El Consell de Garanties Estatutàries, el órgano consultivo del Parlament, se ha rebelado contra la presidenta Carme Forcadell y le ha remitido un acuerdo del pleno celebrado hoy mismo en el que se recuerda el carácter “preceptivo” de su función. Lo hace el mismo día en que Forcadell ha optado por saltase este trámite para la aprobación por la vía exprés de la Ley del Referéndum, que en este momento los independentistas de Junts pel Sí y la CUP intentan aprobar en el Parlament.
A petición del PSC, el Consell de Garanties ha explicado que el pleno se ha reunido hoy con carácter extraordinario ante el ninguneo al que le ha sometido la Mesa del Parlament, que encabeza Forcadell. En su acuerdo remitido a la Mesa hoy mismo les recuerda que “corresponde a la Mesa como órgano competente para la cualificación y admisión a trámite de todas las iniciativas parlamentarias tramitar la solicitud del dictamen al Consell en cumplimiento del Estatut y reglamento del Parlament”.
El Consell de Garanties es clave. Si Junts pel Sí y la CUP envían la Ley al Consell de Garanties tienen que esperar un mes a que este órgano consultivo, que forma parte de la propia cámara se decida. Con este plazo es imposible que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont pueda convocar su referéndum para el día 1-O. Queda 3 semanas. Los plazos legales y los plazos políticos no encajan.
Fuentes de Junts pel Sí aseguran que se ignorará la resolución del pleno y que se seguirá adelante con la tramitación que ya va muy retrasada, ya que en este momento la Mesa sigue reunida debatiendo sobre cómo implementar enmiendas a la totalidad, que Forcadell ya ha querido vetar de partida. Total, si está ignorando al Tribunal Constitucional también puede hacerse lo propio con el Consell de Garanties. Sólo que el Consell de Garanties es un órgano creado por y al servicio del propio Parlament.
La rebelión del Consell de Garanties es la segunda del día después de que el secretario del Parlament, Xavier Muro; y el Letrado Mayor, Antoni Bayona, se hayan negado a tramitar el texto legal, igual que el resto de los funcionarios de la cámara, ante el evidente riesgo legal que ello supone.
En el documento al que ha accedido El Confidencial se reconoce que los dictámenes del Consell de Garanties no son preceptivos, pero eso no quiere decir que no haya obligación legal de poder someterla a su juicio si así lo considera la oposición. Un trámite que el Consell equipara por ejemplo a otros como la capacidad de debatir una ley o de presentar enmiendas. Es decir, Junts pel Sí puede ignorar un dictamen pero no puede ignorar la existencia del órgano y sustraerle leyes a su análisis.