Alierta pone a prueba la independencia de Gobierno y CNMC con su asalto a Canal+

La brutal subida de la luz abortada por el Gobierno tras la polémica subasta de diciembre parecía una patata caliente sin parangón para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), obligada a pronunciarse sobre el entuerto. Por un lado, jugaba la imperiosa necesidad que tenía el Ejecutivo de probar la manipulación de las eléctricas. Por otro, se enfrentaba a un procedimiento lo suficientemente complejo como para descubrir el cuerpo del delito. Todo un reto para un macrosupervisor recién nacido y observado con lupa, bajo el temor de que la nueva estructura escondiera una instancia politizada al servicio del Ejecutivo.

Aparcada por ahora la solución al rompecabezas de la subasta –aún debe hacer público su informe–, la CNMC atisba en el horizonte otro desafío fenomenal, que toca a dos sectores con sensibilidades al menos tan a flor de piel como en el energético, esto es, el de las telecomunicaciones y el de los medios de comunicación. El órdago de Telefónica para tomar el 100% de Canal+, pactando la compra del 56% de Prisa y haciendo a Mediaset una oferta difícil de rechazar por el 22% restante, implica la entrada de lleno en el ámbito audiovisual de un auténtico gigante, capaz de romper el mercado a la hora de, por ejemplo, pugnar por derechos deportivos.

Los números, de momento, ya invitan a la reflexión. Según los últimos datos de la antigua Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), Canal+ y Telefónica (a través del jubilado Imagenio, hoy MovistarTV) concentraban en 2012 casi el 76% de los ingresos de la televisión de pago, y casi un 60% de los abonados. Todos los expertos financieros y legales consultados por este diario avanzaban sin ambages una resolución draconiana por parte las autoridades de Competencia cuando la firma de César Alierta apostaba por hacerse con el 56% de Prisa y alcanzar el 78% del activo. Con la toma de la parte restante de Mediaset, que ha aplazado su decisión hasta el día 4, esos planteamientos hasta se quedarían cortos.

Por ejemplo, una de las limitaciones que se contempla es la introducción de restricciones a la explotación del fútbol. “Lo lógico sería que no pudieran ofrecer este contenido en exclusiva y tuviera que ofrecerse al resto de operadores en igualdad de condiciones”, expone un experto en materia legal a modo de ejemplo. Con estas expectativas del sector, los actores implicados han dado ya los primeros pasos para la resolución de un expediente largo, que puede prolongarse durante más de un año. Y lo que está claro a estas alturas es que tanto Telefónica como la CNMC quieren que el caso se sustancie en España, pese a que por dimensión el asunto atañe a las autoridades europeas. Las interpretaciones son libres.

El precedente de laSexta

El Gobierno también tendrá mucho que decir como poseedor de la última palabra si finalmente el affaire recae en la CNMC. Basta recordar cómo la absorción de laSexta por Antena 3, una operación prácticamente desahuciada por la entonces Comisión Nacional de Competencia (CNC), fue desbloqueada por el Consejo de Ministros en pleno mes de agosto y sin despeinarse, al suavizar de forma radical las condiciones impuestas. Esto es, la posición de Sáenz de Santamaría y los suyos sobre la transacción puede ser la definitiva prueba del nueve sobre la veracidad de ese mantra que repite el Ejecutivo: "A Mariano Rajoy no le interesan las cuestiones de medios". Hasta ahora, el aserto parece no incluir a su entorno.

La cuestión en este caso es si cabe todavía más delicada para el Gobierno, en tanto quien organiza el partido es un amigo de la casa. César Alierta, cabeza visible del Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC), ha sido punta de lanza de los numerosos road shows llevados a cabo por empresarios españoles para vender las bondades de la Marca España cuando más falta hacía, esto es, antes de que la recuperación siquiera asomara. Si el Ejecutivo tiene la última palabra, estará en un brete. Para Telefónica, Canal+ es un activo de enorme valor para su negocio core, en tanto le permitirá lanzar ofertas convergentes mucho más atractivas que la competencia.

Tras absorber a entidades que habían hecho gala de independencia y contestación al interés político como la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la citada CMT, la flamante CNMC se juega mucho en un envite con tantas ramificaciones económicas y tanto en juego por el establishment. Por su parte, el Gobierno, si la cosa se complica, también se verá en una posición delicada. Con los Vodafone, Orange u Antena 3 al acecho, y la seguridad jurídica del país en entredicho por la montaña rusa regulatoria que viven sectores como el eléctrico, todos harían bien en tratar la cuestión de forma escrupulosa. Y si no es mucho pedir, con altos niveles de transparencia.