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La Junta burló la obligación de publicar las ayudas para cursos clavándolas en un corcho
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LAS PUSO EN UN tablón DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO

La Junta burló la obligación de publicar las ayudas para cursos clavándolas en un corcho

Las irregularidades detectadas por la operación Edu en el fraude de los fondos para formación afectan a todo el proceso de adjudicación de las subvenciones, incluso a las fases más insignificantes.

Foto: Griñán era el presidente de la Junta de Andalucía durante el período que está siendo investigado por la UDEF. (EFE)
Griñán era el presidente de la Junta de Andalucía durante el período que está siendo investigado por la UDEF. (EFE)

Las irregularidades detectadas por la operación Edu en el presunto fraude de los fondos para formación de trabajadores en Andalucía afectan a todo el proceso de adjudicación de las subvenciones, incluso a las fases más insignificantes. Los investigadores de la Inspección de la Seguridad Social y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que lideran las pesquisas sobre la malversación de partidas multimillonarias de la Unión Europea y la Administración del Estado que deberían haber servido para que Andalucía mejorara sus estadísticas de paro, han averiguado que la Junta escondió intencionadamente las convocatorias o el resultado de estas ayudas para que sólo pudieran enterarse patronales, sindicatos y empresas privadas afines.

La orden de 23 de octubre de 2009 aprobada por el Ejecutivo de José Antonio Griñán que regula el reparto de los fondos para formación estipula en su artículo 107 que “las subvenciones concedidas por el Servicio Andaluz de Empleo (…) se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con expresión de la convocatoria, el programa, el crédito presupuestario al que se impute, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención”. En realidad, la orden sólo recoge la obligación de publicar las convocatorias de ayudas que impone la Ley General de Subvenciones de 2003, una norma de rango superior que la orden de la Consejería de Empleo de la Junta debía respetar forzosamente.

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) observó habitualmente esa obligación publicando el contenido de las diferentes convocatorias de ayudas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) tal y como ordenaba su propia legislación. Pero los investigadores de la Seguridad Social y la UDEF han comprobado que los altos cargos de la Consejería de Empleo burlaron esa imposición en otro elevado número de ocasiones aún por cuantificar colocando las convocatorias o su resultado en un simple tablón de anuncios.

Visibles durante sólo 20 días

Pinche para ampliar el documento.En estos otros casos, la dirección general de Formación de la Consejería de Empleo se limitó a publicar en el BOJA el aviso de que acababa de aprobar una nueva resolución de subvenciones para cursos o de que había resuelto alguna de las convocatorias anteriores. Las personas que querían acceder a a esa información estaban obligados a desplazarse hasta las dependencias centrales que el departamento de Empleo tiene en Sevilla. Así queda establecido por ejemplo en dos adjudicaciones a las que ha tenido acceso este diario aprobadas el 14 de enero de 2011 y publicadas ambas por el BOJA el 23 de marzo de ese mismo año.

En concreto, esas dos resoluciones anunciaban en su segundo punto que “el contenido íntegro de dicha resolución de 20 de diciembre de 2010 estará expuesto en el tablón de anuncios de la Consejería de Empleo, sita en la Avda. de Hytasa, 14, de Sevilla, a partir del mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y durante los 20 días hábiles siguientes”. Transcurrido ese plazo, las dos convocatorias fueron retiradas del corcho.

Fuentes de la investigación consultadas por El Confidencial aseguran que ese “mecanismo fue utilizado por los máximos responsables de la red fraudulenta para que los fondos de formación acabaran sólo en manos de personas próximas al Ejecutivo de la Junta”. “La colocación de las resoluciones en un tablón les permitía reducir drásticamente el número de solicitantes sin incumplir la Ley General de Subvenciones y el artículo 107 de la orden de 23 de octubre de 2009”, aseguran estas fuentes. Con esta práctica, dificultaban las reclamaciones de los centros de formación que se habían quedado fuera del reparto y ocultaban el nombre de los agraciados. “Ellos mismos se encargaban de informar de que la convocatoria estaba abierta a las empresas y sindicatos que querían que se quedaran con el dinero”.

Esta práctica ha dificultado la inspección de las diferentes resoluciones, según los investigadores consultados por este diario, limitando su acceso a la identidad de los beneficiarios. Las estimaciones que manejan los agentes de la operación Edu se refieren por el momento a las convocatorias que fueron publicadas íntegramente en el BOJA.

Un alto cargo vinculado con otra estafa

Los inspectores creen que esta es una de las numerosas irregularidades que rodearon a la gestión de estos fondos en toda Andalucía durante la etapa 2007-2013, los años en los que estuvo vigente el último programa del Fondo Social Europeo para la formación de trabajadores, aunque la operación Edu se centra por ahora únicamente en el periodo 2009-2011 y afecta tan sólo a la provincia de Málaga. Sostienen incluso que la propia orden de 2009 aprobada por el Ejecutivo de Griñán facilitó el fraude masivo de la formación desactivando los controles y limitaciones que imponía la Ley General de Subvenciones de 2003.

El encargado de firmar las dos resoluciones del 14 de enero de 2011 fue el entonces director general de Formación Profesional, Autónomos y Programas para el Empleo de la Junta, Andrés Sánchez Hernández, un alto cargo de la Consejería de Empleo nombrado por Griñán y relacionado con otros casos de corrupción. De hecho, presentó su dimisión en julio de 2011 después de fuera admitida a trámite una denuncia contra él por prevaricación, estafa y apropiación indebida de subvenciones de la Unión Europea destinadas a la formación de trabajadores discapacitados, unos hechos muy similares a los que están investigando en estos momentos los funcionarios de la Inspección de la Seguridad y la UDEF.

Las irregularidades detectadas por la operación Edu en el presunto fraude de los fondos para formación de trabajadores en Andalucía afectan a todo el proceso de adjudicación de las subvenciones, incluso a las fases más insignificantes. Los investigadores de la Inspección de la Seguridad Social y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que lideran las pesquisas sobre la malversación de partidas multimillonarias de la Unión Europea y la Administración del Estado que deberían haber servido para que Andalucía mejorara sus estadísticas de paro, han averiguado que la Junta escondió intencionadamente las convocatorias o el resultado de estas ayudas para que sólo pudieran enterarse patronales, sindicatos y empresas privadas afines.

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