División en las eléctricas para afrontar el futuro de la nucleares ante el Gobierno

Las eléctricas afrontan divididas el futuro de las nucleares frente al Gobierno, más partidario de prolongar la vida útil de las centrales actuales para mantener relativamente bajo el precio del “pool”. Sin embargo, las centrales actuales están al final de su vida activa y una prórroga como la que defiende el ministro de Energía y Agenda Digital, Álvaro Nadal, hace esos activos menos rentables de lo que ya eran hasta ahora, sujetos además a una mayor presión fiscal y con las renovables inundando el mercado mayorista.

En unas recientes declaraciones en las jornada de la APIE en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, Álvaro Nadal declaró que “de aquí a 2030, queremos” que siga la nuclear. Los reactores vencen a partir de los 2020. El plan del Gobierno pasa por ampliar la vida útil de las centrales otra década. El ministro aprovechó para enviar un mensaje a las eléctricas: “El objetivo de otros ‘agentes económicos’ es que suba el precio de la energía pero mi objetivo no es ese”.

Iberdrola quiere entregar esos activos al Gobierno y que afronte su desmantelamiento. En este contexto, Garoña y su cierre es sólo la punta del iceberg, pues participa en seis de las siete nucleares españolas. La empresa presidida por Ignacio Sánchez Galán agrupó sus activos nucleares en la firma Iberdrola Generación Nuclear, sociedad que en 2016 perdió 309 millones de euros, según información pública. Y desde 2013, los números rojos han sido una constante. Las pérdidas acumuladas en cuatro año superan los 1.000 millones.

Fuentes del sector eléctrico explican que Iberdrola representa la línea dura, justificada por unas pérdidas literalmente radioactivas para su cuenta de resultados. En cambio, Endesa y su accionista de referencia, la italiana Enel, están más en la línea de aceptar la disposición del Gobierno, aunque lo hagan a regañadientes. Nadal defiende que las empresas ganaron mucho en el pasado con las nucleares y ahora los beneficios provienen de otras ramas del negocio, así que deben aguantar estos activos para mantener su peso en el mix energético y servir de sistema que compense aquellos momentos en que no se pueda contar con las renovables –falta de viento o sequía que afecte a las hidroeléctricas–.

Por su parte, Gas Natural no tiene un postura muy definida. De hecho, el grueso de su negocio depende del gas. Y sus activos problemáticos están más vinculados a otros sectores.

La energía nuclear sigue siendo un factor de abaratamiento de la electricidad en España y el Gobierno está muy preocupado por los costes

Uno de los problemas es la fiscalidad que soporta el sector nuclear. En 2012 el Gobierno del PP aprobó Ley 15/2012 de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética que buscaba conseguir más ingresos fiscales y salir de la crisis.

Tormenta perfecta

Las nucleares afrontan en este momento la tormenta perfecta: el auge de las renovables les han desplazado del “pool”. Y al mismo tiempo la presión fiscal empezó a afectar de forma negativa los resultados. La nueva ley grava la producción de residuos radiactivos, de la siguiente manera: 6.000 €/m3 para el residuo de baja y media actividad y con 1.000 €/m3 el residuo de muy baja actividad. La nueva ley preveía ingresar 2.700 millones de euros al año, aunque no sólo por los conceptos antes mencionados. Esto ha sido un torpedo en la línea de flotación para la cuenta de resultados de las eléctricas.

La patronal de las eléctricas, Unesa, ha presentado un recurso de inconstitucionalidad que el TC ha aceptado a trámite. El pleito es sólo un reflejo de la mala relación entre las eléctricas y el Gobierno y como las nucleares se ha convertido en la punta de lanza del actual clima de tensión.

Temores del Gobierno

El Gobierno teme que cerrar las nucleares suponga un incremento de la factura eléctrica en un momento en que la ciudadanía es mucho más sensible a las subidas del recibo de la luz. Así que quiere prolongar la vida de las nucleares.

Además, hay el coste de cerrarlas. Cerrar las siete nucleares españolas costaría 10.000 millones de euros. El fondo para el cierre de las nucleares sólo tiene provisionados 4.000 millones, así que además habría que financiar el resto. Y en España cada vez que hay que asumir un problema del sector, ya sea Lemóniz o Castor, la fórmula siempre es la misma: se carga a la factura y se paga a 30 años. Según Endesa, el cierre de las nucleares subiría el recibo un 26%.

Las centrales que quedan en España son las siguientes: Garoña en Burgos, de 1971. Parada desde 2012. Vandellós I en Tarragona, de 1972. Cerrada en 1990 tras un accidente. Almaraz I y II en Cáceres, construidas en 1981 y 1983. Ascó I y II en Tarragona, de 1983 y 1985 respectivamente; Cofrentes, en Valencia, de 1984; Vandellós II en Tarragona de 1987 y Trillo, en Guadalajara de 1988.