VUELVE EL EMBAJADOR PARA "PROTEGER" A ESPAÑOLES

Las fuerzas venezolanas lanzan gas para impedir la marcha de la oposición

Venezuela se prepara para el desafío a los poderes especiales otorgados a Policía y Ejército. Ayer nada se movía en Caracas. Las ONG temen una mayor represión de la sociedad civil

Foto: Simpatizantes de la oposición se encaran con policías durante las protestas para exigir un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, en Caracas (Reuters).
Simpatizantes de la oposición se encaran con policías durante las protestas para exigir un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro, en Caracas (Reuters).

Las fuerzas de seguridad venezolanas han lanzado gases lacrimógenos para intentar desalojar a los opositores que empezaban a reunirse este miércoles en Plaza Venezuela, en Caracas, en el inicio de una jornada en la que la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) quiere exigir de nuevo la convocatoria de un referéndum revocatorio contra el presidente, Nicolás Maduro.

El diputado opositor Hernán Alemán ha denunciado en Twitter que agentes de la Guardia Nacional Bolivariana han comenzado a arrojar gases "para reprimir al pueblo que exige sus derechos políticos". Sin embargo, esta actuación no habría impedido el inicio de la marcha. La MUD ha convocado una movilización en todo Venezuela para exigir al Consejo Nacional Electoral que avance en el proceso de validación de las firmas del referéndum, con el que la coalición opositora optaría a expulsar del poder a Maduro.    

"Cuando te roban en Caracas no encuentras un policía, hoy esyán todos en la calle por el miedo de Maduro a que pidamos al CNE validar nuestra firma", ha afirmado en redes sociales el excandidato presidencial Henrique Capriles, gobernador del estado de Miranda.

Embajador para "proteger" a los españoles

El ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo, ha dado instrucciones para que el embajador español en Caracas, Antonio Pérez Hernández, vuelva a Venezuela después de haberlo retirado en protesta por los "insultos" del presidente, Nicolás Maduro, al jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, al que tildó de "racista, basura corrupta y basura colonialista" 

En declaraciones a TVE, el jefe de la diplomacia española ha explicado hoy que ha dado instrucciones para que el embajador vuelva debido, ha recordado, a que está en Venezuela el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una labor de mediación y a que el lunes viajará al país el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Además, ha continuado García-Margallo, en Venezuela hay 400.000 españoles o con doble nacionalidad que "necesitan protección". El titular de Exteriores ha afirmado que Venezuela está en una situación "absolutamente imposible" y ha añadido que "tal y como está hay que desplegar el servicio exterior".

Sobre Zapatero, que llegó ayer a Caracas con los exmandatarios de Panamá Martín Torrijos y de la República Dominicana Leonel Fernández para intentar mediar entre el Gobierno venezolano y la oposición, García-Margallo ha señalado que ha hablado con él y que cumple "respetuosamente las obligaciones de informar al Gobierno". No obstante y preguntado si esa visita puede ayudar, el ministro ha destacado: "Tengo muy pocas esperanzas en esa mediación".

Las fuerzas venezolanas lanzan gas para impedir la marcha de la oposición

El país contiene el aliento ante las protestas

Venezuela se prepara para las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro que hoy tendrán lugar en todo el país, en un desafío a los poderes especiales otorgados a Policía y Ejército bajo el estado de Excepción para que "mantengan el orden público". Las fuerzas de seguridad contarán con el respaldo de los grupos civiles afines al chavismo. Y, sin embargo, Henrique Capriles insta a la población a desacatar el estado de Excepción y tomar las calles para exigir que se siga adelante con los plazos del referéndum revocatorio.

"Si Maduro quiere aplicar su decreto tendrá que sacar los aviones de guerra y los tanques a la calle, porque tendrá que aplicarlo a través de la fuerza", amenazó el líder opositor en una rueda de prensa, en la que Capriles añadió que el Ejército debe decidir si está "con la Constitución o con Maduro".

