Popular negocia 'in extremis' con Economía evitar que le impongan ayudas públicas

Horas decisivas para Banco Popular, que ha salido mal parado del análisis individual de los balances del sector bancario español. Según distintas fuentes próximas al proceso, Oliver Wyman ha concluido que la entidad presidida por Ángel Ron necesitará ayudas públicas transitorias para recapitalizarse. Una conclusión que rechaza el quinto banco español, que ha presentado alegaciones contra el informe remitido al Banco de España y al Ministerio de Economía para evitar ese estigma.

El asesor del Gobierno para el rescate bancario ha determinado que Popular forme parte del Grupo 3, es decir, de las instituciones financieras que han suspendido los test de estrés y que tienen que cubrir ese déficit de capital por vía privada o con ayudas públicas en forma de bonos convertibles (los conocidos CoCos). Según Oliver Wyman, esta entidad tendrá que recurrir a la segunda opcion -ayudas públicas temporales- porque su desfase patrimonial supera el 2% de los activos ponderados por riesgo (APR). Esos CoCos podrían ser devueltos el 30 de junio de 2013, por lo que no se consideraría oficialmente ayuda estatal de ser reembolsados al Estado.

Popular confiaba en ser encuadrado en el Grupo 3, pero generando recursos propios de forma privada. El matiz es vital, puesto que en el primer caso el Estado no interviene en la gestión de la entidad, mientras que en el segundo los administradores del Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) pueden llegar a sentarse en el consejo de administración, limitan los salarios de los directivos y pueden suprimir el dividendo. Todo ello si los CoCos se convirtieran finalmente en acciones ordinarias en 2013.

Ante esta situación, Ron está intentando convencer al ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre lo que considera errores en el método empleado por Oliver Wyman, que determina que Popular requiere unos 3.000 millones de euros para llegar al 6% de core capital en el escenario adverso de los test de estrés. Fuentes oficiales del banco han reconocido que "hemos presentado alegaciones contra el informe" porque estima que hay "errores fundamentales". Sin embargo, fuentes próximas a las conversaciones indican que el sistema utilizado es el mismo para todos y que es muy difícil hacer excepciones porque se perjudicaría al resto.

Ron también está manteniendo reuniones con los responsables de Oliver Wyman antes de que el viernes se conozcan los datos oficiales. “Ahora mismo, Popular está en el Grupo 3.2. El viernes, ya veremos”, indican fuentes cercanas a las negociaciones entre las tres partes para referirse a la situación existente, dado que Banco Popular es la única entidad que se encuentra en esta tesitura.

En el Ministerio no han sentado muy bien las últimas declaraciones del presidente de Popular, que la semana pasada dijo los resultados del informe de Oliver Wyman "van a añadir más confusión", "debilitarán" a las entidades y ralentizarán la recuperación del cauce del crédito. "Por tanto, es dudoso que a consecuencia de eso tengamos una mejora de la credibilidad a corto plazo", manifestó en un acto público en Barcelona.

El plan B, en cuarentena

Popular, que oficialmente asegura no tener constancia del dictamen de la consultora, sostiene que con los 7.100 millones de ingresos que generará entre 2012 y 2014, las desinversiones por 2.300 millones y la ampliación de capital de 700 millones prevista tras la compra de Banco Pastor son suficientes para cumplir con las nuevas exigencias de solvencia.

Sin embargo, fuentes financieras discrepan de que Popular pueda captar 2.300 millones mediante la venta de su banco por Internet y del negocio de tarjetas, como tiene en sus planes. Ambas operaciones, anunciadas en junio, todavía no han salido al mercado, pero varios bancos de inversión sostienen que esos dos activos no pueden suponer más del 60% de la capitalización actual del grupo (apenas 4.000 millones).

En este sentido, agregan que la solución más rápida es realizar una ampliación de capital superior a los 700 millones previstos. Se habla de unos 1.500 millones, que tendrían el compromiso inequívoco de los accionistas de referencia: la Sindicatura, Allianz, Crédit Mutuel y Américo Amorín. No obstante, tanto el grupo alemán como el francés han dejado caer sus reticencias a tomar más riesgo en España, aunque la operación se hiciera con un descuento del 50% sobre el precio actual en bolsa. Todos ellos ya han sufrido varias diluciones por las ampliaciones realizadas en los tres últimos años

Los informes de los analistas sobre las necesidades de Popular ofrecen cifras dispares. JP Morgan y Merrill Lynch defienden que el desfase patrimonial es de 3.295 y 3.103 millones de euros, por lo que colocan a la entidad en el Grupo 3.2. Mientras tanto, JB Capital dice que la cifra no será mayor de 1.700 millones y que, en consecuencia, no serán necesarias ayudas públicas.