Detenido un jefe de los inspectores de la Junta que debía controlar las ayudas

Los inspectores de la Junta de Andalucía no controlaban la correcta concesión de las ayudas públicas a la formación o hacían la vista gorda. Así lo entiende la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, que ha detenido esta mañana a uno de los responsables provinciales de la inspección de estas subvenciones que supuestamente debían ir destinadas a promover la inserción laboral y que realmente en muchos casos parecen haber llegado directamente a los bolsillos de muchos amigos del Gobierno regional.

En concreto, se trata de Juan Manuel León Sánchez, actual secretario de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada y exjefe de la Sección de Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo en esta provincia, cargo este último desde el que supuestamente cometió los delitos que le achaca la Policía. El alto funcionario arrestado (nivel 28 de la administración) fue, durante el tiempo que ocupó este puesto –más de diez años–, el jefe de los técnicos que realizaban las inspecciones a las empresas que recibían las subvenciones y que teóricamente debía controlar que todo se hacía conforme a la legalidad. León Sánchez es militante de IU y fue dirigente local de la formación.

El departamento que dirigía León Sánchez valoraba la puntuación que tenía cada entidad potencialmente receptora de las ayudas y posteriormente tenía la función de revisar si los beneficiados cumplían los requisitos que sobre el papel habían declarado, cosa que pocas veces hacía dada la investigación desarrollada por la Policía, que está poniendo en evidencia decenas de irregularidades en torno a la concesión de subvenciones.

El arresto de este alto funcionario de la Administración autonómica se ha producido en el marco de la segunda oleada de detenciones puesta en marcha esta mañana por la Policía dentro de la operación Edu, que investiga el fraude en la concesión de ayudas a los cursos de formación y que conllevará el arresto durante las próximas dos semanas de más de 110 empleados públicos, responsables de empresas u organizaciones sin ánimo de lucro que estarían presuntamente vinculados con esta red de clientelismo relacionada con la Junta de Andalucía.

Esta segunda fase de detenciones se ha desarrollado en Granada, Jaén y Córdoba e incluye la investigación de una veintena de entidades por cada una de las provincias abordadas, que han desarrollado en torno a 80 cursos de formación presumiblemente fraudulentos.

Los más de 110 detenidos de esta última batida masiva se unen a los 87 arrestados desde el pasado 10 de febrero en las provincias de Málaga, Almería y Cádiz y a los 52 que la Policía detuvo en redadas previas. La suma total de personas vinculadas a la trama fraudulenta, por lo tanto, superará la cifra de 250 cuando finalice la segunda fase que se desarrolla desde hoy en Granada, Jaén y Córdoba (denominada Edu Centro). Tras ella, la Policía pondrá en marcha la tercera fase en las dos provincias que quedan por abordar, Sevilla y Huelva, donde también se producirán detenciones masivas.

Por el momento, la UDEF se ha limitado a detener a empresarios y promotores de organizaciones sin ánimo de lucro así como a altos funcionarios de la Junta de Andalucía, como el citado León Sánchez, con lo que aún queda recorrido para una investigación que se inició en abril del año pasado y que está poniendo en jaque al Gobierno de Susana Díaz a pocos meses de las elecciones autonómicas.

Las estimaciones de la UDEF respecto al fraude cometido por la trama superan los 3.000 millones de euros, una magnitud mayor que ningún otro caso de corrupción de los que actualmente se investigan en España. Este alcance, sumado a la complejidad de las diligencias, provocó que la Dirección General de la Policía reforzara con más unidades y medios a los grupos que desarrollaban las pesquisas.

La operación Edu destapa una trama de clientelismo entre la Junta de Andalucía y entidades afines a las que el Gobierno regional les otorgaba subvenciones procedentes del Fondo Social Europeo sin cumplir con los requisitos legalmente establecidos.