El Gobierno vasco tiende la mano a ETA para que efectúe una entrega de armas

El Gobierno de Iñigo Urkullu está trabajando para que ETA efectúe de forma inminente una entrega de armas, el próximo paso que debe dar la banda para consolidar la irreversibilidad de su alto el fuego. El propio Ejecutivo del PNV está haciendo gestiones para empujar a la dirección de ETA a tomar esta decisión, que permitiría romper la actual situación de bloqueo en que se encuentra el proceso de paz.

La nueva responsable del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco, Estefanía Beltrán de Heredia, ha insistido repetitivamente durante los últimos días en la cercanía de esa entrega y ha asegurado que se muestra “optimista y esperanzada” por el efecto que tendría en el proceso de disolución de la banda. La consejera afirma que no dispone de información concreta sobre los planes de ETA pero reconoce que tanto el Ejecutivo vasco como el PNV están manteniendo contactos “discretos” con el entorno del grupo terrorista para lograr su disolución definitiva. La consejera de Seguridad ha rechazado detallar a El Confidencial el contenido exacto de sus conversaciones con el mundo abertzale.

Para facilitar el paso, el gabinete de Urkullu está comenzando a asumir postulados centrales en el argumentario de la banda. Beltrán de Heredia ya ha anunciado que convertirá una vieja reivindicación de ETA, la expulsión del País Vasco de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en uno de los ejes de su mandato. El grupo terrorista reclamó expresamente la salida de las Fuerzas de Seguridad del Estado de Euskadi en un comunicado emitido en mayo del año pasado. Y, desde entonces, esta petición (la “desmilitarización” del territorio vasco) ha estado presente cada vez que la banda se ha pronunciado.

Beltrán de Heredia ha reclamado en los mismos términos, durante la última semana, la marcha de los policías nacionales y los guardias civiles del País Vasco, aunque no por motivos políticos, sino justificando la medida por la exigencia de “racionalizar” el gasto público. La máxima responsable de la política de seguridad de Euskadi ya ha transmitido esta exigencia al delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, Carlos Urquijo, que ha respondido calificando la petición de “irresponsabilidad grave”.

El espejo del IRA

Los miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) y del Grupo Internacional de Contacto llevan meses intentando que ETA dé nuevos pasos hacia su final, que necesariamente pasan por la eliminación de su arsenal. Precisamente, el pasado mes de enero, integrantes del CIV visitaron el País Vasco y se reunieron con miembros de la izquierda abertzale para sondear la situación del proceso y reclamar a la dirección de la banda que afronte nuevas fases que permitan descongelar las conversaciones. Los verificadores han anunciado que volverán en febrero y quieren concertar una entrevista para entonces con Urkullu y con representantes del resto de formaciones.

El proceso de disolución del IRA sigue siendo el gran referente. Al anuncio del fin de sus operaciones armadas le siguieron entregas de armamento que fueron posteriormente comprobadas por efectivos policiales británicos e irlandeses. También en ese caso, una comisión internacional de verificadores acompañó el proceso. No obstante, entre el anuncio del fin de la violencia (con los Acuerdos de Viernes Santo en 1998) y el inicio de la eliminación de los arsenales (en 2005) transcurrieron siete años. Y hasta 2008 no se pronunció el Ejecutivo británico para confirmar que la disolución del IRA se había culminado. 

Desde el anuncio de ETA sólo han transcurrido 16 meses pero la organización terrorista y sus resortes, en especial los militantes que cumplen condena en prisión, están comenzando a impacientarse ante la ausencia de avances concretos en la orilla del Gobierno. Cada vez son menos los integrantes del sector duro del frente de presos que aceptan su destino sin discutir la estrategia de la ‘Zuba’, la dirección de banda en el argot de sus militantes.

En este sentido, el martes, la portavoz de la izquierda abertzale Maribi Ugarteburu recordó que la dirección de la banda “está totalmente dispuesta al diálogo y a la ordenación de todo un proceso encaminado a revolver la agenda pendiente de las consecuencias del conflicto”, pero lamentó que el Ejecutivo de Mariano Rajoy no haya querido sentarse aún al otro lado de la mesa. ETA está dispuesta, remarcó Ugarteburu, a abordar “temas como el desarme, los presos o el propio desmantelamiento de sus estructuras militares”.

Pernando Barrena, candidato a la portavocía de Sortu, la marca política definitiva de la izquierda abertzale, que este fin de semana elige a su nueva dirección y los próximos días 22 y 23 de febrero celebrará en Pamplona su congreso fundacional, ha preferido rebajar las expectativas sobre nuevos gestos de la banda. Barrena ha asegurado que "no le consta" ningún desarme y ha achacado las noticias que lo consideran inminente a "filtraciones muy interesadas que levantan falsas expectativas".

Con todo, lo cierto es que en el contexto actual, si ETA se deshace de sus pistolas y explosivos, aunque sólo sea de forma parcial, incrementará las presiones sobre el Ejecutivo de Rajoy para que responda moviendo ficha y afianzará de paso las aspiraciones políticas de Sortu en un escenario más amable para sus nuevos dirigentes.

Posición del Gobierno

Las Fuerzas de Seguridad no descartan la cercanía de este paso. Fuentes cercanas al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconocen que existen informaciones que apuntan a que la banda podría desprenderse de parte de su arsenal en los próximos días pero advierten de que, si finalmente ETA realiza este movimiento, su impacto en la estrategia antiterrorista del Ejecutivo será limitado. “En primer lugar, no se va a negociar ninguna entrega de armas”, subrayan las fuentes consultadas. “El Gobierno busca la disolución completa de la banda, no sólo la eliminación de una parte de su arsenal. Y en el caso de que la entrega se produzca, serán las Fuerzas de Seguridad del Estado las que tendrán que comprobar el alcance de este paso, no unos verificadores internacionales que el Ejecutivo no reconoce”.

El Gobierno es consciente de que el tiempo juega en contra de la banda. Fuentes de la lucha antiterrorista aseguran que la banda aún no ha cerrado el debate que abrió entre sus escasos militantes -se calcula que en estos momentos sólo contaría con 40 miembros en activo- para evaluar la declaración del cese definitivo de la violencia y consensuar los próximos pasos a seguir. La falta de resultados está abriendo dudas en el seno de ETA, lo que unido a las últimas detenciones y a los escasos recursos de los que dispone la banda en estos momentos sólo contribuye a fortalecer la posición del Gobierno. “La prisa la tienen ellos, no nosotros”, resumen las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas.

Esta semana, el nuevo secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha insistido en una comparecencia pública en la sede del Ministerio del Interior en que la única noticia de ETA que espera el Gobierno es su “rendición incondicional y el desmantelamiento absoluto de todas sus estructuras operativas”. La entrega de sus pistolas y explosivos sería una buena noticia pero no suficiente.