"Es un despropósito absoluto": el cine español clama contra la nueva ley audiovisual

El sector del cine español se ha levantado contra la Ley General de Comunicación Audiovisual, aprobada en el Congreso este jueves. En cuestión de horas, las principales asociaciones audiovisuales (incluida la Academia de Cine y el European Producers Club), todas las asociaciones españolas de productoras independientes, además de decenas de actores, directores o productores, han firmado un manifiesto para rechazar una enmienda introducida por el PSOE a última hora. En apenas unas líneas, la modificación introducida por los socialistas ha dado la vuelta a la definición de productor independiente en el texto de la ley y, con ello, a la obligación de las televisiones de invertir un 5% en producciones independientes.

Con este cambio de última hora, una productora asociada a un gran grupo audiovisual podrá acogerse a la nueva definición de productor independiente si realiza sus contenidos para otro gran grupo audiovisual con el que no tenga vínculos. Por ejemplo, un productor vinculado al grupo Mediaset podrá ser considerado "independiente" si genera sus contenidos para Atresmedia, y viceversa. "Es una sentencia de muerte para la industria audiovisual española tal y como la conocemos", así es como lo definen los firmantes del manifiesto. La nueva ley no solo ha enfrentado contra el PSOE al audiovisual español, sino también a los socios de Gobierno en una votación farragosa que ha salido adelante gracias a la abstención del PP, a la que se han sumado Ciudadanos y Unidas Podemos. En contra, han votado CUP, Bildu, ERC, BNG, Compromís, Junts per Cataluña, PDeCAT, Navarra Suma y Vox.

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"Es un despropósito absoluto", opina María Zamora, socia de Elástica Films y productora ejecutiva de 'Alcarràs', uno de los últimos éxitos internacionales del cine español. "Todos los productores que conozco en los 20 años que llevo trabajando están de acuerdo. Esta enmienda técnica de última hora viene de unos intereses que para nada juegan a favor del sector. En mi opinión, tiene que ver con un saldo y cuenta del Gobierno con las televisiones a raíz de haber abierto mucho la mano con las plataformas, básicamente". Precisamente, otra de las claves del texto aprobado son las plataformas. Estas deberán reservar un 30% de su catálogo para obras europeas. De ese 30%, un 50% deberá realizarse en la lengua oficial o cooficial. Y, de ese 50%, un 30% deberá estar en lenguas cooficiales. Este fue el pacto que el Gobierno acordó con ERC como condición a su apoyo a los presupuestos en el Consejo de Ministros en octubre del pasado año. Y, a pesar del cual, ERC ha votado finalmente contra ley.

"Los productores independientes somos empresarios que no estamos vinculados a cadenas de televisión y plataformas. Es un sector que da trabajo a miles de familias. Las dificultades siempre han estado ahí, pero esta transposición de la ley audiovisual era una oportunidad de oro que hemos perdido", lamenta esta productora. "En nuestro caso, no se ha seguido la esencia de la directiva europea de proteger la diversidad. Gracias a esta enmienda y a otras que se colaron en el proyecto de ley, se ha perdido la oportunidad de compensar que el contenido audiovisual de este país siga quedando en muy pocas manos: las de las plataformas y los grandes grupos".

"Un escándalo a nivel europeo"

La votación de este nuevo texto llega meses después de la aprobación de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Unión Europea. De hecho, el PP ha justificado su abstención en el Congreso por el riesgo a que Bruselas impusiera "multas millonarias" a España. La trasposición de esta directiva para adaptar la Ley General de Comunicación Audiovisual debería haberse aprobado antes de septiembre de 2020. Álvaro Longoria, fundador de Morena Films y vicepresidente del European Producers Club, considera que la modificación de la ley responde "a una miopía de un Gobierno que no conoce qué es lo que está tratando" y a una cesión "ante las presiones" de los grandes grupos audiovisuales.

"En Cannes, hemos celebrado el consejo del Club de Productores Europeos, en el que estamos más de 250 productores de varios países. Hemos tratado esta cuestión en la reunión y se ha percibido como un escándalo en España, sino también en toda Europa", explica Longoria. "El espíritu de la directiva europea es luchar contra la falta de diversidad y la 'uberización' de la producción audiovisual. Pero esta modificación de última hora, que se ha hecho por la puerta de atrás, no solo no respeta esta idea. No protege el ecosistema de pequeños y productores españoles", lamenta.

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Para Longoria, la normativa aprobada en España abre la puerta a "una gravísima" concentración de la producción. "Ahora mismo, nosotros estamos enfocados en pedir a la Comisión Europea que obligue al Gobierno español a rectificar y a cumplir el espíritu de la norma europea. Desde luego, esta ley no lo hace", argumenta. "No solo no está pactada con nosotros, no solo se ha hecho por la puerta de atrás, sino es que encima va en contra de la esencia de la normativa. Tenemos un Gobierno que no entiende y que se ha dejado influenciar por los 'lobbies' de los grandes grupos audiovisuales".

La semana pasada, la Comisión Europea denunció a España al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante el retraso en la trasposición de la directiva de Bruselas. Además, solicitó que se impusieran sanciones financieras. Ahora, la ley aprobada en el Congreso pasará al Senado, donde deberá continuar su trámite parlamentario a contrarreloj, con los socios de Gobierno divididos por primera vez en una votación y el sector audiovisual español en su contra.