La reforma del CGPJ de Gallardón, en manos de Posada para que no naufrague

El reloj jugaba en contra de Gallardón y, a día de hoy, su reforma estrella del Consejo General del Poder Judicial podría naufragar si el presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, no lo remedia. Los plazos avanzan de forma inexorable en un calendario que se presenta adverso para el ministro de Justicia, toda vez que Gallardón no ha logrado paralizar a tiempo el inicio de los trámites para la renovación del órgano de gobierno de los jueces. En manos de Posada queda ahora que el futuro Consejo, cuyo mandato es quinquenal, se elija con arreglo a las normas de Gallardón o a las que aún siguen en vigor.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece en su artículo 114 que, seis meses antes de que expire el mandato de los vocales del CGPJ, su presiente, en este caso Gonzalo Moliner, se debe dirigir al Congreso y al Senado “interesando que por estos se proceda a la elección de los nuevos vocales” de entre una terna de 36 nombres, propuestos en su mayoría por las asociaciones profesionales de jueces y magistrados. El actual mandato expira el próximo 24 de septiembre y, sin una ley en vigor que diga lo contrario, ayer se cumplió el plazo previsto para que Moliner se dirigiera a Posada. El órgano de gobierno de los jueces informó ayer en un comunicado de que por la mañana se entregaron en el Congreso de los Diputados y en el Senado las comunicaciones del presidente del Consejo, en las que se informa de la necesidad de iniciar el proceso.

Se trata del escenario que Alberto Ruiz Gallardón había querido evitar a toda costa forzando el calendario legislativo en una carrera contrarreloj de la que, sin embargo, ha salido escaldado al no haber podido cumplir los plazos del Senado. El Ministerio ha querido sacar adelante en los últimos días y a un ritmo frenético una ley con un único artículo por la que se suspendían los artículos 112 y 114 de la actual Ley del Poder Judicial, que regulan precisamente el proceso de elección a la vista de que en breve verá la luz la nueva reforma auspiciada por el exalcalde de Madrid y cuyo anteproyecto fue aprobado por el Gobierno el 21 de diciembre. Con los únicos votos de PP y UPN, el Congreso aprobó el pasado jueves, por el procedimiento de urgencia, la suspensión de dichos artículos, pero falta todavía la convalidación del Senado, que deberá producirse en el próximo Pleno ordinario.

Como la fecha límite era el 24 de marzo, el pasado domingo, cualquier decisión que se tomara ahora será controvertida. El Ministerio explica que Moliner se ha dirigido a Posada, como establece la ley, pero que en manos de Posada está ahora la respuesta que, desde la Cámara, se ofrezca al CPGJ. Es decir, si se activa de forma automática la renovación o si decide aplazar la respuesta hasta que el Senado convalide también la suspensión de los citados artículos. Por otro lado, el PP deberá ahora introducir una enmienda en el Senado a dicha ley de artículo único para que sus efectos se apliquen pese a que el plazo ha expirado. Ello exigirá, de nuevo, que la ley vuelva otra vez a la Cámara Baja.

Para la vocal, Margarita Robles, sea cual sea la decisión que se tome ahora será una chapuza. “El Ministerio quiere pasar la patata caliente al presidente del Congreso y del Senado. Ellos verán en las responsabilidades que incurren según el reglamento de las Cámaras –explica-. Todo es una chapuza. Presentar una ley de artículo único para suspender un artículo de una ley vigente porque hay otra ley en el Parlamento es más que discutible en una democracia”.

Una reforma que resta poder a las asociaciones

El anteproyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) alumbrado por Gallardón y cuya tramitación sigue en las Cortes cambiará el sistema de elección de sus miembros para limitar la intervención de las asociaciones judiciales, restará potestad reglamentaria al órgano y le retirará la autonomía presupuestaria.

La reforma prevé que, para la elección de los vocales designados por el Congreso y el Senado a propuesta de la carrera judicial, sea mucho más fácil que hasta ahora la concurrencia de candidatos independientes, es decir, que no pertenezcan a las asociaciones profesionales de jueces.

En cuanto a la elección de vocales, a estos los nombra el Parlamento y, de ellos, ocho son propuestos por los partidos políticos y otros doce lo son por la carrera judicial. Respecto a estos segundos, hasta la reforma, las asociaciones de jueces tenían un elevado control en el proceso de nombramiento al fijar la mayor parte de la terna de 36 nombres entre los que elegían las Cámaras.

Convertirse en candidato al CGPJ al margen de una asociación profesional de jueces requiere en la actualidad el aval de 100 jueces, mientras que si la reforma se aprueba en los términos anunciados por Gallardón, serán necesarios solamente 25 avales. Además, Congreso y Senado deberán respetar la proporcionalidad en el número total de propuestas que les lleguen de la carrera judicial, lo que supone que los candidatos independientes estarán en igualdad de condiciones para ser nombrados que los pertenecientes a las asociaciones profesionales de jueces.