Este es el duro plan de Reino Unido para frenar la inmigración europea

Las medidas sobre inmigración que puede tomar Reino Unido después del Brexit por fin están sobre la mesa. Londres aplicará restricciones para frenar la entrada de trabajadores de la Unión Europea y pondrá trabas para que se establezcan en el país a largo plazo, exigiendo unos ingresos mínimos anuales de 20.274 euros para que los comunitarios puedan llevar a Reino Unido a sus familiares. También limitará a dos años los permisos de residencia para los trabajadores menos cualificados.

Un documento elaborado por el Ministerio del Interior, marcado como extremadamente sensible y fechado en agosto de 2017, se centra en una política que dará prioridad a los trabajadores británicos. El objetivo del plan es reducir el número de inmigrantes comunitarios menos preparados, a los que se les ofrecería la residencia por un máximo de dos años. A aquellos con una alta cualificación se les concederá un permiso de trabajo de entre tres y cinco años.

Las medidas también incluyen dar prioridad a los trabajadores británicos, obligar a los empleadores a revisar el estatuto de residencia de los trabajadores e imponer sanciones a las compañías que tengan empleados ilegales, señala el informe, filtrado por el diario 'The Guardian', que apunta que el documento pone de manifiesto la posición del Ministerio del Interior sobre el debate migratorio, la cuestión primordial en el referéndum del Brexit. El rotativo destaca que "el fin de la jurisdicción de la justicia europea desmonta el derecho a la reunificación familiar" de los comunitarios residentes en Reino Unido.

Aunque todavía no es oficial, el plan supone un enorme cambio en la forma en que el Ejecutivo de Theresa May trata a quienes llegan a Reino Unido en busca de trabajo. “El Gobierno tendrá en cuenta las necesidades económicas y sociales del país al abordar la inmigración (...) Esto no significa que, para ser considerada valiosa para el país en su conjunto, la inmigración debe beneficiar no solo a los propios inmigrantes sino también a los actuales residentes”, sostiene el informe, titulado 'Fronteras, inmigración y ciudadanía después de que Reino Unido salga de la Unión Europea'.

El documento también sugiere que únicamente podrán cruzar la frontera aquellos europeos que cuenten con una oferta de trabajo, para impedir que los comunitarios busquen empleo. Asimismo, “se dará preferencia en el mercado laboral a los trabajadores que sean residentes”. Esto significa que se implementa una política de 'británicos primero', dado que solo se aceptarán inmigrantes en caso de que ningún británico opte a un puesto de trabajo.

Tras conocerse la filtración, el ministro de Defensa, Michael Fallon, ha asegurado a la BBC que Reino Unido no cerrará las puertas a la inmigración comunitaria tras el Brexit. “No puedo establecer las propuestas todavía (…) se está trabajando en ello. No estamos cerrando las puertas a la futura inmigración, pero tiene que ser gestionada adecuadamente y la gente esperará ver una reducción de las cifras”, ha declarado.

El documento recalca el interés del Gobierno de May en "asegurarse de que los comunitarios que llegaron y se hicieron residentes antes de una determinada fecha podrán continuar viviendo aquí y optar a la residencia permanente". En este sentido, el ministro británico para el Brexit, David Davis, aseguró este martes en la Cámara de los Comunes que en las negociaciones con Bruselas se han logrado "avances significativos" sobre los futuros derechos de los comunitarios. Sus declaraciones chocan con la frustración expresada por el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, quien tras la tercera ronda de contactos afirmó que "no se ha logrado ningún progreso decisivo sobre las cuestiones fundamentales".

¿Qué derechos pueden perder los comunitarios?

Los derechos que los europeos perderán si se aplica el nuevo plan migratorio son los siguientes:

Permisos de trabajo. Todos los ciudadanos europeos pueden actualmente vivir y trabajar en Reino Unido. Sin embargo, la propuesta del Gobierno conservador fija un nuevo esquema de permisos de trabajo. Todos los comunitarios, excepto los más cualificados, deberán presentar una solicitud para lograr el permiso, con un máximo de dos años. A los más cualificados se les ofrecerá un permiso de entre tres y cinco años.

Quien pretenda entrar en Reino Unido deberá demostrar que ya tiene una oferta de trabajo. Los permisos podrían también depender del nivel de ingresos, lo que limita ampliamente la llegada de mano de obra europea no cualificada. Los comunitarios que residen actualmente en territorio británico deberán solicitar un “estatus de residencia permanente” en Reino Unido. Si no lo hacen, podrían perder su derecho a permanecer en el país.

Los británicos primero. La propuesta también dificulta la contratación de trabajadores comunitarios. Se obligará a las compañías a dar “preferencia en el mercado de empleo a trabajadores residentes”. El plan “requerirá a los empleadores que primero contraten localmente”, y añade que “siempre que sea posible, los empleadores de Reino Unido deben cubrir su demanda de trabajadores con mano de obra residente”.

Identificación. Bajo la nueva propuesta, los ciudadanos europeos deberán mostrar su pasaporte para entrar en el país. También podrían estar obligados a registrar sus planes de trabajo y dejar sus huellas dactilares. Además, podría introducirse un nuevo "documento de identificación biométrico" como parte del plan de permisos de trabajo.

Cuotas. En términos prácticos, lo anterior conlleva implementar cuotas de inmigrantes para ciertos sectores. “Puede que limitemos el acceso a ocupaciones en las que no hay escasez de trabajadores, particularmente en actividades que no requieren una alta cualificación”, señala el informe.

Reunificación familiar. Londres se propone reducir las oportunidades para que los comunitarios se establezcan en el país a largo plazo. De acuerdo con la filtración, los comunitarios que vivan en el Reino Unido tendrán más dificultades para traer a miembros de su familia, porque se les exigirá disponer de unos ingresos brutos mínimos anuales de 20.274 euros (18.600 libras).