Concluye la pieza política, la más importante del caso de los ERE falsos

La juez María Núñez dividió en noviembre de 2015 la causa de los ERE en seis piezas y fijó una como prioritaria, la del procedimiento de la Junta de Andalucía para pagar las ayudas a las empresas, que se conoce como la pieza política porque en ella estaban investigados 52 ex altos cargos.

Tras la división de la causa, la juez cedió la pieza política al magistrado de refuerzo del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, Álvaro Martín, que ya había trabajado con la anterior titular del juzgado, Mercedes Alaya.

Alaya empezó a instruir los ERE en enero de 2011 y en junio de 2015 accedió a la plaza de la Audiencia de Sevilla que solicitó, tras lo cual le sustituyó María Núñez. A la pieza cuya instrucción ha concluido hoy se le conoce como la política porque en ella se incluyeron como investigados, antes imputados, a todos los políticos, algunos aforados, entre ellos los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y los seis exconsejeros que finalmente han sido procesados.

En la instrucción de esta pieza, el juez Álvaro Martín llamó a ambos expresidentes socialistas a declarar en marzo pasado, una comparecencia en la que se remitieron a su declaración prestada el año anterior ante el Tribunal Supremo y donde fueron abucheados a la entrada y salida de los juzgados. Tras cerrar las investigaciones, el juez ha archivado la causa respecto a 24 imputados y de otro investigado también dictó archivo por discapacidad física, mientras que un acusado más murió.

Finalmente, ha procesado a 26 exaltos cargos junto a los expresidentes y exconsejeros: dos exviceconsejeros, tres directores generales, dos secretarios generales técnicos de Empleo, un interventor general de la Junta y tres directores generales de la agencia pública IDEA. Con este procedimiento se repartieron de forma discrecional o arbitraria al menos 854,8 millones de euros entre los años 2000 y 2011, y ello a pesar de las indicaciones contrarias de la Intervención General de la Administración del Estado, de la Intervención andaluza, del despacho Garrigues y de la auditora Price-Waterhouse, según el juez.

Esta pieza, denominada técnicamente del procedimiento específico, aún no se sabe cuándo podrá ser juzgada, porque el auto de procesamiento dictado hoy será previsiblemente recurrido, lo que alargará la culminación del caso. Además, las secciones de la Audiencia de Sevilla que pueden acoger el juicio tienen problemas de fechas, por lo que está previsto que se celebre una reunión de jueces para abordar cómo afrontar las macrocausas que irán llegando sucesivamente de los juzgados.

Cuando hizo la división de los ERE, la juez fijó como prioridad la pieza política porque consideró que tendría efectos en el resto del caso. "El pronunciamiento en el procedimiento específico y también en las sobrecomisiones tiene una gran relevancia a efecto de instrucción, diseño objetivo y subjetivo, así como enjuiciamiento del resto de las ayudas, pudiéndose ocasionar pronunciamientos contradictorios de no observarse un orden", indicó la juez en febrero pasado.

En el auto, Núñez subrayó como "cuestión esencial, para determinar el diseño del resto de las piezas y para su enjuiciamiento, que se resuelva previamente sobre la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado, sobre si las comisiones pactadas eran elevadas o, en su caso, ajustadas a normas del mercado y, si eran sobrecomisiones pactadas".

"Tenemos una instrucción con cinco años de desarrollo, ello implica que la investigación de las diferentes ayudas está en distintos niveles, las hay más avanzadas y menos avanzadas junto con las que ni siquiera se ha iniciado", agregó la juez. "Ello supone que no pueda darse el mismo tratamiento a todas en orden a su división, ni que se pueda hacer un diseño apriorístico de todas", subrayó la instructora, que pidió "poner todos los medios personales y materiales necesarios" para evitar más dilaciones y prejuicios y lograr un enjuiciamiento rápido.