Ofensiva antiindependentista: cartas a 150 embajadores y empresarios contra Artur Mas

El presidente deSociedad Civil Catalana (SCC), Rafael Arenas, envió este fin de semana 150 cartas a embajadores con destino en Madrid, empresarios y opinadores en la que explica las razones de esta organización para oponerse a la independencia de Cataluña. Con la misiva, adjunta el documento que Junts pel Sí (JxS) entregó a la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP) para ser debatido en la asamblea que esta formación realiza durante este domingo.

“El texto es un plan detallado para desintegrar el Estado en Cataluña”, dice la misiva, refiriéndose a la hoja de ruta de los independentistas. Y añade: “Se basa de forma expresa en la resolución del Parlamento de Cataluña del 9 de noviembre, anulada por el Tribunal Constitucional y plantea la creación de embajadas, una Hacienda catalana, la transferencia de funcionarios y otras medidas necesarias para la creación de una república catalana”.

La carta dice que “cuando lea esto, ya sabremos si la CUP ha aceptado la propuesta que hace el grupo parlamentario de Artur Mas(aunque la misiva lleva fecha del 24 de diciembre, se recibirán en las delegaciones diplomáticas la semana que viene). Si es así, el documento se habrá convertido en un plan de acción que comprometerá al futuro presidente de la Generalitat y nos afectará a todos los ciudadanos”.

Para SCC, el texto de la propuesta de Mas a al CUP “desobedece explícitamente al TC y plantea la utilización de los poderes públicos para la destrucción del Estado”.

El documento que se adjunta a la carta y que consta de 46 páginas, destaca los párrafos más relevantes, a juicio de SCC, del documento de Junts pel Sí. La entidad antiindependentista resalta por ejemplo, que el documento incide en que el Gobierno de la Generalitat “asumirá como líneas directrices de su acción de gobierno las que se establecen en la hoja de ruta acordada en la ‘Declaración de inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales’ (adoptada por el pleno del Parlamento de Cataluña el día 9 de noviembre de 2015), incluidas las ‘Medidas a aplicar por parte del futuro Gobierno destinadas a blindar derechos fundamentales afectados por decisiones de las instituciones del Estado’”.

Destaca las “estructuras de Estado” previstas: entre otras, la Agencia de Protección Social, la Agencia Tributaria Catalana y la Ley del Proceso Constituyente

En esa declaración aprobada en la cámara catalana se prevé crear la República Catalana en un plazo de 18 meses, así como se obliga a desobedecer las leyes españolas y las propias sentencias del Constitucional. También resalta que los independentistas preparan “una segunda fase de carácter institucionalmente constituyente, que comprende la celebración de unas elecciones constituyentes, la culminación del proceso de creación del Estado independiente con la aprobación de la Constitución y su ratificación mediante un referéndum”.

Destaca también SCC las “estructuras de Estado” que está dispuesto a poner en funcionamiento el ‘president’, entre otras la Agencia de Protección Social, la Agencia Tributaria Catalana y la Ley del Proceso Constituyente, que pretende sustituir las leyes españolas por normas específicamente catalanas. Asimismo, subraya la creación de un Departamento de Exteriores, la creación de 15 delegaciones exteriores de la Generalitat, un servicio de inteligencia, la Hacienda catalana, la Seguridad Social catalana y el nuevo DNI, entre otras iniciativas.

Tensiones dentro de la CUP

Esta ofensiva pública es contrarrestada desde las filas independentistas con intensas campañas en pro de la secesión. En el interior de la CUP también han arreciado las tensiones estos últimos días. Durante los pasados días fueron el sector histórico el que hizo público un manifiesto para pedir la investidura de Artur Mas para no echar por tierra el proceso. El sector duro, en cambio, insiste en solicitar el no para Artur Mas o para cualquier cargo de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), porque consideran que este partido está salpicado por la corrupción. Los duros prefieren ir a elecciones anticipadas en el mes de marzo a investir a Artur Mas.

Pero las presiones internas son enormes. El mismo día de Navidad, un centenar de alcaldes y concejales de la CUP arreciaron sus presiones a favor de la investidura a través de un manifiesto que lleva el título ‘Ni un pas enrere’ (Ni un paso atrás). En esta llamamiento se reclama “un acuerdo que facilite la investidura y que permita la formación del Gobierno de la Generalitat para poder iniciar la desconexión con el Estado español de manera inmediata”.

Los representantes institucionales piden “generosidad, flexibilidad y empatía” y subrayan que “el apoyo social amplio a la independencia y a la República Catalana al que hemos llegado es un bien colectivo que hemos de preservar y hacer crecer todavía más; y que de ninguna manera se habría de poner en peligro ni dilapidar por falta del esfuerzo político necesario”. Rechazan, pues “la posibilidad de ir a unas elecciones adelantadas en marzo próximo”, que sería negativo porque “representarían la anulación de las elecciones el 27 de septiembre que fueron convocadas, como sabemos, con carácter plebiscitario y constituyente”.

Representarían también “el retorno al marco autonómico y la imposibilidad de construir la República Catalana”, ya que las nuevas elecciones serían simplemente “autonómicas”. Por otro lado, los independentistas consideran que las elecciones avanzadas “ofrecerían gratuitamente la oportunidad de reforzamiento del españolismo, una tendencia que saldría reforzada” e incluso podrían “desestabilizar y debilitar el apoyo social y político a la opción independentista por su carácter estrictamente autonómico”. En este sentido, apuntan a que se favorecerían las “terceras vías” y la posibilidad de que entren en el Parlamento “fuerzas políticas de la derecha catalana más españolista, actualmente arrinconadas y extraparlamentarias”, en directa alusión a Unió Democràtica (UDC).