El Tribunal de Cuentas cita a 11 altos cargos y Puigdemont apela a la movilización popular

Miedo, mucho miedo. La decisión del Tribunal de Cuentas de reclamar cinco millones de euros a 11 implicados en el 9-N ha dejado sin aire al presidente catalán, Carles Puigdemont. Hasta ahora, los cinco millones de euros que se gastaron en la pseudoconsulta del 9 de noviembre de 2014 se reclamaban a los cuatro condenados por esos hechos: Artur Mas, Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega. Pero la cosa se ha ampliado a siete altos cargos más: Lluís Bertrán i Saura, Josefina Valls i Villa, Carolina Pardo Miguel, Jaume Domingo i Planas, lgnasi Genovés i Avellana, Jordi Serra i Catalán y Jordi Vilajoana i Rovira. Ahora, el Tribunal de Cuentas, un órgano fiscalizador con potestad para hacerlo, ha citado para el 25 de septiembre a otros altos cargos del Gobierno catalán en aquellas fechas. Y eso ha trastocado los planes de Puigdemont y de los independentistas en general.

El ‘president’ convocó este martes de urgencia una cumbre en el Palau de la Generalitat a la que asistieron el vicepresidente, Oriol Junqueras, el expresidente Artur Mas y los líderes de las organizaciones independentistas: Jordi Sánchez, de la ANC; Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, y Neus Lloberas, de la Asociación de Municipios Independentistas (AMI). ¿Por qué los dirigentes cívicos estaban presentes? Porque el Gobierno está asfixiado. Y ahora necesita mover la calle. La munición institucional se le acaba y tiene poco margen de maniobra. O la gente se lanza a las calles o los próceres del ‘procés’ están condenados a ser barridos por la Justicia. Y, por otro lado, se hace más necesario acelerar el llenado de la caja de resistencia para hacer frente al pago millonario, faena que se había dejado en manos de las entidades cívicas soberanistas.

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Minutos más tarde, Puigdemont y Junqueras comparecían en rueda de prensa para clamar contra el Estado español. “Es un salto cualitativo en la estrategia desesperada del Estado español para evitar el referéndum del 1 de octubre”, denunció el ‘president’, recordando que estamos en una semana crucial, en la que los independentistas quieren aprobar por sorpresa este miércoles la ley del referéndum y han convocado un pleno extraordinario para el viernes con el fin de justificar su estrategia. En los ambientes políticos catalanes ya se le conoce como el pleno de las lamentaciones, porque no tiene ningún objetivo concreto, solo lamentarse del asedio del Estado español. Ante eso, Puigdemont apeló de nuevo al victimismo: “La citación del Tribunal de Cuentas es un intento de incrementar las amenazas y las agresiones a los ciudadanos que quieren votar el 1 de octubre. Con ello, el Estado español ha vulnerado todos los procedimientos, saltándose el respeto al Estado de derecho”.

Puigdemont se quejó de que los siete nuevos citados por el Tribunal de Cuentas “no han sido ni siquiera encausados”. Y tiene razón. Pero el Tribunal de Cuentas tiene potestad para citarlos, tomarles declaración y luego tomar una decisión sobre su situación. ‘Dura lex, sed lex’. Lo malo es que ahora los tribunales han llegado al bolsillo particular de cada cual y eso produce urticaria. Habrá que ver cómo se hace frente al desembolso de los cinco millones de euros que les demanda el órgano competente.

“Acto de incautación de patrimonios”

Por eso, el presidente catalán arengó que es un “acto de incautación del patrimonio personal de las personas encausadas, pero lo que busca es atacar derechos fundamentales en democracia”. Advirtió en varias ocasiones de que “el Estado español” se saltó “las garantías procesales en tiempo récord, sin esperar a recibir los expedientes que nos habían pedido”. Y terminó apelando a que “tenemos un respeto escrupuloso a la separación de poderes”. Afirmación, por cierto, muy lejana a la expuesta en la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, que establece que el máximo órgano judicial está formado por una comisión al 50% entre el nuevo Tribunal Supremo de Cataluña y el Govern, cuyo máximo representante en esa comisión fiscalizadora es el propio consejero de Justicia. Una aberración jurídica de la nueva república catalana que dinamita la separación de poderes, según diversas fuentes jurídicas.

Puigdemont se despachó a gusto, subrayando que “si los tocan a ellos, nos tocan a todos. Todos actuaban en nombre del Gobierno de Cataluña. Y el Gobierno de Cataluña actuaba en nombre del pueblo de Cataluña. Por tanto, esto no es un ataque a personas concretas, sino a todos los demócratas. Pero han de saber que no hay alternativa a votar. Pueden ampliar el espectro de gente a la que le afecten en su vida privada, pero no nos pararán”.

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Y acabó sacando pecho: “Como Gobierno, estamos preparados para firmar la convocatoria del referéndum cuando tengamos el texto legal que nos permita convocar este referéndum. Y será esta semana”.

El vicepresidente Oriol Junqueras también fue contundente en la defensa de los encausados por el Tribunal de Cuentas. “Quieren impedir el voto y el funcionamiento normal de las instituciones catalanas y, para ello, el Gobierno del PP abusa de sus instituciones y fuerza una interpretación forzada de la ley. Han de saber que convocar un referéndum y celebrarlo no es un delito, según el derecho internacional y el propio derecho español. Además, así lo dictaminó el Congreso de los Diputados en 2005 y el Tribunal Constitucional en 2011”. Obvió, eso sí, que ese mismo Tribunal Constitucional dictaminó que el intento de forzar un referéndum el 1 de octubre es ilegal. Pero esa interpretación no interesa a la ‘causa’.

Junqueras advirtió del “abuso del papel de determinadas instituciones, pero estas amenazas y abusos reafirman nuestro compromiso con la democracia”. Y terminó clamando: “¿Qué garantía tienen que con este intento de impedir el derecho a voto de los ciudadanos de Cataluña, cuando se salta las buenas prácticas, qué garantía tienen de que algún día el Gobierno no haga lo mismo contra el conjunto de los demócratas españoles? No hay ninguna garantía para ningún demócrata español de que el Gobierno del PP utilice esta interpretación forzada de la ley”. Y cuando las preguntas sobre actuaciones concretas del Gobierno arreciaban sobre los dos líderes políticos, ambos abandonaron a toda prisa la sala de prensa del Palau de la Generalitat, dejando en el aire tantas incógnitas como las que había a su llegada.