El Gobierno acusa a Forcadell de ir contra la democracia y recurre a la vía penal
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El Gobierno acusa a Forcadell de ir contra la democracia y recurre a la vía penal

Según Sáenz de Santamaría, Forcadell y su jefe de filas van contra la esencia de la democracia en los términos conocidos en occidente para copiar a dictaduras

placeholder Foto: La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. (EFE)
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. (EFE)

En primera instancia, el Gobierno ha recurrido en incidente de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional contra la admisión a trámite de los textos para convocar el referéndum independentista y reclama ya que Carme Forcadell y demás miembros de la Mesa de la Cámara autonómica del bloque secesionista respondan ante la Justicia por desobedecer al Tribunal Constitucional.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha sido la encargada de comunicar esa primera respuesta de Mariano Rajoy a los trámites iniciado por el parlamento catalán para consumar su intento de golpe. La ‘número dos’ del Gobierno se ha declarado abochornada como demócrata ante el espectáculo de las fuerzas independentistas y sus procedimientos para burlar la Constitución, el estatuto de autonomía y los derechos de los diputados de la oposición.

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Según Sáenz de Santamaría, Forcadell y su jefe de filas, Carles Puigdemont van contra la esencia de la democracia en los términos conocidos en occidente para copiar el estilo y los modos de las dictaduras “de otras latitudes”. Desde el Palacio de La Moncloa, la vicepresidenta calificó los movimientos parlamentarios de los secesionistas de “patada a la democracia, a Cataluña y a la decencia política”.

Frente a esos primeros pasos y “atropello a los catalanes” para convocar la consulta anunciada para el 1 de octubre, el Gobierno se compromete a hacer cumplir la ley y someter a juicio a los responsables del golpe, la primera Forcadell, y los demás dirigentes separatistas que colaboren para impulsar la sedición.

El Ejecutivo reclama que el TC anule todas las decisiones del parlamento catalán que van contra la Constitución y los propios fallos y advertencias de ilegalidad que el tribunal dicta desde 2015. Forcadell y sus colegas en la Mesa de la Cámara que han admitido la tramitación del texto saltándose los avisos del TC y sin atender a las protestas del PP, Ciudadanos y el PSC se enfrentan ahora a la vía penal ante los tribunales ordinarios. “Todos estaban apercibidos”, recordó la vicepresidenta al Gobierno.

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