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Interior guardará dos años las multas por desórdenes para controlar a los infractores
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LOS DATOS DEBERÁN SER BORRADOS después

Interior guardará dos años las multas por desórdenes para controlar a los infractores

El Ministerio del Interior ha conseguido vía libre para almacenar en una base de datos todas las infracciones derivadas del incumplimiento de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Foto: El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (EFE)
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz (EFE)

El Ministerio del Interior ha conseguido vía libre para almacenar en una base de datos todas las infracciones derivadas del incumplimiento de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, una de las medidas a las que el departamento de Jorge Fernández Díaz ha dedicado más tiempo y recursos. El propio proyecto de ley que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, destinado a sustituir la normativa que desde 1992 regula la persecución de los comportamientos incívicos y los desórdenes públicos, incluye en su articulado la creación de este fichero, que aportará valiosa información a los agentes de las Fuerzas de Seguridad y permitirá controlar a los infractores.

La actual legislación sobre seguridad ciudadana no tenía en cuenta la acumulación de expedientes sobre una misma persona, pero la nueva normativa pretende que las multas sean mayores si el infractor tiene antecedentes por hechos similares. El nuevo Registro Central de Infracciones, el nombre oficial que recibirá la base de datos, se encargará de contabilizar las sanciones y elevar su cuantía económica en caso de multirreincidencia.

Interior pretendía que la información del fichero pudiera ser utilizada para obtener datos adicionales sobre detenidos o sospechosos en el marco de otras investigaciones, aunque estas no tuvieran nada que ver con la Ley de Seguridad Ciudadana. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), uno de los cuatros órganos consultivos que han revisado la iniciativa, ha dado su visto bueno a la creación del fichero, pero ha limitado su uso, concluyendo que sólo puede ser consultado para comprobar la multirreincidencia de los infractores. Sin embargo, el Consejo de Estado, que también se ha pronunciado sobre la norma, ha sido más laxo en la regulación de la base de datos y ha resuelto que podrá ser utilizada para otros fines. Por ejemplo, considera que las autoridades deben tener acceso al fichero para comprobar los antecedentes de una persona que solicite una licencia de armas. Interior aprovechará estas discrepancias para hacer un uso más amplio del registro.

Acceso restringido

Fuentes consultadas cercanas al proyecto de ley aseguran que sólo se podrá acceder a la base de datos desde las sedes del Ministerio del Interior y en las Delegaciones del Gobierno de cada comunidad autónoma. Estos organismos, que tienen la potestad sancionadora de la Ley de Seguridad Ciudadana, serán también los encargados de actualizar su información.

La AEPD también expresó otras salvedades que finalmente han sido tenidas en cuenta por Interior. Por un lado, las sanciones serán borradas automáticamente del fichero a los dos años de su imposición, sin necesidad de que los infractores lo soliciten ante las autoridades. Además, ha desaparecido del proyecto de ley la posibilidad de hacer pública la identidad de los infractores, una de las novedades que también introducía la norma pensando sobre todo en los multirreincidentes. La versión definitiva del texto descarta la difusión de las sanciones, como también había reclamado la AEPD.

Remisión automática al Congreso

La norma será aprobada hoy en Consejo de Ministros y remitida automáticamente al Congreso de los Diputados para iniciar cuanto antes su tramitación parlamentaria. El Ejecutivo quiere que entre en vigor antes de que termine 2014 para evitar que la norma se cuele en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de mayo del próximo año.

Su tramitación no será sencilla. La norma ha generado una enorme controversia en la calle desde que trascendieron sus primeros detalles el pasado mes de noviembre. Los partidos de izquierda acusan a Interior de utilizarla para elevar la cuantía de las sanciones y perseguir conductas que en la legislación actual no tienen ningún reproche, ni penal ni administrativo. Aseguran que varios de sus preceptos atentan contra derechos y libertades fundamentales. Fernández Díaz ha respondido a esas críticas alegando que el texto que aprobará este viernes el Consejo de Ministros ha tenido en cuenta todas las recomendaciones formuladas por los órganos consultivos del Estado.

El Ministerio del Interior ha conseguido vía libre para almacenar en una base de datos todas las infracciones derivadas del incumplimiento de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, una de las medidas a las que el departamento de Jorge Fernández Díaz ha dedicado más tiempo y recursos. El propio proyecto de ley que aprobará este viernes el Consejo de Ministros, destinado a sustituir la normativa que desde 1992 regula la persecución de los comportamientos incívicos y los desórdenes públicos, incluye en su articulado la creación de este fichero, que aportará valiosa información a los agentes de las Fuerzas de Seguridad y permitirá controlar a los infractores.

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