Hacienda no da la cara y dice ahora que atribuyó dos ventas a la Infanta por un error aleatorio

La falsa atribución de 13 operaciones inmobiliarias a la infanta Cristina ha provocado un incendio en el Ministerio de Hacienda que su máximo responsable no sabe cómo apagar. Esa es la principal conclusión que se extrae de la forma en que Cristóbal Montoro está gestionando un error que debería haber tenido una rápida y certera respuesta pero que, sin embargo, dura ya una semana y se se ha ido enmarañando hasta propiciar serias dudas sobre la credibilidad de Hacienda, una de las pocas instituciones que había logrado salir indemne de la corriente de descrédito que sacude España desde el inicio de la crisis.

El propio Montoro se comprometió la semana pasada a que las conclusiones de la investigación de Hacienda para detectar el origen del fallo que atribuyó 13 operaciones inmobiliarias registradas en 2005 y 2006 y de un valor total de 1,43 millones a la segunda hija del Rey se conocerían “nunca más tarde del martes”. Este martes. La lógica decía que, por la gravedad y las derivadas del error, sería el propio Montoro el que despejara personalmente las principales incógnitas que acompañan a este confuso episodio. De hecho, el ministro ya compareció la semana pasada en el Congreso, cediendo a la presión para que ofreciera explicaciones sobre este incidente. Pero dejó la mayoría de cuestiones sin responder escudándose en que aún no disponía de todas las claves.

Debía tenerlas todas este martes. La jornada, sin embargo, fue agotándose sin que llegaran noticias concluyentes de Hacienda. Lo único que trascendió es que no sería Montoro el que ofreciera las explicaciones, sino la directora de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana. Después, llegó a barajarse la posibilidad de que la comparecencia se trasladara al miércoles. Pero, finalmente, entrando ya en la noche y en un gesto insólito por la dimensión del caso, el Ministerio de Hacienda decidió zanjar su aportación a este embrollo difundiendo un simple comunicado con el resumen de las conclusiones que han tenido sus pesquisas internas.

Un error compartido por los notarios y la Agencia Tributaria

Si el Ministerio de Hacienda espera que las dudas sobre este “lamentable error”, como lo calificó el propio Montoro, cesen con la difusión de este breve informe, va desencaminado. El documento despeja por qué las falsas operaciones se colaron en el informe que la Agencia Tributaria envió al juez del caso Nóos, pero no aclara del todo el modo en que se produjeron. De hecho, deja sin contestar cuestiones esenciales.

Según Hacienda, en 11 de las 13 transacciones el fallo partió de las notarías, que habrían informado equivocadamente al fisco del DNI de los verdaderos autores de esas ventas. Al teclear a mano la información sobre estas operaciones en la aplicación informática que utilizan para comunicar al fisco los detalles de las transacciones que pasan por sus despachos, los fedatarios públicos las habrían vinculado erróneamente con “el DNI número 14, sin letra de control”. “Esto provocó la imputación [de las operaciones] al único DNI 14 que figuraba en la base de datos”, es decir, el de la infanta Cristina, con numeración especial 00000014Z.

“En cuanto a los otros dos registros, se produjo error en el proceso desarrollado por la AEAT al incorporar estas operaciones en sus bases de datos”, afirmó el comunicado distribuido por el Ministerio de Hacienda, toda una novedad porque hasta este martes la Agencia Tributaria siempre había mantenido que las 13 falsas atribuciones se generaron fuera de sus instalaciones.

Con todo, las conclusiones mantienen vigentes los enigmas. El informe no resuelve, entre otras cuestiones, por qué hasta en 11 ocasiones distintas notarios diferentes teclearon el DNI de la Infanta en lugar del que correspondía, a pesar de que la identificación de doña Cristina es manifiestamente peculiar, en las antípodas del DNI de un ciudadano anónimo. Tampoco aclara por qué el sistema informático de la Agencia Tributaria pudo atribuir por azar a la segunda hija del Rey dos operaciones inmobiliarias con las que no tenía nada que ver. Al menos por ahora, ambas incógnitas se quedarán sin respuesta.

La ley no obliga a corregir los errores, según Hacienda

El documento con las conclusiones de la investigación también intenta exculpar a la Agencia Tributaria de las críticas que ha recibido por no haber depurado previamente el informe remitido al instructor del caso Nóos, José Castro, para evitar que aparecieran dentro de él las 13 falsas operaciones. Según Hacienda, si los fallos no se detectaron y corrigieron antes de ser remitidos al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca fue porque “no era preceptivo un control específico de la información suministrada” al no tratarse de un Auxilio Judicial, procedimiento en el que los datos fiscales sí deben ser sometidos a un examen técnico antes de ser enviados a un tribunal.

El informe justifica esta interpretación acudiendo al artículo 95 de la ley tributaria, referente a la cesión de información tributaria, que señala que “los datos suministrados son los declarados por los contribuyentes y demás obligados a suministrar información, sin que, con carácter general, hayan sido sometidos a actividad alguna de verificación previa a su automatización”.

El comunicado detalla luego que “la preparación de la respuesta a la solicitud del Juzgado se realizó por la Oficina de Comunicación con Juzgados y Tribunales de la Delegación Especial de Cataluña y se remitió por el Delegado Especial de Cataluña, conforme al procedimiento general de gestión de cesión de información”, por lo que “el documento remitido al Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma de Mallorca para satisfacer lo requerido estaba constituido por un conjunto de pantallas extraídas de las bases de datos de la Agencia en el que no se incorporó ningún comentario o aclaración”. De este modo, los errores que constaban en el archivo del fisco fueron automáticamente trasladados a la mesa del instructor del caso Nóos.

Hacienda concluye de este modo que la Agencia Tributaria procedió en todo momento ateniéndose a la legislación vigente, pero también prueba que no calibró las consecuencias extrajudiciales que el error generaría en la instrucción del caso Nóos y en la imagen del propio supervisor fiscal. El caos ocasionado por esta equivocación en cadena ha medido la capacidad de reacción de Montoro. Y el resultado no es demasiado favorable.