Las empresas cargan contra Valencia por su "ideológico" plan para reciclar

"Estamos ante el principio de una aberración". Así calificó el presidente de AECOC, Javier Campo, los planes del gobierno valenciano para implantar un sistema de depósito, devolución o retorno (SDDR) de envases que afectaría a los comercios en la región. La idea es que los consumidores abonen 10 céntimos en concepto de 'fianza' por los refrescos, cervezas y agua que compren -inferiores a dos litros- y lo recuperen cuando devuelvan el recipiente vacío a la tienda.

La asociación que agrupa a fabricantes y distribuidores, AECOC, estima que el impacto de la medida sería de 700 millones si se llegara a implantar a nivel nacional, algo que no está previsto. Sólo Valencia ha anunciado que lo aplicará en 2018, si bien fuentes de ACES dan por hecho que Baleares y Cataluña seguirán sus pasos. El impacto que calcula Ecoembes en palabras de su consejero delegado, Óscar Martín, asciende a 968 millones teniendo en cuenta todos los costes operativos y de infraestructuras. Si hablamos solo de Valencia, la cuantía asciende a 175 millones que repercutirían íntegramente en el sector.

"Nos va a costar siete veces lo que nos cuesta el sistema actual", añadió Campo tras explicar que España recicla el 70% de sus envases, por encima de la media europea. "Con el argumento de que no es suficiente, se quiere montar un sistema paralelo que va a añadir enorme complejidad a las empresas". Cada producto subirá de precio y por tanto encarecerá la cesta de la compra, advierten desde Ecoembes.

Y no solo eso. Fuentes de AECOC explican que este modelo no compensa a los comerciantes a pesar de que el gobierno valenciano se comprometió a bonificarles con dos céntimos por cada acto de reciclaje. Esto pondría en valor entre 30.000 y 35.000 millones de euros anuales que se repartirían entre los distintos establecimientos, señaló en su día el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático valenciano, Julià Álvaro.

"Cada máquina cuesta 20.000 euros. Pregúntale a los pequeños comercios -que además son mayoritarios- a ver qué opinan. Este sector se dedica a vender, no a gestionar residuos", argumenta Martín. Las empresas se oponen en bloque a una disposición que consideran "un despropósito" y un debate "estrictamente ideológico". Según un estudio citado por Ecoembes, el modelo sólo sería económicamente viable si el 40% de los consumidores no volviera a la tienda para pedir la devolución del importe. "No se puede mercantilizar el acto cívico de reciclar", concluye. Alemania y Lituania son los únicos países que han implantado este sistema.