Varapalo contra Fernández Díaz: su ley de seguridad naufraga en el Consejo de Estado

El Ministerio del Interior está topándose con serios obstáculos para sacar adelante el borrador del anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, una de las reformas a las que ha dedicado más tiempo el equipo que dirige Jorge Fernández Díaz y que se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios de ese departamento para esta legislatura. A la polémica que suscitó desde el primer minuto el borrador del texto entre los sectores más contestatarios de la sociedad se han sumado en las últimas semanas críticas del ámbito judicial que consideran que la norma podría entrar en colisión con derechos y libertades fundamentales. Pero Interior ha encontrado trabas aún mayores. Fuentes consultadas por este diario aseguran que el borrador ha sido rechazado por el Consejo de Estado y que también ha sido profundamente cuestionado por la Agencia de Protección de Datos, cuyo visto bueno es imprescindible para que pueda avanzar la tramitación de la ley.

Interior anunció su intención de aprobar una nueva Ley de Seguridad Ciudadana el pasado noviembre y llevó un borrador al Consejo de Ministros. La iniciativa no formaba parte del programa electoral del PP pero, según Fernández Díaz, era inexcusable por los numerosos cambios que ha sufrido la delincuencia de baja intensidad desde que se aprobó en 1992 el texto en vigor y, también, por la necesidad de recoger en una norma las faltas de orden público, que desaparecen del nuevo Código Penal tras la reforma emprendida por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, la propuesta de reforma presentada por Interior generó una enorme controversia porque eleva las sanciones por desórdenes públicos, endurece el control de las manifestaciones y concentraciones y persigue conductas que hasta ahora no tenían ningún reproche, ni penal ni administrativo.

Un examen voluntario

Para tratar de aplacar ese revuelo, Interior remitió la norma al Consejo de Estado. El trámite no era obligatorio en este caso, pero el departamento de Fernández Díaz prefirió que pasara por ese órgano consultivo para demostrar que su proyecto respeta la Carta Magna. Fuentes del Consejo de Estado aseguran que el texto entró en la institución el pasado 13 de diciembre y que cayó en su Sección Tercera, la encargada de estudiar todos los asuntos relacionados con el Ministerio del Interior. El director de esa sección esel exportavoz del PP en el Congreso de los Diputados y padre de la Constitución Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, consejero permanente de la institución.

Sin embargo, el pasado 30 de enero, sólo seis semanas después de que el borrador llegara al Consejo de Estado, fue devuelto por este organismo a Interior sin someterlo siquiera a revisión. Las fuentes consultadas aseguran que el motivo de este rechazo es que el departamento de Fernández Díaz no acompañó el expediente del borrador de toda la documentación que exige el Consejo de Estado para poder proceder alanálisis de cualquier norma.

Las mismas fuentes aseguran que Interior aún no ha remitido de nuevo el expedienteal Consejo de Estado con la información que le faltaba. Y, cuando lo haga, el proceso deberá empezardesde el principio. Es decir, que el Consejo de Estado necesitará dos mesespara tener listo su dictamen, a no ser que el Gobierno acuerde tramitar el anteproyecto por vía de urgencia (el plazo máximo se acorta a 15 días) o de urgencia extrema (el plazo se reduce a una semana), una decisión que invalidaría el supuesto espíritu garantista con el que Interioranunció que remitía el texto a este organismo. En cualquier caso, la norma sería asignada de nuevo a la sección que dirige Herrero y Rodríguez de Miñón.

Registro Central de Infracciones

La Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) ha sido la otra institución que ha frenado el proyecto estrella de Fernández Díaz. Su visto bueno es obligatorio para que los proyectos de ley puedan ser presentados en la Cámara Baja. Interior le envió el borrador de la Ley de Seguridad Ciudadana el pasado enero para que comprobara si infringía en alguno de sus preceptos la Ley de Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. Y la AGPD ya ha remitido a Interior sus conclusiones. El informe deja poco lugar a dudas. En su opinión, el texto incumple la legislación en uno de sus puntos esenciales: la creación de una base de datos para almacenar los antecedentes administrativos de los ciudadanos.

En la actualidad sólo existe un registro de antecedentes penales, pero Interior propone en el artículo 42 dela Ley de Seguridad Ciudadana crear un nuevo fichero para que queden anotadas todas las sanciones en materia de seguridad ciudadana. El registro permitirá comprobar si un detenido por desórdenes públicos u otras infracciones administrativas ha cometido hechos similares en el pasado para multarlo en consecuencia. Según el régimen sancionador del texto presentado por Interior en su día, tres faltas leves (de 100 a 1.000 euros)equivaldrán a una grave (de 1.001 a 30.000 euros), y tres faltas graves supondrán una falta muy grave (de 30.001 a 600.000 euros).

En concreto, la norma establece que "con la finalidad de apreciar la reincidencia y valorarla a efectos de la concesión de autorizaciones administrativas que repercutan directamente sobre la seguridad ciudadana, de acuerdo con lo que reglamentariamente se desarrolle, se crea en el Ministerio del Interior un Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana". En este nuevo fichero quedarán anotados los "datos personales del infractor";"infracción cometida, especificando, en su caso, las circunstancias concurrentes"; "sanción o sanciones impuestas, con indicación de su alcance temporal, cuando proceda", y el "lugar y fecha de la comisión de la infracción". El texto deja en manos del posterior desarrollo reglamentario el resto de detalles.

Así, tal y como está concebida la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, el registro de antecedentespareceun instrumento básico para el funcionamiento del régimen sancionador.Pero la Agencia de Protección de Datos considera que la redacción actual de la normano garantiza la privacidad de los ciudadanos que hayan cometido alguna infracción. En principio, aseguran las fuentes consultadas, se trata de defectos puramente técnicos que afectan a aspectos como la grabación de los datos, su borrado o a las instituciones facultadas para consultarlos. Interior está en negociaciones con la Agencia para poder subsanar esas lagunas cuanto antes, pero este proceso implicará un nuevo retraso en la tramitación de la norma.

Críticas del Consejo Fiscal

La respuesta más contundente al proyecto de Interior ha procedido por ahora del Consejo Fiscal. Su dictamen no es vinculante pero el departamento de Fernández Díaz deberá tenerlo en cuenta para garantizar el perfecto encaje legal de la norma. Entre otras observaciones, el órgano del Ministerio Público considera que la redacción del borrador es confusa, genera inseguridad jurídica, entra a regular cuestiones ajenas a la seguridad ciudadana y puede limitar de forma “no justificada” los derechos de manifestación e información.

El documento también ha generado protestas fuera de las fronteras españolas. El Consejo de Europa, la institución encargada de velar por el respeto de los derechos humanos en el continente, llegó a decir el pasado mes de diciembre que la redacción propuesta por Interior era “altamente problemática”. El Ministerio del Interior ha tenido que defender la reforma ante el Consejo y también ante numerosas asociaciones de ámbito europeo que le habían expresado por escrito su profunda inquietud por el espíritu de la iniciativa.

En todo caso, el borrador aún tiene pendiente un complicado trámite. Una vez que Interior consiga todos los informes necesarios e introduzca los cambios obligatorios, deberá llevar de nuevo el texto al Consejo de Ministros para que apruebe el anteproyecto y lo envíe al Congreso de los Diputados, donde a la iniciativa le espera otro largo camino y la oposición ya anunciada de todos los grupos de izquierdas.