La CUP pone ‘deberes’ a Mas: abrir 15 nuevas embajadas y tener DNI catalán

Artur Mas ya tiene deberes si finalmente obtiene la luz verde para repetir como ‘president’. En el primer bloque de medidas, Mas se compromete a iniciar la tramitación de las leyes de Protección Social, la Agencia Tributaria Catalana y la del Proceso Constituyente, además de crear una Consejería de Exteriores y la creación de 15 nuevas embajadas que deberán entrar en vigor de manera escalonada. “A este efecto, es preciso poner en práctica las previsiones de selección y formación de personal y precisar los medios necesarios y el cronograma de implementación”, dice el documento que ayer consensuaron Junts pel Sí (JxS) y la Coordinadora d’Unitat Popular (CUP), titulado ‘Propuesta de acuerdo hacia la independencia’.

Un segundo bloque considera como actuaciones imprescindibles la creación de “un servicio de inteligencia”, la definición del modelo de seguridad pública, la Hacienda catalana, la Seguridad Social y las autoridades reguladoras y de la competencia, la gestión de los residuos nucleares y el nuevo DNI catalán, entre otras medidas. Un tercer bloque de medidas demanda ahondar en la mayoría de sectores y un cuarto bloque englobaría temas menos urgentes, como la Ley de Aguas o la Ley de Comunicaciones.

Junts pel Sí se compromete a que en un mes formará una comisión para “la gestión de la deuda y la financiación de un plan de choque social”. En esta comisión participarán representantes del Gobierno y de algunos grupos parlamentarios. En los 10 primeros días también se presentará la petición de constitución de ponencias conjuntas para elaborar las leyes referidas al proceso constituyente, la Seguridad Social y la Hacienda Pública.

En el listado de las principales actuaciones figuran “convertir las delegaciones exteriores en delegaciones diplomáticas y consulares y crear 15 delegaciones nuevas tras la desconexión; crear, después de la desconexión, el Ministerio de Exteriores; crear el Servicio Exterior de Cataluña; completar la estrategia de comunicación y de lobby sobre el proceso de creación del nuevo Estado que ya tenemos redactada y, sobre todo, realizar efectivamente las tareas de comunicación y de lobby que se prevean; crear el pasaporte y visados; delimitar el territorio y preparar acuerdos con estados limítrofes; preparar las bolsas de interinos de todos los cuerpos y preparar la aplicación de los procedimientos de provisión de plazas en el ámbito del poder judicial y de la Administración de Justicia; disponer del Registro Civil, el registro de la propiedad y mercantil; hacer inventario con valor patrimonial de los bienes a repartir con España; crear la estructura organizativa de Hacienda; crear la Oficina Catalana de Fiscalidad Internacional; crear el Consejo Fiscal de Cataluña; acordar la titularidad del Archivo de la Corona de Aragón; regular puertos, aeropuertos e infraestructuras viarias; y determinar el dominio marítimo-terrestre”, entre otras actuaciones.

Iniciativas más urgentes

Las iniciativas más urgentes con impacto presupuestario son el despliegue de la Ley de Pobreza Energética, que fue suspendida por el TC, la aplicación de un plan contra la pobreza infantil y el despliegue de una ley para paralizar los desahucios. El documento detalla, a continuación, todas las medidas del choque social que se han de aplicar los próximos 18 meses y que suman en total unos 270 millones de euros. De ellos, 70 millones son para la renta mínima de inserción y 50 millones para garantizar las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia.

Entre las medidas ya pactadas figuras la aprobación urgente de la dación en pago, el fomento de la economía social y cooperativa, la creación de un banco público y el establecimiento de un “salario mínimo catalán” de una equivalencia aproximada de 1.000 euros mensuales.

