El Gobierno pone en manos de centros privados la formación de los trabajadores

El nuevo sistema de formación en las empresas está en marcha. Pero no será, en absoluto, un camino de rosas. Sindicatos y empresarios -que son hoy quienes lo gestionan al tratarse de cuotas afectas a la Seguridad Social con carácter finalista- enmiendan de plano el texto que, a principios de este mes, les ha remitido el Ministerio de Empleo.

Los primeros, porque pierden peso -también los empresarios- con el nuevo sistema al abrirse la formación a entidades privadas para que puedan competir en precios sin tener en cuenta otros factores de carácter social; y los segundos, porque reclaman la generalización del llamado ‘cheque-formación’, que facultaría a las empresas la libertad total a la hora de elegir los centros en los que se imparten las clases. Una especie de formación ‘a la carta’. Ahora, sindicatos y patronal imparten los cursos a través de centros acreditados.

La nueva ley estará dirigida a mejorar la empleabilidad de los ocupados, no de los parados, que tiene otras vías de acceso al conocimiento a través de las llamadas políticas activas (vinculadas a los servicios públicos de empleo y financiadas con impuestos). Lo que quiere el Gobierno ahora es impedir el doble papel de los agentes sociales en el sistema de formación: tanto en la planificación y diseño como en la impartición de cursos, en línea con lo que planteó en su día el Tribunal de Cuentas Europeo.

Segúnlos sindicatos, “no se puede dejar la planificación y diseño de la formación en manos deintereses privados”, toda vez que trabajadores y empresas son los que aportan (el 0,7% de las nóminas) la cuota con la que se financia el sistema. “¿A quién representan las entidades de formación?”, se preguntan UGT y CCOO en undocumento interno. Como sostieneTeresa Muñoz,responsablede Formación de UGT, hay un peligro cierto de que en la oferta formativa se excluyan los cursosmás carosy menos rentables. También los que se realizan en el ámbito rural o que se ponga énfasis en el fomento de cursos teóricossin prácticaspara ahorrar costes.

Sea como fuera, lo cierto es que el nuevo modelo que propone el Gobierno -y que, según algunas fuentes, suscitó un acalorado debate en la reunión que tuvo recientemente Rajoy con sindicatos y empresarios- toca una parte significativa de la financiación de los agentes sociales (en especial de las patronales CEOE y Cepyme), y de ahí que las negociaciones estén siendo duras. No en vano, tan sólo la cuota de formación profesional que se paga a través de las nóminas ascenderá este año a 1.778 millones de euros, y a esta cantidad hay que sumar los fondos de la Unión Europea (UE) o los consignados en la ley de presupuesto estatal o en las leyes autonómicas.

Requisitos para impartir clases

El meollo de asunto es quién podrá impartir los cursos de formación, y lo que dice el borrador es que podrán participar todas las entidades de formación que cumplan los requisitos establecidos “en régimen de competencia y concurrencia competitiva”. CEOE cuestiona este principio y, por el contrario, recuerda que la citada “concurrencia competitiva” ya “ha sido incluida en las convocatorias de planes de oferta 2012 y 2013, con resultados, cuanto menos, cuestionables”. Por ello, propone que se incorporara el concepto de “concurrencia competitiva ordenada” que debería dar respuesta a unos requisitos previos establecidos, frente a una concurrencia competitiva de carácter “universal”.

El documento del Ministerio de Empleo crea un Registro estatal de centros formativos. Con ello, se quiere dotar de mayor transparencia al sistema y evitar fraudes como los que han sucedido en los últimos años. Y en este sentido, el borrador apuesta por “reforzar la capacidad sancionadora del Servicio Público de Empleo Estatal y de los Servicios Públicos de Empleo autonómicos en caso de incumplimiento que asegure un justo reparto de responsabilidades”. De lo contrario, sostiene el documento entregado a los agentes sociales, no sólo resulta ineficiente realizar estas actuaciones, sino que persisten los incentivos a conductas contrarias al sistema.

Este registro está llamado a tener una gran importancia, ya que no sólo servirá para la difusión del conjunto de centros disponibles para cada una de las especialidades formativas, sino también para “permitir el seguimiento, la evaluación y la publicidad de la calidad de la formación impartida”. Esta publicidad, sostiene el borrador, “contribuirá a corregir asimetrías de información”, favoreciendo que las pequeñas y medianas empresas “puedan identificar las entidades formativas de calidad y que los trabajadores conozcan el abanico de posibilidades de formación a su disposición”. Para ello se creará un Catálogo de Especialidades Formativas.

Liderazgo del Estado

Es decir, que se liquidaría el modelo actual, copado por empresarios y sindicatos. A estos en el nuevo proyecto, se les asigna un papel de colaboradores para hacer posible que el sistema funcione, pero se deja claro que se trata de “reforzar el liderazgo que debe ejercer la Administración General del Estado”, en línea con lo establecido por el Tribunal Constitucional, que ha delimitado las competencias de las distintas administraciones.

Pero, al mismo tiempo, haciendo coherente este principio con el hecho de hacer efectivo en el marco de la empresa “el derecho individual del trabajador a la formación”. Es decir, que no tenga únicamente un carácter colectivo, y, por lo tanto, se desarrolle al margen de la negociación entre sindicatos y empresas., en línea con lo que ya introdujo la última reforma laboral. En este sentido, y para lograr esos objetivos, se propone la creación de un Consejo General de Formación Profesional destinado a coordinar las distintas actuaciones, tanto en el ámbito educativo como laboral.

Los sindicatos, por su parte, plantean la necesidad de crear una Agencia Nacional para la Formación Profesional en el Empleo que incorporare a las comunidades autónomas y también a las propias centrales y los empresarios, o, en su caso, a la actual Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo.

¿Y cómo financiar la formación profesional? Lo que se propone es además de encontrar nuevas vías, la puesta en marcha de un método de cofinanciación por parte de la empresa y, en paralelo, la financiación mediante anticipo parcial. El próximo miércoles, una nueva reunión.