La protesta no será la primera de estos días: ya hubo dos movilizaciones la semana pasada en Caracas, aunque las fuerzas de seguridad no permitieron que ninguna llegase al municipio Libertador, donde se encuentran los poderes públicos, entre ellos en Consejo Nacional Electoral, que regula y supervisa el proceso revocatorio, y el Palacio de Miraflores. El Gobierno de Maduro ha blindado las calles, de tal modo que en la protesta del miércoles pasado los manifestantes apenas pudieron moverse de la zona donde arrancaba la marcha. Decenas de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana les impidieron el paso. Una tesitura que, probablemente, se repetirá hoy.

El chavismo también lanzó por sorpresa la semana pasada la segunda fase de la operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP), que consiste en actuar militarmente en zonas en las que se presume hay bandas delictivas organizadas. La clave es que, durante la primera fase, lanzada en julio de 2015, los efectivos detenían sospechosos, 'eliminaban' delincuentes, incautaban armas y drogas y se marchaban de la zona. Ahora, los militares se quedan.

Y con la crispación en máximos, la Asamblea Nacional venezolana, que desde diciembre está en manos de la oposición, rechazó este martes en una sesión especial el decreto firmado por Maduro por el que extendió el estado de Excepción y la emergencia económica. El jefe de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en la Asamblea, Julio Borges, acusó al presidente y a su gabinete de desconocer la Constitución nacional "y el voto de los venezolanos el 6 de diciembre".  "Es un Gobierno débil al que lo único que le queda es la fuerza bruta, el miedo y la amenaza", criticó Borges, asegurando que el presidente se está saliendo de lo previsto en la Constitución. 

Las fuerzas venezolanas lanzan gas para impedir la marcha de la oposición

Nada se mueve en Caracas

El pasado viernes, Maduro firmó la anunciada extensión del decreto de emergencia con el objetivo de "proteger al pueblo de los constantes ataques de la derecha" y de las "fuerzas extranjeras". El Gobierno amplió así su poder durante mayo, junio y julio ante la amenaza de "un golpe de Estado". El plan parece encaminado a la supresión o restricción parcial de ciertas garantías constitucionales para amedrentar a la oposición, al contemplar la prohibición de manifestaciones, el derecho al libre tránsito o registros domiciliarios sin orden judicial.

El martes todavía no había cambios evidentes en una ciudad, Caracas, bajo los efectos del estado de Excepción. En el centro de la capital venezolana no había una presencia militar mayor que la habitual, ni reparto de alimentos ni ninguna actividad inusual por parte del Gobierno. Los ciudadanos abrieron sus negocios y el tráfico era tan denso como de costumbre. 

Las ONG temen una mayor represión

Mientras, las ONG Transparencia Internacional (TI) expresó hoy su preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno venezolano utilice el decreto de estado de Excepción para oprimir a los sectores de la sociedad civil que se enfrentan o cuestionan al Ejecutivo. "La situación extrema en Venezuela, donde la gente corriente está sufriendo como consecuencia de las malas decisiones del Gobierno, no debería ser utilizada como pretexto para atacar y oprimir a la sociedad civil", advirtió el presidente de TI, el abogado peruano José Ugaz, en un comunicado.

Según Ugaz, "en tiempos de adversidades ocurre con demasiada frecuencia que son aquellos que se enfrentan al poder con la verdad los que son acosados e intimidados". "El espacio para la sociedad civil debería quedar protegido. Muchas organizaciones que trabajan para ayudar a los venezolanos a vivir libres de la corrupción, inseguridad y pobreza forman parte de redes internacionales de la sociedad civil y esto no debería ser utilizado para convertir su trabajo en un objetivo", señaló. En la misma línea, la directora ejecutiva del capítulo nacional de TI en la nación caribeña, Mercedes de Freitas, advirtió de que "la sociedad civil en Venezuela no debería convertirse en chivo expiatorio para el dolor que están sufriendo los venezolanos".

Cuando los controles y equilibrios en el Gobierno ya no están disponibles, hay un peligro mayor de que la concentración de poder conduzca a abusos, advierte el comunicado. Transparencia Internacional está profundamente preocupada ante una posible intensificación del acoso y de que el capítulo de esta organización en Venezuela y todo su equipo se convierta en un objetivo.

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