La ciencia se paga dos veces

La ciencia no funciona con suposiciones, ni con datos de estudios que no se pueden contrastar. Cuando un investigador cree haber descubierto algo que merece la pena comunicar al resto del mundo, el camino oficial que suele tomar es pedir su publicación en una revista científica de prestigio, como Nature, Science, PNAS o The Lancet, o bien otras revistas de su propia especialidad. 

El descubrimiento será revisado por los colegas de profesión del investigador y, si creen que efectivamente esa investigación es novedosa y relevante, aprueban su publicación. Después, las revistas científicas envían esos descubrimientos revisados a los periodistas, bajo un embargo de publicación con una fecha y una hora determinadas, lo que nos da cierto margen para entender y traducir esas investigaciones al resto del mundo.

Esta forma especial de comunicar los avances científicos tiene una ventaja: permite que el común de los mortales podamos entender si un descubrimiento es auténticamente novedoso y relevante porque tiene un sello, el que le da el complejo proceso de publicación y revisión de Nature o Science. Estas revistas también 'meten la pata', pero el modelo es comúnmente aceptado porque ayuda, al menos, a diferenciar a los científicos que se someten a un examen de los charlatanes.

Un modelo que perjudica a los contribuyentes

El modelo, sin embargo, tiene un grave problema: para acceder a estos estudios hay que pagar. Reino Unido calcula que sus centros de investigación y universidades públicas gastan cada año unos 200 millones de libras en poder acceder a los 'papers' de sus propios científicos, lo cual lleva al absurdo de que el contribuyente paga esos estudios dos veces (cuando se investigó y cuando otro investigador ha querido leerlo), tal y como denunciaba recientemente la comisaria europea Neelie Kroes.

Europa quiere poner fin a esta situación, y quiere que todos los estudios financiados con dinero público sean de libre acceso. No va a ser una tarea sencilla. La revista Nature, una de las más beneficiadas por este sistema, publicó la pasada semana un extenso especial en el que, básicamente, analizaba que el margen de calidad que otorga una revista como la suya (con más de cien editores) cuesta mucho más de lo que realmente se paga, y se preguntaba quién y cómo daría ese sello de calidad si el modelo de acceso abierto se generaliza. Si estas revistas mantuvieran su papel de revisores, como quiere Reino Unido, habría que pagarles por ese papel pero, al menos en el modelo británico, los estudios serían libres.

En España, desconocemos cuánto se gastan nuestros organismos públicos en publicaciones científicas. Además, aunque la Ley de la Ciencia reconoce la necesidad de que los artículos estén en repositorios abiertos, también dice que se puede impedir su publicación cuando “se hayan podido atribuir o transferir a terceros los derechos sobre las publicaciones” y cuando “los derechos sobre los resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación sean susceptibles de protección”. Es decir, prácticamente la totalidad de la investigación pública en ciencia entra en esa excepción, lo que significa que los contribuyentes, aunque no lo sepan, no solo están pagando más impuestos vía IRPF o IVA: todos estamos pagando dos veces por la investigación en ciencia.