Montoro da plenos poderes a la Autoridad Fiscal para vigilar las cuentas públicas

La ley lo dice de forma tajante: “Ni el presidente, ni el personal ni los miembros de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal podrán solicitar ni aceptar instrucciones de las Administraciones Públicas ni de ninguna entidad pública o privada”. En estos términos se expresa el Estatuto orgánico de la nueva ‘policía’ fiscal, llamada a desempeñar un papel esencial en el control de las cuentas públicas.

Así aparece reflejado en la norma que da carta de naturaleza a su funcionamiento, y que supone un salto cualitativo respecto de la situación actual. Entre otras cosas porque su primer presidente, el economista José Luis Escrivá, tendrá un mandato de seis años, lo que le aleja de los ciclos electorales. El Estatuto, de hecho, reconoce su autonomía funcional, debiendo actuar siempre “con plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y de cualquier otra organización pública o privada”.

Además, ni su personal ni sus miembros podrán recibir ni aceptar instrucciones de ninguna entidad. Sus tres directores generales serán nombrados y cesados por el Consejo de Ministros. Pero siempre a propuesta del presidente de la Autoridad, cuya creación es una exigencia de la Unión Europea.

Para llevar a cabo esos objetivos, sostiene el Estatuto, la Autoridad tendrá acceso a toda la información económico-financiera de las Administraciones Públicas sobre las que ejerce sus funciones, a través de la Central de Información, si bien la podrá requerir directamente a la administración correspondiente. Y en caso de que esa información no llegue, la Autoridad estará obligada a publicar una advertencia en la página web de la entidad. Una especie de amonestación pública, pero sin sanciones administrativas.

¿Y con qué medios contará para sacar adelante esos objetivos? El Estatuto articula sus funciones en tres áreas: una división de análisis económico, orientada a realizar previsiones de coyuntura y seguimiento del endeudamiento; otra de análisis presupuestario, destinada a analizar las sostenibilidad de las cuentas públicas del Estado y de las administraciones públicas en línea con lo que determina la Ley de Estabilidad Presupuestaria, y otra la división jurídico-institucional, encargada de encauzar todas las cuestiones normativas.

No serán los únicos que tengan voz. El nuevo Estatuto prevé que el presidente pueda solicitar la asistencia a las reuniones del Comité Directivo –el máximo órgano de decisión– de expertos de “reconocido prestigio nacional e internacional” para asuntos concretos. Y la propia norma matiza que sin remuneración alguna. “No se devengará derecho a retribución alguna por la asistencia de expertos a las reuniones del Comité Directivo”, se aclara.

Mérito y capacidad

Los directores de división, según el Estatuto, tendrán la consideración de personal directivo profesional y serán seleccionados conforme a los principios de mérito y capacidad. Ahora bien, y como novedad en el sistema de contratación español, se especifica que además de los funcionarios de carrera, se pueda contratar a personal laboral “procedente de organismos nacionales o internacionales con funciones de control o análisis económico, fiscal, presupuestario o financiero”.

La intención de la Autoridad –que prevé contar con alrededor de medio centenar de empleados públicos cuando esté plenamente operativa– es poder echar mano de altos funcionarios que hoy están trabajando fuera de España, en organismos como el FMI, la OCDE o el BIS (Banco de Pagos Internacional), último destino del presidente de la entidad (anteriormente director del servicio de estudios del BBVA).

Las restricciones presupuestarias son, en este sentido, un problema para captar personal, pero el nuevo Estatuto se cura en salud y prevé que el personal laboral que proceda “del Banco de España y demás administraciones u organismos nacionales o internacionales” pueda percibir su retribución bien del organismo de origen o de la propia Autoridad Fiscal, aunque siempre sometidos a las normas de incompatibilidades y confidencialidad que se aplican en la Administración.

¿Y cómo se financiará la Autoridad? La norma establece que lo hará a través de tasas que se repercutirán a las distintas administraciones por “análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal”. Es decir, que los recursos saldrán de los propios organismos fiscalizados, aunque también se abre la puerta a recibir financiación procedente de los presupuestos del Estado.