Industria y distribución critican en el Congreso la Ley del Medicamento de Salgado

Las críticas de los afectados por el proyecto de Ley del Medicamento ya están en el Congreso. La Comisión de Sanidad escuchó los tira y afloja, principalmente de la industria y distribución farmacéuticas. Una industria compuesta por las compañías de marca, que desean suavizar las medidas económicas del texto, y las de fármacos genéricos, para las que la redacción actual de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios no termina de facilitar su despegue.

Los distribuidores, por su parte, aplauden las medidas que les obligan al abastecimiento de toda farmacia. Sin embargo, echan en falta la misma exigencia para que sus almacenes estén abastecidos por parte de los laboratorios. Asimismo, dejaron claro la imposibilidad de cumplir con la ‘trazabilidad’, esto es, saber en todo momento el estado y situación de cada medicamento.

Con el mayor seguimiento mediático de todos los comparecientes, Emilio Moraleda, presidente de Farmaindustria, recordó ante los diputados las cifras del impacto económico que a medio y largo plazo provocará la nueva ley en los laboratorios de marca. Según Moraleda, el primer año de aplicación significará una reducción de ingresos superior a los 1.000 millones de euros, el 11% de las ventas. Prevén una disminución de los gastos en I+D en España superior a los 1.700 millones hasta 2010 y una pérdida de puestos de trabajo y no generación de empleos adicionales del orden de 2.700 efectivos en el primer bienio de aplicación de la ley.

Farmaindustria solicitó suavizar las medidas económicas que más le afectan: la inclusión de las formas galénicas innovadoras en el sistema de precios de referencia, el pago de ‘tasas’ por ventas incluso en el caso de que la industria crezca por debajo del PIB nominal y la reducción del 20% del precio de los fármacos con más de 10 años de comercialización. Moraleda aseguró que “el sistema de salud no está en crisis” ya que el gasto farmacéutico se ha ido reduciendo en los últimos años y el precio del medicamento es “comparativamente bajo” respecto a los cinco países más ricos de la Unión Europea.

Farmaindustria apuntó que una de las compañías nacionales de marca más importantes está evaluando la posibilidad de reducir el empleo en un 5%, otra terminará con un programa de investigación privado conjunto con instituciones públicas, incluso un laboratorio ha entrado en pérdidas.

Juan Luis Fernández Balaguer, presidente de AESEG, la asociación de laboratorios genéricos en España, también puso sobre la mesa sus cifras. En los nueve años de historia de esta industria tan sólo se ha alcanzado una cuota de mercado del 5,4% frente a porcentajes entre el 20 y 50 de otros países europeos y EEUU, y el 75% de empresas de genéricos están actualmente en pérdidas. Balaguer achaca este limitado avance a la campaña de desprestigio y desconfianza hacia este tipo de medicamentos.

Critica la utilización del genérico únicamente para establecer los precios de referencia y exige la correcta transposición de la directiva europea conocida como ‘cláusula Bolar’ en el texto, esto es, que dos años antes del final de una patente otros laboratorios puedan investigar con las mismas moléculas sin ser denunciados para que, pasados los diez años de explotación de la misma, el genérico pueda estar inmediatamente en el mercado. Balaguer apuesta por la competencia gracias a la presencia de los genéricos para forzar al innovador a bajar voluntariamente los precios y se apresure en sacar nuevos productos para cubrir las patentes vencidas. Aseguran que alcanzada la cuota del 20% del mercado, el gasto farmacéutico estaría controlado.

Dificultades de la distribución

Una de las intervenciones más esperadas en la Comisión de Sanidad tras escuchar las alegaciones de los laboratorios fue la de la Distribución, el ‘segundo escalón’ en la cadena del medicamento y la clave de que todos los españoles tengan acceso a sus tratamientos sin discriminación de ningún tipo, cualquiera que sea su lugar de residencia, sea una gran ciudad o el pueblecito más recóndito de la sierra. Antonio Mingorance, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Mayoristas Distribuidores de Especialidades Farmacéuticas, agrupadas bajo las siglas de Fedifar, fue el encargado de exponer sus argumentos. El presidente de Fedifar accedió al Congreso en un momento en el que la Distribución de medicamentos en España está experimentando un importante proceso de cambio, con fusiones como la de Cofares y Hefame, la expansión de la venta por Internet o la venta directa a las farmacias por parte de los fabricantes.

La primera parte de su exposición estuvo dedicada, precisamente, a exponer la necesidad de reforzar el papel de ese casi medio centenar de empresas que garantizan que los 20.000 medicamentos comercializados en España lleguen a todos y cada uno de sus ciudadanos cuando los necesitan. En un nuevo escenario en el que algunos laboratorios declaran sin ambages sus intenciones de vender sus productos directamente a las farmacias, se echa de menos en el proyecto de ley la obligación de que, aunque recurran a la venta directa, suministren sin recortes de ningún tipo también a los distribuidores y les impidan tener acceso a determinados medicamentos, especialmente los más caros. La propuesta de Fedifar es que se dé a las farmacias la capacidad de elegir el canal de distribución que prefieran, sin cortapisas de ningún tipo.

La segunda objeción no es otra cosa que la llamada ‘trazabilidad’, farragoso concepto con el que se persigue un control exhaustivo de cada envase de medicamentos que circula por España, desde que sale del laboratorio hasta que llega al paciente. Se trata de un reto tecnológico de envergadura que la ley no desarrolla adecuadamente porque su complejidad es enorme. No basta con un artículo en una ley, hace falta diseñar un sistema de implantación muy estudiado habilitando unos plazos para su aplicación. En algunos países de nuestro entorno llevan años estudiando el tema.

El tercer reparo a la ley es el de la prohibición de los descuentos a las farmacias. Una práctica comercial habitual en cualquier sector económico y que se quiere hacer desaparecer de la Sanidad con el argumento de que afectaría a la independencia de sus profesionales para “prescribir, distribuir o administrar” el fármaco que consideren más adecuado para sus pacientes. “Para Fedifar, los descuentos son herramientas de gestión que nada tienen que ver con una práctica comercial que incentive el consumo de un medicamento”, explicó Mingorance ante los diputados de la Comisión de Sanidad.

La Comisiòn debatirá las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. Dado que cuenta con capacidad legislativa plena, no es necesario que el texto pase por el Pleno del Congreso. Así, tras su aprobación el la Comisión de Sanidad de la Cámara Baja, el proyecto pasará directamente al Senado.