Port Saplaya, la pequeña Venecia valenciana, condenada a pagar 25,7 millones a Quabit

Quabit Inmobiliaria ha ganado el proceso judicial que inició en julio de 2015 contra Egusa, la sociedad pública de suelo del Ayuntamiento de Alboraia, a la que reclamaba la devolución de los 23,4 millones de euros que había adelantado al municipio para el desarrollo del Sector UE-2 Port Saplaya.

Este desarrollo, conocido popularmente como la 'pequeña Venecia valenciana', por los característicos canales que también riegan este complejo residencial y turístico, tenía prevista su ampliación y reforma con la construcción de cerca de 900 viviendas nuevas, un hotel, una marina, un auditorio y cientos de amarres. Planes que nunca han llegado a ejecutarse y que han llevado a las dos partes a verse las caras en los tribunales.

Egusa deberá abonar también a la inmobiliaria de Félix Abánades, en cuyas entrañas descansa la antigua Astroc, 2,3 millones de euros en concepto de intereses legales devengados sobre la cantidad principal desde febrero de 2014, fecha en la que Quabit reclamó a la empresa levantina, por incumplimiento, la resolución del contrato.

En enero de 2014 venció el plazo para ejecutar el Plan de Reforma Interior (PRI) UE-2 que debería haber desarrollado el sector. Ambas partes han estado manteniendo reuniones con el fin de buscar soluciones, sin que de momento haya fructificado ningún acuerdo.

Llegado a este punto, y tras el pronunciamiento de los tribunales, Quabit ha adelantado que va a instar la ejecución de la sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Valencia el pasado 15 de diciembre, aunque conocida hoy, para así tratar de recuperar el dinero.

Nada más desvelarse esta noticia, los títulos de Quabit, que habían amanecido con ligeras pérdidas, se han disparado en bolsa y se revalorizan más de un 4%, lo que sitúa por encima de los 2,1 euros el precio de cada acción.

Herencia de la Astroc de Bañuelos

El proyecto del Sector UE-2 Port Saplaya es una herencia de Astroc, la compañía creada por el valenciano Enrique Bañuelos, y que simboliza la cara más oscura de la burbuja inmobiliaria.

Firmado en 2006, prácticamente en el pico de los excesos inmobiliarios de la pasada década y bajo el Gobierno del PP, este proyecto contemplaba haber finalizado en 2014 toda la construcción de las citadas 900 viviendas, que iban a ir acompañadas de cientos de amarres, además de un hotel y un colegio, entre otros elementos. Pero nada de esto se ha llevado a cabo.

Y eso que Grupo Mediterráneo Costa Blanca, filial de Astroc, a través de la cual participaba en este desarrollo, había adelantado 23,5 millones para arrancar el sector, dinero que, lejos de destinarse a su cometido promotor, el Ayuntamiento de Alboraia utilizó para financiar necesidades del consistorio, el conocido como gasto corriente, además de a otros fines, como unas obras de metro, según desveló la prensa valenciana.

Desde 2011, el alcalde de la localidad es Miguel Chavarría, del PSPV-PSOE, y según afirman fuentes conocedoras, en todo momento ha mostrado una postura dialogante y negociadora. El problema, como le ocurre a Quabit con Astroc, es la herencia recibida (en este caso, del PP) y la falta de recursos para hacerle frente.

Al tratarse de una sentencia en primera instancia, el consistorio tiene la opción de presentar recurso, mientras que Quabit, al haber solicitado ya la ejecución de la sentencia, podría terminar quedándose con los terrenos, ya que estos estaban como garantía del dinero adelantado. En esta zona se ubican actualmente un Alcampo, un Leroy Merlin y medianas superficies.