Contraofensiva para probar que Banco Popular ocultó un agujero de 3.000 millones

Dentro de dos semanas se cumplirán dos años desde que Banco Popular fue resuelto y vendido a Santander por un euro. Desde entonces, se ha abierto un macroproceso penal con más de 100 acusaciones personadas y se han interpuesto centenares de demandas en tribunales por toda España. El principal hito en estos dos años fue la publicación del informe pericial elaborado por dos inspectores del Banco de España, que apunta a fallos contables e información engañosa en el folleto de la ampliación de 2016, pero sin terminar de 'mojarse' en si las cuentas reflejaban la imagen fiel.

Con la llegada de esta pericial, las acusaciones están engrasando la maquinaria para contraatacar en la Audiencia Nacional, donde previsiblemente no va a haber novedades hasta después de verano, y, sobre todo, en las demandas civiles.

De momento, la punta de lanza es el informe pericial encargado por los despachos B. Cremades & Asociados y Ius + Aequitas Abogados. Estos despachos mantienen el anonimato de la firma autora de su pericial, aunque señalan que se trata de una consultora internacional. 'A priori', se va a usar solo en pleitos civiles, aunque no se descarta su empleo en la Audiencia Nacional. Otro de los informes clave es el de Fieldfisher Jausas, que apunta a que Santander podría haber comprado Popular sin necesidad de consumir todo el capital de los accionistas y bonistas.

Al margen de la confidencialidad de estos informes —tanto en su autoría como en el contenido—, este medio ha consultado a los bufetes sobre sus conclusiones y las irregularidades contables detectadas por los mismos. Estos son sus principales argumentos:

1. Provisiones. Según creen desde las acusaciones, Banco Popular no provisionó los deterioros cuando debía, sino cuando pudo. Bernardo Cremades Jr., socio del bufete, explica que la entidad siempre mantuvo provisiones y coberturas por debajo de sus bancos comparables, salvo cuando se vio forzada: en 2012, tras el rescate financiero y los test de estrés de Oliver Wyman, cuando se produjo la primera ampliación; y en 2016, con el BCE apretando las tuercas al grupo entonces presidido por Ángel Ron. Según este abogado, sus estudios reflejan que Popular tenía que haber provisionado 3.000 millones más en las cuentas previas a la última ampliación. Un agujero de similar cuantía al detectado por el BCE en sus dos últimas inspecciones a la entidad: 1.824 millones en la de créditos y 1.418-1.620 millones en la de adjudicados.

2. Ciclo. Los demandantes ven reforzada su tesis por el hecho de que la morosidad de Popular fuera cada vez a más en sentido inverso al resto del sector. Con la economía en recuperación desde 2013-2014, las entidades españolas comenzaron a mejorar sus cifras de mora, mientras que Popular no paraba de aflorar más créditos dudosos.

3. Folleto de las ampliaciones. En línea con el informe pericial de la Audiencia, los bufetes consultados sostienen que presuntamente Popular no habría transmitido una imagen fiel del banco a los inversores en las ampliaciones de 2012 y 2016. La pericial de los inspectores del Banco de España solo se centra en la última, y apunta que el consejo de la entidad tenía datos internos que le podrían haber llevado a avisar de mayores pérdidas. Por su parte, Bernardo Cremades Jr. y Ius Aequitas mantienen que se distribuyó información que podría inducir a una percepción "irreal" de solidez.

4. Thesan. Para las acusaciones, las presuntas irregularidades detectadas por el BCE y la Agencia Tributaria en la relación de Popular con el fondo Thesan son clave. La entidad habría usado sociedades opacas en Luxemburgo para evitar reconocer las pérdidas en grandes acreditados inmobiliarios. Aunque la pericial de la Audiencia se olvidó de este asunto, los bufetes consultados tienen material preparado para contraatacar con ello en los tribunales.

5. Tasaciones. Este es otro de los puntos clave. Tanto los peritos del Banco de España como los informes del BCE apuntan a tasaciones infladas en las cuentas del Popular durante sus últimos años de vida, antes de la resolución.

6. Expedientes. Por si fuera poco, los demandantes se apoyarán en los expedientes sancionadores de la CNMV y el Banco de España, adelantados por este medio, en que los reguladores apuntan a posibles sanciones administrativas por faltas contables del Popular y sus gestores durante años.

7. Cuentas del rescate. El último frente, pero no por ello menos importante, es por las primeras cuentas de Popular bajo el control de Santander. Cremades Jr. sostiene que estos resultados afloran provisiones en créditos y adjudicados anteriores, que se deberían haber reflejado en ejercicios anteriores, de nuevo de más de 3.000 millones. Por su parte, Fieldfisher Jausas cree que Santander provisionó de más para justificar su precio de un euro (-2.000 millones) por Popular.