Otras actuaciones son la suspensión del proyecto BCN World, el parque temático que pretendía Artur Mas, la prohibición de bajar los sueldos a funcionarios y vender edificios públicos, reducir en un 50% el tiempo medio de las listas de espera, la reapertura de centros de atención primaria, la recuperación de los impuestos de producción energética, emisión de gases y aviación comercial (suspendidos por el TC), reducir el IRPF, reinstaurar el impuesto sobre depósitos bancarios y crear una Policía Fiscal especializada en el fraude fiscal de mayor trascendencia.

El proceso hacia la creación de un Estado, según el documento, consta de dos fases: la primera comenzó el 27 de septiembre con las elecciones autonómicas y tuvo un hito importante el 9 de noviembre, con la aprobación de la resolución de “inicio del proceso de independencia” y constará de la creación de “las estructuras de Estado necesarias desde un gobierno de concentración y el inicio del proceso constituyente de base social y popular. Posteriormente se procederá a la proclamación de la independencia, que supondrá la desconexión respecto al ordenamiento jurídico español vigente y a la aprobación de la ley de transitoriedad jurídica y la ley del proceso constituyente”.

La segunda fase comprende “la celebración de unas elecciones constituyentes, la culminación del proceso de creación del Estado independiente con la aprobación de la Constitución y su ratificación mediante un referéndum”.

Movilización ciudadana

En el primer periodo, que será de 18 meses, se completarán “las estructuras de Estado imprescindibles para ejercer la plena soberanía en todos aquellos ámbitos en que hoy la Generalitat todavía no ejerce”. En su comparecencia, el cabeza de lista de Junts pel Sí (JxS), Raül Romeva, señaló que en esta fase será imprescindible la movilización ciudadana.

La ley de transitoriedad jurídica ha de regular “los elementos estructurales del nuevo Estado y las cláusulas generales dirigidas a garantizar, desde el primer momento, el ordenamiento jurídico del nuevo Estado y la continuidad y sucesión ordenada de Administraciones”. Le ley declarará, por ejemplo, la continuidad del “derecho autonómico catalán, del derecho español, del derecho de la UE y del derecho internacional”. También prevé la continuidad, mediante subrogación, de los contratos del Estado y de la Generalitat y del traspaso de funcionarios y personal laboral de la Administración del Estado a la catalana.

El documento asegura que ante los resultados del 27-S “se impone una agenda negociadora con el Estado para hacer efectiva la independencia. Esta fase se quiere abrir manteniendo siempre una actitud expectante respecto a la alternativa de un referéndum vinculante por parte del Estado español sobre la independencia de Cataluña. Esta oferta ha de ser compatible con el horizonte contenido en este acuerdo para la proclamación de la independencia y la celebración de las elecciones constituyentes”.

En esa fase, “se trataría de acordar el reparto de activos y pasivos. Respecto a la restitución de la soberanía, sería preciso acordar la subrogación de convenios, la gestión de las fronteras con el Estado, el traspaso de funcionarios y organismos y aspectos clave sobre el sistema energético, la cuenca del Ebro o el espacio radioeléctrico, entre otros”. Entre los bienes a repartir figuran infraestructuras como carreteras, puertos, aeropuertos y edificios, el fondo de la Seguridad Social, el fondo de compensación, las deudas de Cataluña avaladas por España y las deudas de España que podrían corresponder a Cataluña.

Albert Botran, portavoz de la CUP, subrayó que el documento “es una propuesta de acuerdo hacia la independencia que emana de JxS en un proceso de conversaciones con la CUP, pero en el que nos limitamos a pedir más concreción sobre cómo llevarían adelante su programa. Ese documento será estudiado por la militancia de la CUP, que decidirá el próximo domingo”. Esa afirmación se contradice con la del cabeza de lista de JxS, Raül Romeva, que horas antes había dicho que el documento había sido fruto de las negociaciones entre su formación y la CUP. Según el diputado Benet Salellas, “el documento es el intento de aproximación de Junts pel Sí, pero no podemos defender ese documento porque no es nuestro”.