La banca se juega 30.000 millones en deuda de renovables con el nuevo recorte de Nadal

La banca teme que la revisión a la baja que prevé el Gobierno para las renovables en 2020, adelantada en exclusiva por El Confidencial, dinamite la viabilidad de miles de proyectos en los que está implicada como financiadora. Así, varias fuentes conocedoras de la problemática aseguran que en la actualidad la banca en su conjunto se juega cerca de 30.000 millones de euros en créditos comprometidos en instalaciones de energía renovable, donde la peor parte se la llevarían los pequeños inversores de fotovoltaica y termosolar.

De concretarse los planes del Gobierno, la rentabilidad que actualmente garantiza el Ejecutivo se reduciría alrededor de dos puntos porcentuales, según calculan consultores expertos en esta regulación, lo que provocaría un roto en las cuentas de muchas instalaciones, tal y como confirman fuentes del sector energético y financiero. La banca estima que una nueva vuelta de tuerca a los ingresos de las plantas haga saltar por los aires el actual modelo de negocio de las instalaciones y muchas opten por decretar el concurso de acreedores y entregar la compañía al banco como una de las garantías comprometidas para el pago de su deuda. Los bancos se apalancaron en estos proyectos con alrededor del 80% del coste de las instalaciones, de ahí su fuerte impacto.

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Ante el cambio regulatorio de 2013, muchas entidades empezaron a mover ficha para sacar de su perímetro unos activos cuya rentabilidad se había visto aminorada vía Boletín Oficial del Estado. En ese contexto, fondos oportunistas aprovecharon para hacerse con algunos activos, sobre todo los de mayor tamaño. No obstante, muchos otros inversores acordaron con el banco estirar los vencimientos para que el servicio de la deuda no se comiera todos los ingresos de las plantas. El problema ahora es que la financiación se ha llevado en determinados casos al límite de 25 años, vida útil de la planta, con lo que algunos proyectos se verían abocados a entregar las llaves al banco.

El callejón sin salida en el que se metió la banca con las renovables tras el cambio normativo de 2013 ya provocó que los bancos tomaran cartas en el asunto. Así, las principales entidades de España se reunieron con Alberto Nadal, a la sazón secretario de Estado de Energía, para que les garantizara la rentabilidad del 7,38% decretado en 2014 más allá de 2020, algo que a día de hoy no está en los planes del ministro Álvaro Nadal. Pero los bancos también llamaron entonces a la puerta del Banco de España, al cual solicitaron que relajara sus exigencias en cuanto a las provisiones que tendrían que hacer por estos activos devaluados.

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El problema para la banca ahora es que esta situación se puede recrudecer, ya que la revisión a la baja de la rentabilidad se estima en alrededor de un 30% o incluso más a partir de 2020. Consultores que trabajan en la reestructuración de estos créditos explican a El Confidencial que la banca no valoró suficientemente la posibilidad de que en 2020 la rentabilidad razonable se podría reducir en la medida en que ahora planea el Ejecutivo. Una bajada de la rentabilidad, por otro lado, que algunos expertos en regulación dudan de que el Gobierno pueda llevar acabo sin tener que tocar la ley, lo que implicaría someterlo al veredicto del Congreso de los Diputado. El Ministerio de Energía, en cualquier caso, discrepa y cree que la revisión se puede hacer de manera automática.

Este nuevo agujero, que obligaría a la banca a más provisiones, afecta a las principales entidades financieras españolas. Santander, BBVA, Bankia, Banco Sabadell, CaixaBank o el malogrado Banco Popular dieron créditos entre los años 2007 y 2011, periodo en el que se concentrarían las financiaciones de las instalaciones más afectadas por la regulación. Sin embargo, grandes bancos de inversión internacionales también están implicados en estos proyectos, ya que los préstamos se realizan a través de créditos sindicados en los que participan varios bancos. Incluso el Banco Europeo de Inversiones (BEI), institución comunitaria pública de crédito, estaría afectado. El Confidencial ha preguntado a Santander y BBVA, dos de los principales financiadores de proyectos de renovables, pero no ha obtenido respuesta.

Por tecnologías, las plantas termosolares y fotovoltaicas son los principales afectados. La eólica, por su parte, también se vería dañada, pero en menor medida. Según explica un ejecutivo bancario dedicado a la financiación de estos proyectos, tanto fotovoltaica como termosolar dependen en mayor medida de los ingresos que garantiza el Estado. Otras fuentes financieras también explican que la termosolar es quien más tiene que perder, dado que sus costes operativos son más elevados. En este sector aseguran que un nuevo recorte hará que los ingresos no den ni para cubrir el servicio de la deuda.

Precisamente, fueron inversores en termosolar quienes vencieron en el primer arbitraje del CIADI contra el Reino de España. El laudo centraba su decisión en la drástica reducción a la inversión que supuso la reforma de 2013, que calificó de "devastadora": admitían el argumento de los peritos de que la planta que se juzgaba no alcanzaba las hipotéticas condiciones de instalación base que contempla la ley para alcanzar la "rentabilidad razonable" impuesta del 7,38%.

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Además, consultores y asociaciones de renovables añaden al efecto de reducir la rentabilidad que se planea para 2020 otro lastre. El sector se enfrenta a una disminución de ingresos fruto de la estimación "artificialmente alta" de precios del mercado eléctrico hecha por el Gobierno y "sin justificación", como determinó la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC).

El impacto en el balance de los bancos podría ser aún mayor si no estuvieran desde hace tiempo intentando liberarse de algunas de estas inversiones a través de paquetizaciones y ventas. Sin embargo, algunos expertos creen que el efecto social de que unos activos cada vez más depreciados se estén moviendo a otros agentes puede extender el contagio. Un virus que operaría de manera similar al de las hipotecas 'subprime' en EEUU, pero a escala más reducida. La semana pasada, el ministro de Energía alertaba de anuncios de participaciones para minoristas en energías renovables al 7,5% de interés, como si se tratara de un bono del Estado y advertía de que en estas inversiones la rentabilidad no está garantizada.