Anticorrupción pide 6 años de cárcel para Griñán y 10 de inhabilitación para Chaves

En plena tormenta por la causa abierta en el Supremo contra la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá (PP), Anticorrupción ha solicitado seis años de cárcel para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán (PSOE) en el caso de los ERE. El fiscal, que ha presentado esta mañana su escrito de acusacion ante el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, lo considera autor de los delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación. La pena para el exconsejero de Empleo José Antonio Viera se eleva a ocho años. Para la exministra de Fomento Magdalena Álvarez y el expresidente andaluz Manuel Chaves, reclama una condena de 10 años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. En total, son 26 los acusados, entre los que se encuentran otros extitulares de carteras en el Gobierno andaluz, como Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo o Francisco Vallejo.

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El Ministerio Público pide además para todos ellos una indemnización que supera los 741 millones de euros, de la que tendrán que responder una docena de excargos que fueron responsables de la concesión de las ayudas sociolaborales a través de las cuales se cometieron los supuestos delitos. Así, por ejemplo, tendrán que resarcir a la Junta con 483 millones por los seis años en que ocuparon plaza de consejero en los gobiernos de Manuel Chaves.

De los dos delitos que aprecia el fiscal —prevaricación y malversación— tendrán que responder, además de Griñán y Viera, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández, la de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el de innovación Francisco Vallejo, junto con los exviceconsejeros Agustín Barberá y Justo Mañas, entre otros. A Chaves, a su exvicepresidente Gaspar Zarrías y a la exministra de Fomento y exconsejera de EconomíaMagdalena Álvarez solo les acusa de prevaricación.

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Las mayores penas, de hasta ocho años de cárcel, se reclaman para los exconsejeros Viera, Fernández, Jesús Rodríguez Román y Vallejo. También para el exviceconsejero Agustín Barberá y el exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero, uno de los primeros implicados en el reparto fraudulento del dinero destinado a los ERE —que, en algunos casos, llegó a terminar en los bolsillos de familiares—, y su sucesor, Juan Márquez Contreras. Otros cargos técnicos de la consejería y del instituto IDEA también se enfrentan al mismo castigo, que lleva aparejada la inhabilitación durante 20 años.

Para el expresidente Griñán, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo, el exviceconsejero Justo Mañas, el exdirector de Trabajo Daniel Alberto Rivera, el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez y el exdirector general de IDEA Antonio Valverde Ramos, que dejó su cargo tras la llegada al Gobierno andaluz de su actual presidenta, Susana Díaz, Anticorrupción reclama seis años de prisión con otros 20 de inhabilitación. Chaves, Zarrías y Magdalena Álvarez, sin embargo, solo responderán por prevaricación, al haber conocido los hechos sin impedir las modificaciones presupuestarias a través de las cuales se ejecutó el fraude. La pena solicitada para ellos no implica cárcel, solo 10 años de inhabilitación.

El escrito del fiscal explica cómo los encausados inventaron un sistema para entregar los fondos dedicados a las ayudas sociolaborales que concedía la Consejería de Empleo para evitar el control de la Intervención de la Administración andaluza. El sistema consistía en modificar los Presupuestos de la Junta para introducir una aplicación presupuestaria, las transferencias de financiación, cuyo destinatario era el Instituto de Fomento de Andalucía (después denominado Agencia IDEA y dependiente en primer lugar de esa consejería, para pasar después a la de Innovación).

La gestión de estas “ayudas sociolaborales” por la Consejería de Empleo a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social ( DGTSS) ya no quedaba sujeta a una fiscalización previa individualizada, lo que permitió que no se tramitaran expedientes en los que quedase registrada cada fase de las ayudas —solicitud de los beneficiarios, declaración de la excepcionalidad de la ayuda a dar, examen de la documentación y acreditación de la situación que diera derecho a percibir la ayuda, resolución de concesión, publicidad y justificación—.

Además, los encausados buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas, que se concedieron sin sujeción a procedimiento, dado que, al no haber fiscalización previa y ordenar el pago que hacía luego el IFA, la intervención no podía comprobar la existencia de crédito anual suficiente para poder pagar los compromisos que se asumían por Empleo.

Los encausados buscaron no tener límites tampoco en los créditos presupuestarios para atender a estas ayudas, que se concedieron sin sujeción

Los acusados, hasta el ejercicio 2002, movilizaron supuestamente los fondos públicos al IFA mediante modificaciones presupuestarias aprobadas por la Junta o por el titular de la Consejería de Economía y Hacienda, recogiendo en los anteproyectos de Presupuestos desde dicho ejercicio y hasta 2009 la aplicación 'transferencias de financiación al IFA en materia de relaciones laborales'. En el ejercicio 2010, se aprobó una encomienda de gestión, sistema distinto que, si bien dio una mayor apariencia de formalidad en la tramitación de la ayudas, no supuso cambio alguno en la gestión presupuestaria de los fondos.

Como consecuencia de la ausencia de la fiscalización y de la debida convocatoria pública de estas ayudas, se pusieron en manos de la Consejería de Empleo, año a año, unos fondos públicos que gestionó a su libre arbitrio sin procedimiento alguno, vedando a la generalidad de los potenciales beneficiarios el acceso a las mismas por falta de publicidad, facilitando que personas que ni siquiera pertenecían a las empresas accedieran a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial.