Las protestas ponen su objetivo en la Ley de Seguridad tras el fin de la reforma del aborto

El Gobierno ha puesto en marcha la última fase del trámite para aprobar la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, que sustituirá a la norma actual, en vigor desde 1992. El Ministerio del Interior se ha encontrado con una fuerte oposición a la ley desde el mismo día en que la presentó pero el rechazo puede arreciar en las próximas semanas coincidiendo con su debate en el Congreso y la retirada de la ley del aborto, el otro proyecto del Ejecutivo que rivalizaba en contestación social con el proyecto del Ministerio del Interior. Esta misma tarde hay convocadas nuevas movilizaciones contra un texto que ha sido bautizado por los sectores más contestatarios como Ley Mordaza.

La tramitación de la norma en la Cámara Baja arrancó hace un mes con el debate en el Pleno de las enmiendas a la totalidad. El Grupo Parlamentario Popular se encontró con nueve enmiendas que pedían directamente la retirada completa del articulado. Los populares se opusieron valiéndose de su mayoría absoluta y el texto pasó a la Ponencia de la Comisión de Interior. Esa fase del trámite ya ha sido completado y, la próxima semana, el dictamen de la Ponencia será aprobado por la Comisión de Interior, el último paso antes de que la ley sea votada por el Pleno. Los grupos parlamentarios han presentado más de 250 enmiendas parciales al texto de las que unas 80, según el PP, han sido incorporadas. Con todo, los populares apenas han conseguido sumar lealtades en estas últimas semanas.

Movilización en las calles

La norma no sólo ha provocado el rechazo de los partidos de la oposición. La plataforma No Somos Delito, que agrupa a asociaciones contrarias a la Ley de Seguridad Ciudadana, convocó una primera protesta hace un mes coincidiendo con el inicio del debate de la ley en el Pleno. “Desde la Plataforma No Somos Delito, formada por más 70 organizaciones de ciudadanos, activistas y juristas, queremos hacer llegar nuestra preocupación y alerta ante lo que consideramos un paso más en la aprobación de una ley que atenta gravemente contra el ejercicio de los derechos y libertades civiles de los ciudadanos reconocidos tanto en la Constitución Española como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, denuncia la plataforma. Otros colectivos, como la Coordinadora 25-S, Democracia Real Ya y grupos del entorno del 15-M, también están promoviendo movilizaciones por su cuenta para tratar de impedir que la norma, a la que han bautizado como Ley Mordaza, salga adelante.

No Somos Delitos volverá a concentrarse esta tarde en la Puerta del Sol de Madrid entre las 17 horas y las 19 horas. La fecha escogida para la protesta no es casual. "El 20 de noviembre es una fecha clave para la democracia en España en la que defender nuestros derechos y denunciar la aprobación exprés de esta ley, que muchos colectivos y partidos tildan de 'franquista'. Este proyecto de ley se encuentra ahora en un momento clave para su aprobación", afirman los convocantes. Su objetivo es tratar de frenar su aplicación en el último instante. El próximo jueves volverán a concentrarse aunque en esa ocasión la protesta se ha convocado frente a la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

Máxima urgencia

Con todo, al Partido Popular le valdrán sus 186 diputados para tramitar la ley sin grandes sobresaltos. Pretende hacerlo en este mismo periodo de sesiones para evitar que la tramitación del polémico texto coincida con la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el 24 de mayo de 2015. Va camino de conseguirlo.

Según fuentes del Grupo Parlamentario Popular, se están cumpliendo los plazos previstos por La Moncloa. El proyecto fue aprobado precisamente en el último Consejo de Ministros de julio para ganar tiempo. El proyecto podría ser remitido al Senado este próximo mes de noviembre. Si la Cámara Alta también cumple con la urgencia que ha impuesto el Gobierno, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana podrá ser publicada por el BOE antes de las vacaciones de Navidad y el Ejecutivo arrancará así el nuevo año con este espinoso frente ya resuelto.

Principal frente del Gobierno

El escenario ha cambiado sensiblemente con la dimisión de Alberto Ruiz Gallardón. El exministro de Justicia impulsó una reforma del Código Penal que, según el Ministerio del Interior, obligaba a su vez a modificar la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 para incorporar todas las faltas que iban a ser despenalizadas. El relevo de Gallardón ha paralizado su reforma del Código Penal pero Moncloa ha decidido seguir adelante con el proyecto de Seguridad Ciudadana como si no hubiera ocurrido nada.

Fuentes populares atribuyen la velocidad con la que se está tramitando la ley a los controles previos a los que fue sometida antes de llegar a la Cámara Baja. Efectivamente, la norma pasó por el Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y la Agencia Española de Protección de Datos antes de su aprobación en Consejo de Ministros. Parte de las recomendaciones de estos órganos fueron incorporadas al articulado, por lo que a juicio de los populares ya se ha superado el debate jurídico sobre la norma.

La oposición se moviliza

Los partidos de la oposición no están de acuerdo. Denuncian que el texto conculca derechos fundamentales y que busca el control total de la calle. Para el Grupo Parlamentario Socialista, “el endurecimiento” que en su opinión implica la ley “no tiene tanto que ver con problemas específicos de seguridad ciudadana, sino con otro intento de desmovilizar a los sectores sociales que se están oponiendo a las políticas de recortes de derechos sociales”. Los socialistas inciden especialmente en la falta de proporcionalidad del texto y lo equipara con las leyes de orden público preconstitucionales.

Por su parte, el Grupo Parlamentario la Izquierda Plural se ha opuesto frontalmente al texto. Considera que “restringe más allá de lo razonable el ejercicio de derechos fundamentales, en particular los derechos de reunión y manifestación, la libertad de expresión y el derecho de huelga”. Desde la formación de Cayo Lara sostienen asimismo que, “lejos de introducir un equilibrio en el uso de las potestades exorbitantes de la administración y el ciudadano”, el proyecto elaborado por el Ministerio del Interior “omite toda norma de garantía del ciudadano frente a la administración, evitando la identificación de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con la inconsistente excusa de garantizar su seguridad, sin exigirles, en ningún pasaje de la ley, que lleven visible un número identificador cuando actúan ejerciendo funciones de seguridad ciudadana, en las que es habitual el uso de la fuerza”.