Hacienda empuja a la liquidación de cientos de sicavs al negarles la neutralidad fiscal

Desde que el Partido Popular incluyó en su programa electoral, en diciembre de 2015, modificar el régimen de las sicavs —sociedades de inversión colectiva de capital variable—, estos vehículos han sufrido varios terremotos. El primero vino en forma de frenazo en la creación de nuevos vehículos; el segundo, en forma de fusión con fondos, movimiento que prometía garantizar los beneficios fiscales de estas sociedades, y el tercero, y más actual, en una oleada de liquidaciones.

El origen de este nuevo temblor es una consulta a Hacienda, respondida por la Dirección General de Tributos a principios de mayo de 2016, que echó por tierra las esperanzas de salvar los beneficios fiscales de las sicavs fusionándose con fondos, ya que abrió la puerta a que el fisco pudiera investigar los motivos últimos de estos matrimonios de conveniencia. Si tras la comprobación se concluía que la razón principal de estas fusiones era salvaguardar su baja tributación, Hacienda advirtió de que no permitía aplicar la conocida como 'neutralidad fiscal', principio que permite realizar traspasos entre fondos sin tributar.

Tras este pronunciamiento, el aluvión de fusiones entre sicavs y fondos echó el freno, sobre todo después del pasado verano, cuando la consulta empezó a popularizarse, y dejó paso a una oleada de liquidaciones. En concreto, según los registros de la CNMV —Comisión Nacional del Mercado de Valores—, desde mayo del pasado ejercicio, cuando se publicó la resolución de Hacienda, más de 140 vehículos de este tipo han aprobado su disolución y posterior liquidación; mientras que 35 han optado por transformarse en Sociedad Anónima (SA) o Sociedad Limitada (SL).

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Este movimiento está siendo especialmente intenso en lo que llevamos de 2017, con 78 liquidaciones, cuando en todo el ejercicio 2015 —el año antes de que el PP prometiera modificar el régimen de las sicavs— apenas hubo una decena.

Aunque la amenaza electoral contra las sicavs se encuentra actualmente en el limbo, ya que sigue sin tramitarse ninguna modificación, la realidad es que el pronunciamiento de Hacienda ha hecho que aquellos patrimonios que apuestan por que el Gobierno terminará ejecutando su promesa se estén inclinando mayoritariamente por disolver sus vehículos, en vez de por fusionarse con fondos, opción que solo han elegido 37 sicavs en los cuatro primeros meses de este ejercicio.

La liquidación está siendo especialmente seguida por sociedades que no tienen plusvalías o estas son muy pequeñas, lo que les exime de tributar, o les permite hacerlo en una proporción mínima. En cambio, aquellos patrimonios que sí tienen importantes ganancias están optando mayoritariamente por esperar y ver si finalmente se cambian las reglas de juego, y en qué dirección termina haciéndose.

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No obstante, una alternativa que cada vez están recomendando más las grandes entidades a las sicavs con importantes plusvalías es transformarse en SA o SL, porque así pueden continuar llevando el control de sus inversiones y, además, siempre y cuando mantengan contablemente en sus carteras el valor de compra de los valores que adquieran, no el de mercado, no están obligadas a tributar por las plusvalías.

Aunque en los últimos tiempos se han calmado las aguas que prometían un auténtico tsunami en el régimen de las sicavs, son muchos los grandes patrimonios que consideran que, antes o después, llegará un cambio que, además de modificar la estructura de control de estos vehículos, reforzará las inspecciones, temor que ha convencido a muchos de adelantarse a los acontecimientos, ya sea vía liquidación o vía transformación, y no esperar a futuras visitas del fisco.

Detrás de estos temores están las propuestas electorales que hicieron tanto PP como Ciudadanos y PSOE respecto a las sicavs. El primero se inclinó por acabar con los 'mariachis', obligando a que "solo computaran a efectos del número mínimo de 100 accionistas los que tengan una participación superior al 0,55%"; mientras que las otras dos formaciones respaldaron que la Agencia Tributaria recuperara el control fiscal de las sicavs.

Por ley, todas las sicavs deben contar con, al menos, 100 accionistas, requisito que la inmensa mayoría de ellas, donde un único accionista controla más del 90% de las acciones, ha salvado contratando a hombres de paja, fraude imposible de llevar a cabo si la propuesta del PP sale algún día adelante, ya que obliga a que, al menos, 99 accionistas se repartan el 54,5% del capital.