOE quería incluir una cláusula de estabilidad social -junto al equilibrio presupuestario-, a fin de que se asegure en la distribución del gasto público un nivel adecuado y suficiente de financiación de los servicios y prestaciones sociales". Sí se habla de la "incorporación de garantías sobre la dotación presupuestaria" de los mismos.

No a las cláusulas hipotecarias abusivas

El otro capítulo más jugoso del texto del PSOE es el que hace referencia a la lucha contra la desigualdad. Aquí el partido propone un completo plan de emergencia social, para dar prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión y paliar las situaciones personales y familiares más graves. Este plan incluye el reconocimiento del ingreso mínimo vital como prestación no contributiva para las familias que carecen de recursos -medida estrella del programa del 20-D-, el incremento de la cuantía por hijo a cargo, una estrategia para la inclusión de los sin techo, la aprobación de una ley de protección de consumidores contra la pobreza energética, la subida del salario mínimo (y que este alcance el entorno de los mil euros al término de dos legislaturas) o la recuperación del subsidio por desempleo para los parados mayores de 52 años.

En el plan de choque se incorporan medidas específicas sobre desahucios. Se plantea que a quienes hayan sido desalojados de su casa se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social con un precio acorde a su capacidad económica, que se supriman automática las cláusulas hipotecarias declaradas abusivas por los tribunales o la puesta en marcha de un programa de alquiler social mediante un acuerdo con el banco malo -la Sareb- y las entidades financieras.

Los socialistas quieren subir el salario mínimo, garantizar la sanidad gratuita y las pensiones, revitalizar la dependencia o la igualdad salarial

En el paquete de lucha contra la desigualdad también se propone restablecer la universalidad del sistema de salud público, mayor eficiencia en el gasto farmacéutico (que los copagos no sean una barrera para los pensionistas), restablecer el Pacto de Toledo y garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, aprobar una Ley de Servicios Sociales, revitalizar la Ley de Dependencia, asegurar por ley la igualdad salarial entre mujeres y hombres, acordar un pacto contra la violencia de género o reconocer a todas las mujeres un bonus de dos años de cotización por cada hijo a efectos del cálculo de las pensiones. Se incluyen aquí medidas para la conciliación personal, familiar y laboral.

Consolidar una recuperación "justa"

La parte económica, que persigue consolidar una recuperación económica "justa" e intensificar la creación de empleo de calidad, absorbe casi la mitad del documento. Entre las medidas propuestas, las siguientes:

• Garantizar la estabilidad presupuestaria y negociar con las instituciones comunitarias una nueva senda del reducción del déficit público, que conduzca a que en 2019 se sitúe en el entorno del 1% del PIB. Así venía en el programa del 20-D.
• Aprobar un plan de choque para "reducir el paro a la mitad durante la legislatura". Según la EPA del último trimestre de 2015, se sitúa en el 20,90% (4,7 millones de desempleados).
• Impulsar medidas urgentes para derogar la reforma laboral de 2012 y recuperar el diálogo social con empresarios y sindicatos para dar vida a un nuevo Estatuto de los Trabajadores. Nada se dice de la revisión de los costes de despido, sí de recuperar la proporcionalidad y la causalidad.
• Reducir el paro de larga duración y revitalizar los planes de garantía juvenil.

El texto apunta la voluntad de Sánchez de reducir a la mitad el paro a lo largo de la legislatura y de aprobar una reforma fiscal y aumentar la lucha antifraude

• Reforma fiscal. Los socialistas quieren una modificación integral de la tributación de la riqueza, cambiar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio para establecer un mínimo común, establecer una fiscalidad medioambiental, asegurar una tributación mínima del 15% en Sociedades e impulsar la puesta en marcha definitiva del Impuesto a las Transacciones Financieras. El documento habla asimismo de acabar con las amnistías fiscales, aumentar la lucha contra el fraude y aprobar una auditoría del gasto público ('spending review') de las administraciones públicas para eliminar el gasto superfluo.
• Aprobar una Ley de Cambio Climático y de Transición Energética y prohibir el 'fracking'. Cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir su vida útil, 40 años.
• Impulsar un plan estatal de rehabilitación sostenible de viviendas y edificios. El objetivo es alcanzar "progresivamente 200.000 viviendas rehabilitadas al año" para así fomentar la creación de empleo.
• Permitir la paralización de los desahucios en caso de insolvencia justificada no dolosa.
• Eliminar por completo las cláusulas suelo de las hipotecas.

Memoria histórica y libertad religiosa

Los otros dos grandes bloques son los dedicados a educación, ciencia y cultura y regeneración democrática y lucha contra la corrupción. En esta última parte, fundamental para los partidos emergentes -y especialmente con el aliado más importante, Ciudadanos, comprende iniciativas como estas:

• Nueva Ley de Partidos Políticos, en la que la financiación de las formaciones esté ligada a su grado de democracia interna.
• Reformar el reglamento de las Cortes para facilitar la presentación y defensa de iniciativas legislativas populares.
• Garantizar la plena independencia de los órganos constitucionales y organismos reguladores.
• Reforma del sistema electoral: sin mucha concreción, el PSOE incluye los elementos que venían en su programa, como mejora de la proporcionalidad del sistema, desbloqueo de las listas, paridad, desaparición del voto rogado, celebración de debates electorales.
• Nueva Ley de Libertad Religiosa y de Conciencia.
• Impulsar la aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
• Reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana en los aspectos recurridos ante el Tribunal Constitucional. Aquí hay de nuevo una rebaja respecto al planteamiento del 20-D, porque el PSOE quería la derogación de la llamada 'ley mordaza'.
• Derogación del artículo 315. 3, relativo al ejercicio del derecho de huelga.
• Aprobar la Ley de Igualdad de Trato, revertir la contrarreforma del aborto que aprobó el PP (para garantizar así de manera plena el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad), ley de muerte digna.
• Agravar el delito de financión ilegal de partidos y tipificar la manipulación de cuentas anuales de las formaciones políticas.
• Derogar la prisión permanente revisable introducida por el Gobierno de Mariano Rajoy.
• Endurecer el régimen de incompatibilidades para evitar las puertas giratorias, extendiendo el periodo a cinco años (son dos, actualmente).

Y por último, entre las medidas de carácter educativo y cultural, figuran estas:

• Paralización de la Lomce e impulso de un pacto educativo. Ya no se habla de "derogar" la 'ley Wert'. Un apartado más que se matiza en pos del acuerdo.
• Reconocer las becas como derecho y promover un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula universitaria que tenga en cuenta los niveles de renta familiar.
• Impulsar la formación profesional.
• Promover un acuerdo por la ciencia, recuperar los niveles de inversión pública en I+D+i y alumbrar un plan de repatriación de los talentos fugados.
• Recuperar el Ministerio de Cultura, rebajar al 10% el IVA cultural (ahora es del 21%).

Este texto, al margen de las aportaciones que se puedan consensuar con los grupos, se puede "enriquecer" con las aportaciones que a Sánchez le transmitan los colectivos y entidades que en los próximos días, a lo largo de más de 20 reuniones, se entrevistarán con él, en una agenda paralela a la que mantendrá el equipo negociador socialista en el Congreso.